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Buscan en Guanajuato salida política al caso de mujeres presas

Por Anayeli García Martínez

Sin reconocer que en el estado de Guanajuato se criminaliza a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo, el gobernador Juan Manuel Oliva, busca una salida política al aceptar revisar la posibilidad de disminuir las penas que enfrentan seis mujeres acusadas de “homicidio en razón de parentesco”, con penas de hasta 30 años de prisión.

En entrevista, Verónica Cruz Sánchez, directora de la organización “Las Libres” dijo que esta acción del ejecutivo local no es alentadora porque las mujeres saldrían inculpadas, “y los gobernantes dirían ‘hasta las liberamos’, cuando el tema de fondo es que ellas son inocentes”.

Mencionó que el panista Juan Manuel Oliva no ha mantenido una posición clara; ha negado que estas mujeres estén en prisión por abortar, pero ayer en la ciudad de León dijo que luego de la visita del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, revisará el tema.

En opinión de Cruz Sánchez, fue el Estado quien las encarceló como una forma de criminalizar el aborto y ponerlas de ejemplo, por lo cual consideró que una iniciativa directa del ejecutivo al legislativo estatal será la salida fácil del gobernador.

Indicó que esta reacción es resultado de la presión política y mediática, pero el gobernador no reconocerá que las seis mujeres no se provocaron un aborto. Por otra parte señaló que si se intenta una reforma constitucional para reducir las penas lo más probable es que se apruebe porque el Partido Acción Nacional tiene mayoría en el Congreso.

Respecto a los puntos de acuerdo presentados por algunas legisladoras y legisladores, dijo que espera tengan resultados pues la legislación es importante. A estos proyectos ayer se sumaron diputadas federales y del Distrito Federal del Partido de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia.

Las legisladoras informaron que pedirán que el Instituto Nacional de las Mujeres considere las nueve recomendaciones emitidas por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, entre las que destaca revisar la figura penal del “homicidio en razón de parentesco”.

Las diputadas Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Maricela Contreras Julián, Ana Estela Aguirre y Juárez y Leticia Quezada Contreras se manifestaron en favor de impulsar políticas públicas para que las mujeres no sean víctimas de discriminación y ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos.

Anunciaron que solicitarán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos dé seguimiento al tema porque “este caso nos debe de preocupar a todas las personas”.

10/AGM/LR/LGL

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