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Buscan candidatas un país distinto para las mujeres

Por Rafael Maya

Las mexicanas quieren un Estado que les garantice paz, seguridad y justicia social. Las candidatas a diputadas federales de distintos partidos políticos se comprometen –de llegar a la Cámara baja– a construir una nación distinta en la que de una vez por todas las mujeres sean ciudadanas “de primera”.

Aspirantes a la Cámara de Diputados por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), México Posible, Convergencia y del Trabajo (PT), coinciden en que las mujeres quieren un país que les dé tranquilidad dentro y fuera de sus casas.

Las postulantes hablan de los temas pendientes que habrán de analizarse en la próxima legislatura. Advierten que en las llamadas “grandes reformas estructurales” (del Estado, laboral, energética, y en medios de comunicación), las mexicanas también tienen mucho que decir.

La candidata por el PRD Malú Micher es contundente: “Las mujeres queremos un país pacífico, en el que se entienda a la paz no como ausencia de guerra sino como condición social en la que haya una satisfacción mínima de nuestras necesidades”.

Para la ex secretaria de la Mujer del Comité Ejecutivo Nacional del sol azteca, lo primero que debe recuperar la Cámara de Diputados es la “credibilidad” de la ciudadanía, por lo que, abunda, la reforma del Poder Legislativo pasa por modificar su reglamento interno para ampliar los periodos de sesiones y rendir cuentas a la población.

En lo anterior también coincide Pilar Sánchez, candidata por el debutante partido México Posible y quien proviene de la organización civil Católicas por el Derecho a Decidir.

Agrega que debe haber reformas legales para que se sancione eficazmente a las y los diputados faltistas, y se “amarre las manos” a legisladores como el panista Luis Pazos que desvió recursos del presupuesto federal al antiabortista grupo Provida.

La perredista Malú Micher advierte que la reforma energética “pega” a hombres y mujeres, y que en ese sentido habrá que analizar la aprobación de tarifas eléctricas especiales en hogares donde las mexicanas sean jefas de familia.

“Las mujeres estamos participando de una manera más responsable por un México nuevo. Las futuras diputadas deben retomar lo que diga la sociedad”, sostiene la postulante priista Diva Hadamira Gastelum.

La también presidenta del Organismo de Mujeres Priistas en Sinaloa advierte que con las actuales políticas del gobierno federal encabezado por el PAN y más allá de competencias electorales, “lo que está en juego es México no el PRI”.

Por ello, apunta, en la próxima legislatura las mujeres deben recuperar un proyecto de nación en el que la reforma del Estado garantice más y mejores posibilidades de desarrollo a la población femenina.

Para la candidata al recinto de San Lázaro por el PT, Eugenia Flores, a las mexicanas no les sirve una reforma política si no va acompañada de reformas económicas, culturales y sociales. “Lo primero es parar la pobreza, el desempleo y la crisis del campo”, señala.

La actual diputada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal llama a que se deje de pagar la deuda del tristemente célebre Fobaproa y se invierta más en el sector salud. Afirma que de persistir la enorme pobreza, México seguirá siendo un país “productor de asesinos de mujeres”.

Patria Jiménez, activista de la campaña Alto a la Impunidad: Ni Una Muerta Más, de Ciudad Juárez y candidata a diputada federal por Convergencia, dice defender una “utopía” en la que hombres y mujeres sean considerados ciudadanos plenos.

En materia de medios de comunicación, propone legislar para evitar un manejo discriminatorio de la imagen de las mujeres en los medios masivos de comunicación.

Al respecto, Pilar Sánchez, de México Posible, agrega que los medios electrónicos deben promover campañas de educación sexual y contra la violencia de género en todos los horarios, y no sólo en los nocturnos.

La candidata panista Margarita Saldaña asegura que las mujeres “aspiramos a un país con amplia seguridad social, jurídica, económica y en materia de justicia”.

Explica que el concepto de familia debe ser “ampliamente atendido”: “no sólo a las mujeres o a los niños con discapacidad”, sino crear políticas públicas que garanticen los derechos a la salud, alimentación, educación y vivienda.

2003/RM/MEL

       
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