Inicio Cada vez menos presupuesto contra violencia hacia las españolas

Cada vez menos presupuesto contra violencia hacia las españolas

Por Gloria López

Ayer se conocía un nuevo caso: una mujer de 29 años fue agredida este martes presuntamente por su pareja e ingresó muy grave en el Hospital La Fe de Valencia.
 
Es el último dato de la violencia machista, en un año en el que, según cifras oficiales y a falta de confirmar cerca de una decena de casos en investigación, 26 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas.
 
Debiera ser una prioridad acabar con esta violencia que se ceba con las mujeres por el hecho de serlo. Si así fuera, el Estado tendría que disponer de los recursos necesarios para invertir en prevención y en atención a las víctimas. Pero no es así, tal y como denuncian expertas y organizaciones feministas en su análisis de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016.
 
El dinero que destina el gobierno ha pasado en seis años de los 34.3 millones de euros de 2010 (pico de la financiación) a los 25.2 millones que prevé gastar en 2016.
 
El Programa contra la Violencia de Género sube 6.32 por ciento respecto a 2015 y 5.5 por ciento respecto al comienzo de la Legislatura en 2012, pero baja 10.92 por ciento respecto a 2009.
 
En todo caso, es insuficiente para la financiación municipal de los puntos de atención, las políticas educativas exigidas por el Convenio de Estambul, o para ofrecer las ayudas económicas previstas por la ley a las víctimas.
 
“Con estos presupuestos es imposible garantizar el cumplimiento del artículo 19 de la Ley Integral contra la Violencia de Género, que dice que las víctimas tienen que recibir atención jurídica, psicológica, económica y social”, asegura Begoña San José, integrante de la Plataforma Impacto de Género Ya, que evalúa los PGE desde una perspectiva de género.
 
La reforma de la Ley de Régimen Local ha eliminado las competencias municipales en la materia y ha prohibido a los ayuntamientos realizar aportaciones para la lucha contra la violencia de género y a los puntos de encuentro –la reforma establece que las entidades locales solo podrán ejercer actividades en materia de violencia de género si se financian al 100 por ciento por las comunidades autónomas o el Estado–. “De algún modo el gobierno tiene que sustituir la financiación”, apunta la experta.
 
La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género empleará seis millones de euros (en 2015 eran 5 y 6.5 en 2010) para convenios con comunidades autónomas con el objetivo de financiar los servicios sociales de atención (psicológica, judicial y social), emergencia, apoyo, acogida y recuperación integral de la víctima.
 
Algo gestionado en buena parte a través de los puntos de atención municipales. Muchos de estos puntos han sido cerrados y en todo caso cuentan con menos profesionales asignadas.
 
Desde la plataforma insisten en que “la reforma de la ley debería ser compensada con un incremento de las transferencias a las comunidades, pero el presupuesto solo ha aumentado en un millón de euros”. Para financiar estos servicios demandan aumentar de 6 a 60 millones esta dotación.
 
Sobre los Puntos de Encuentro, necesarios para que las visitas de padres maltratadores no pongan en riesgo a las y los hijos, además, las organizaciones incluidas en la plataforma denuncian que en los PGE “sólo vemos una alusión en el Programa 231G Atención a la infancia y a las familias, cuya partida 48 reparte casi dos tercios del presupuesto en subvenciones nominales, sin publicidad ni concurrencia, a entidades que no representan ‘a las familias en su diversidad’, sino mayoritariamente la familia tradicional, discriminatoria para las mujeres y la infancia”.
 
Recientemente la portavoz parlamentaria de Igualdad del opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE) recordó que 25 menores de edad han sido asesinados por sus padres en los últimos años durante el régimen de visitas. Un caso ilustrativo es el de Ángela González Carreño.
 
La prevención en el ámbito educativo también ha sufrido un recorte. De hecho las organizaciones critican que no exista una partida específica para tal materia, a pesar de que la Ley Integral “obliga a incluir la igualdad en los programas y materiales del sistema educativo, dar formación al profesorado, asegurar una persona responsable de igualdad en los Consejos Escolares y que la Inspección informe del cumplimiento”.
 
Begoña insiste en que esta situación “va en contra de las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), y de lo establecido en el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer, ratificado por España en 2014.
 
Otro de los puntos fundamentales es el de las ayudas económicas que deben recibir las víctimas de violencia de género. Por un lado, el enfoque del gobierno tanto en la sensibilización como a la hora de brindar apoyo a las víctimas siempre está vinculado a la denuncia, lo cual no deja de ser limitado y en todo caso no resulta imprescindible para optar a los recursos reconocidos por la ley.
 
Pero además, sólo 426 víctimas (0.33 por ciento de las denunciantes) percibieron en 2014 el subsidio de desempleo de 426 euros por seis a 18 meses, en pago único. En el caso de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, sólo cinco mujeres reciben este subsidio.
 
La ley también prevé otro mecanismo de apoyo económico para las mujeres que sufren violencia. Son contratos con bonificación de la cuota empresarial a la seguridad social a quienes las empleen. Sólo se contabilizan 900 contratos de este tipo (0.7 por ciento de las denunciantes) en todo el Estado español.
 
El PSOE ha presentado varias enmiendas a las cuentas del Estado en las que pide que la cantidad de 25 millones de euros presupuestada por el gobierno, para la lucha contra la violencia de género se incremente hasta llegar a 100 millones.
 
Las enmiendas se enmarcan en el “gran acuerdo social, político e institucional contra la violencia de género” que el jueves reclamó el líder socialista, Pedro Sánchez, y que se basa en un decálogo de medidas urgentes, como ampliar la ley para que incluya la violencia contra las mujeres ejercida fuera de la pareja, proteger a los y las menores y dar formación específica a jueces, profesionales de la abogacía, forenses y fuerzas de seguridad.
 
La Plataforma Impacto de Género Ya ha hecho llegar a los Grupos Parlamentarios en el Congreso un manifiesto junto a diversas propuestas de enmienda a los presupuestos. De momento han respondido los partidos IU, CiU, y UPyD.
 
15/GL/RMB

Este Web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios el usuario acepta el uso que hacemos de las cookies. Sin embargo, el usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies y la eliminación de las mismas mediante la selección de la correspondiente opción en su Navegador. En caso de bloquear el uso de cookies en su navegador es posible que algunos servicios o funcionalidades de la página Web no estén disponibles.Acepto Leer más

Skip to content