En Oaxaca la violencia contra las mujeres no sólo es un problema de presupuesto, es también un problema de una concepción misógina de que «valemos muy poco» y, por tanto, el estado no tiene que invertir en esta materia, sostuvo Ana María Hernández Cárdenas, quien apuntó que en Oaxaca el feminicidio es un crimen de Estado.
Hernández, representante en la entidad del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, recordó junto con Yessica Sánchez Maya, de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), que en Oaxaca siguen impunes y sin investigar los casos de al menos cuatro mujeres que desaparecieron sin motivo alguno, en tanto una joven violada no puede recibir atención adecuada.
Sánchez Maya añadió que la desaparición de Verónica Profesa Zárate López en 2004; Mericia Hernández, en 2005; Antonia, una mujer del Istmo, y de Eloyna Zárate Ventura en junio pasado, son sólo cuatro ejemplos de que la política del gobierno estatal es pura simulación.
La falta de avances hace evidente que los discursos no se traducen en acciones, que garanticen el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, no podemos permitir que otra mujer desaparezca, ello es un síntoma grave de la indiferencia y la poca importancia que merece para las autoridades el tema, dijo la activista en derechos humanos.
La presidenta de la Limeddh Oaxaca llamó a que de manera urgente la violencia contra las mujeres sea un tema prioritario dentro de las políticas públicas y se homologue el marco legal interno al marco del derecho internacional de los derechos humanos.
Ambas representantes de organizaciones no gubernamentales también demandaron la destitución de los funcionarios que dirigen la estructura institucional que supuestamente atiende la violencia contra las mujeres, desde la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, el Instituto de la Mujer Oaxaqueña y los agentes del Ministerio Público.
También cuestionaron la actitud del Poder Legislativo que hace caso omiso a las propuestas ciudadanas para que las mujeres vivan sin violencia, o de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que ha desempeñado un papel negro al legitimar la violencia en Oaxaca.
El tiempo pasa y las familias de estas mujeres no tienen ningún tipo de avance en las investigaciones y paradójicamente «cuando se trata de reprimir y criminalizar al movimiento social detienen personas, integran averiguaciones previas, y consignan personas en menos de 24 horas», sostuvo Sánchez Maya.
Ana María Hernández también pidió que los resultados de la investigación sobre violencia feminicida en Oaxaca, que entregó la diputada Marcela Lagarde en mayo de 2006, sean públicos, pero sobre todo que el gobierno asuma con acciones contundentes la grave situación que se establece en ese documento.
Luego de citar que 70 mujeres son asesinadas cada año en Oaxaca y que las cifras son alarmantes, la representante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad apuntó que lo más alarmante es que el gobierno haya guardado esa información y «que esta realidad tan horrorizada que se muestra no sea conocido por la ciudadanía».
NO HAY AVANCES
Por otra parte, la señora Reyna Ventura, madre de Eloyna Zárate Ventura, narró como en los últimos 10 meses ha visto pasar dos procuradores de justicia, tres Ministerios Públicos y una serie de funcionarios que sólo tienen las mismas palabras para ella: «no hay avances».
Su hija de 21 años, quien era supervisora de cobranzas de la tienda Coppel, desapareció en horario de trabajo y sin embargo el gerente de la empresa Juan Manuel Peraza Sánchez no quiso ni siquiera informarle a qué clientes habría visitado su hija ese día.
Con semblante sereno, Reyna Ventura pidió de nueva cuenta al nuevo Procurador de Justicia que atienda su caso, que dejen de mostrarle el mismo expediente, como si el tiempo no hubiera pasado, porque Eloyna es una persona «y no es justo que las cosas se queden así, como si nada, como si nunca hubiera existido».
Hernández Cárdenas y Sánchez Maya expusieron que la situación de simulación de atención a la violencia en Oaxaca es grave y muestra la debilidad institucional que existe.
Citaron el caso de una joven indígena, víctima de una violación tumultuaria hace menos de un mes.
«No sólo le negaron la atención médica adecuada en un hospital sino que en la Agencia Especializada de Delitos Sexuales ni siquiera le pudieron proporcionar la pastilla de anticoncepción de emergencia porque no había».
¿Entonces ?preguntó Ana María Hernández Cárdenas- que más podemos esperar las mujeres de esas instituciones que siguen teniendo carencias materiales y una concepción misógina?
07/SJ/GG/CV
