Las políticas sobre la sexualidad de la administración de George Bush en Estados Unidos dan una idea de la amplitud y ambición de los pensadores en su administración y sus aliados en el Congreso en su ímpetu de reconstruir los Estados Unidos y el mundo de acuerdo a sus valores morales y religiosos, señala la investigadora Françoise Girard en un estudio realizado en 2004.
Dicho estudio, titulado «Las implicaciones globales de la políticas nacionales e internacionales de los Estados Unidos sobre sexualidad», fue publicado por el Centro de Género, Sexualidad y Salud, de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, en un papel de trabajo del Internacional Working Group for Sexuality and Social Policy (IWGSSP, 2004).
La sexualidad no es una ocurrencia tardía sino el centro de su pensamiento. Grandes sumas de dinero están siendo gastadas para hacer una realidad de esta visión mítica heterosexual de un pasado conyugal sexual.
La amplitud y la interconexión de la agenda Bush demuestran que las fuerzas progresistas no pueden detener a la derecha concediendo un tema, el aborto, por ejemplo, y evitar que todo el resto se desmorone, señala Girard.
La derecha religiosa tiene una visión integral donde todo está vinculado a todo el resto: el aborto está en su canon, igualmente importante que la clonación y los anticonceptivos modernos.
La dignidad de las mujeres dicta contra el trabajo sexual y contra el sexo prematrimonial. La familia tiene que ser protegida de los servicios de salud para adolescentes y del matrimonio gay.
La idea de que argumentos racionales y científicos (salud, eficacia, incluso costo) pueden prevalecer en los debates con los ideólogos religiosos que detentan el poder también es claramente inválida cuando se examina el contenido de las medidas: es mejor condenar el trabajo sexual y condones que prevenir infección VIH, mejor promover políticas de abstinencia que están condenadas a fracasar que evitar el embarazo adolescente, mejor gastar dinero en fomentar matrimonio que arreglar el sistema educacional o establecer capacitación vocacional efectiva.
Dada la amplia naturaleza del programa Bush sobre sexualidad, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) extranjeras y otros gobiernos tienen que prestar especial atención a los términos bajo los cuales aceptan cooperación internacional de los Estados Unidos.
¿Están siendo requeridos a condenar a las y los trabajadores sexuales para poder recibir fondos VIH? ¿Se les pedirá que traicionen organizacion colegas para poder obtener sus fondos? ¿Están adjudicando su derecho a expresarse? ¿Quiénes son los grupos «sustentados en la fe» que trabajan en su país?
Un activista de derechos humanos rumano recientemente me dijo, dice Girard, que un influyente grupo de mujeres de ese país había aceptado fondos de planificación familiar de USAID a pesar del GGR porque ellas absolutamente no habían anticipado acción conservadora en Rumania (donde la liberalización de la ley de aborto fue la primera medida legislativa adoptada en 1989 después de la caída del dictador pro natalidad Cauecescu).
Sin embargo, el año pasado, una repentina iniciativa de nacionalistas rumanos amenazó con imponer «periodos de espera» y asesoría obligatoria antes del aborto. Y el grupo súbitamente se encontró amordazado.
El vínculo entre las medidas nacionales y las políticas exteriores, en cuanto a fiscalizar la sexualidad, es digna de notar. Por ejemplo, sería muy difícil de comprender cabalmente qué realmente significa abstinencia en la legislación. O VIH, sin un examen de qué implica la acepción en el contexto nacional de los Estados Unidos.
Más cooperación continua e intercambios entre grupos en los Estados Unidos y grupos en el extranjero ayudaría a que estos nexos sean mejor comprendidos.
Recíprocamente, las ONG en otros países, que están luchando contra sus propias fuerzas de derecha, pueden informar a los estadounidenses sobre hacia donde la Administración Bush y sus aliados pueden dirigirse en el futuro con su iniciativa del «control del sexo», concluye Françoise Girard.
07/LPB/GG
