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Buscan dar estatus jurídico a la violencia contra las mujeres

Por la Redacción

Feministas y lideres de distintas organizaciones de mujeres de México y Guatemala luchan por dar un estatus jurídico a la violencia en contra de las mujeres y sus diversas expresiones, así como reformar códigos penales que permitan castigar severamente la misoginia y el femicidio, se conoció aquí.

Durante el debate Violencia contra las Mujeres, organizado por representantes del Foro de Organizaciones No Gubernamentales Internacionales (FONGI), las defensoras expresaron que es indispensable que desde el movimiento de mujeres se lleven a cabo proyectos para denunciar la impunidad y la falta de atención de los estados al tema del femicidio y violencia contra las mujeres.

Yolanda Aguilar, feminista independiente, aseguró que los recursos para instar a las mujeres a que denuncien, ya se agotaron, situación que se refleja en las altas estadísticas de violencia que manejan organizaciones y entidades de gobierno; el siguiente paso es articular esfuerzos para combatir la impunidad y la indiferencia del estado en la resolución de casos.

La experta realizó una reseña sobre características del flagelo en Guatemala y afirmó que uno de los grandes logros ha sido que la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH), en su informe Memorias del Silencio, incluyera las violaciones cometidas en contra de las mujeres durante el conflicto armado interno, como una táctica de estado para infundir terror.

Por su parte, Hilda Morales, Embajadora de Conciencia de Amnistía Internacional (AI), que expuso sobre el marco jurídico, señaló que el acoso sexual, la violación, el rapto, el incesto, la trata y la inducción a la prostitución, son expresiones que descalifican a las mujeres y desprecian su dignidad, por lo que deben concebirse como violaciones a los derechos humanos.

A decir de Morales, existen significativos avances en materia de creación de instituciones y de proyectos como el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres (PLANOVI), que han dado los estándares fundamentales al gobierno para que erradique la problemática. Sin embargo, la falta de voluntad del gobierno, la escasa conciencia de los funcionarios y la impunidad, sesgan la lucha.

Andrea Medina, originaria de Guanajuato, México, aseveró que el movimiento de mujeres en Latinoamérica ha logrado que el flagelo se conozca; el femicidio tiene distintas características en los países, pero en algo se coincide, es la forma más extrema de violencia en contra las mujeres que culmina con su asesinato y que después debe atravesar la barrera de la impunidad y la discriminación en las instituciones para que sea investigado.

Alicia Pérez, de la Comisión Especial para la Investigación del Feminicidio de la Cámara de Diputados de México, indicó que la búsqueda de nuevos conceptos y la cuantificación del femicidio, permite a la sociedad civil fiscalizar las acciones de los estados, así como ayudar en la creación de políticas públicas para su erradicación.

Pérez aseguró que en México se debate constantemente por incluir en las definiciones sobre violaciones a los derechos humanos, el feminicidio, teoría fundada por Marcela Lagarde, presidenta de la citada comisión y que reconocerá el machismo y la misoginia con la que fue creado el estado de derecho.

El conteo de mujeres muertas en Ciudad Juárez ha permitido estudiar el fenómeno y dar a conocer sus características, para posteriormente instar al gobierno a cesar la problemática, situación que se ha repetido en varios países del Nuevo Continente, con el objetivo de defender la integridad de las mujeres, concluyó Pérez.

2005/SJ

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