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Cadena perpetua, decisión política más que jurídica

Por Guadalupe Vallejo Mora

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de aprobar la cadena perpetua contra delitos como secuestro y asesinato en Ciudad Juárez, Chihuahua, es una decisión política más que jurídica, consideró la investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Angélica Miranda Juárez.

Para la académica el hecho de que la SCJN considerara que la pena de cadena perpetua no viola la constitución y se puede aplicar en México, “de ninguna manera inhibirá la comisión de los mencionados ilícitos”.

El pasado 6 de septiembre, la SCJN declaró -con ocho votos a favor y dos en contra-, la constitucionalidad de la cadena perpetua al convalidar el artículo 27 del Código Penal de Chihuahua.

Dicha reforma prevé la acumulación de penas hasta por 105 años de prisión efectiva cuándo se trate de homicidio doloso y secuestro en agravio de mujeres y menores de edad en esa entidad.

Con dicha resolución, el máximo tribunal sentó un precedente que abre la puerta para que en otros estados se aprueben reformas legales similares que legalicen sentencias efectivas que superen el término medio de vida de cualquier reo, lo cual, en los hechos, es equiparable a la prisión vitalicia.

El fallo convalida el artículo del Código Penal en el estado, que prácticamente la aprueba la pena vitalicia.

Para la académica del Departamento de Derecho de la Unidad Azcapotzalco de la UAM, esa decisión “no es la mejor manera de enfrentar la criminalidad”, pues consideró que las acciones delictivas deben enfrentarse con políticas de Estado que incluyan la participación de la Federación, instituciones gubernamentales y organizaciones civiles, “pero de ninguna manera con penas excesivas”.

Además, dijo que la decisión de la Corte contradice el artículo 18 constitucional que señala que el sistema penitenciario debe readaptar, reeducar y prevenir, por lo que son nulas las expectativas de readaptación cuando se recibe la cadena perpetua. “Con esta determinación no vamos a la causa, sino a la consecuencia”.

La especialista en Derecho constitucional comentó que de nada sirve una pena tan alta, “si consideramos que una persona recluida podría corromperse aún más” y recordó que desde los reclusorios se organiza la comisión de delitos, como el secuestro o la extorsión.

La opinión de Miranda Juárez se suma a la de representantes de organizaciones civiles en la entidad y en el Distrito Federal, quienes reconocieron que el problema del feminicidio va más allá de soluciones mediáticas como la imposición de la cadena perpetua cuando se trate de homicidio doloso y secuestro en agravio de mujeres y menores de edad, opinaron

Coincidieron que lo ocurrido en el estado exige acciones contundentes contra la impunidad y, sobre todo, voluntad política de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) para castigar a los responsables, pues cuestionaron: ¿a quién se le va aplicar la cadena perpetua si no hay detenidos?

05/GV/SJ

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