En violencia de género, el gobierno federal tiene un «verdadero caos» acusó hoy la presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, Marisela Contreras, quien denunció un «desdén oficial» por parte de las autoridades para atender este fenómeno en México, «ya que no cuentan con una política ni un compromiso real para la solución de esta forma de violación a los derechos de las mujeres».
La legisladora perredista señaló hoy lo anterior, al cumplirse un año de la publicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En un comunicado, Contreras Julián hace un recuento de hechos en los que sustenta estas afirmaciones: resalta que de «manera mañosa», Felipe Calderón no publicó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas antes de la aprobación del presupuesto para este año, por lo que no tendrá recursos en 2008 para su operación.
A un mes de que renunció la titular de la Fiscalía Especial para la atención de delitos relacionados con actos de violencia en contra de las mujeres, Alicia Elena Pérez Duarte, «por estar en contra de la resolución que dio la Corte sobre el caso de Lydia Cacho», se nombró a la nueva titular, Guadalupe Morfín, quien «ha sido cuestionada por el trabajo que realizó en la administración foxista al frente de la Comisión de Ciudad Juárez».
El ámbito de esta Fiscalía cambió a partir de ayer para convertirse en otra que, además de atender asuntos relacionados con los delitos de violencia contra las mujeres se ocupará de aquellos que tengan que ver con la trata de personas (Cimacnoticias, enero 30 y 31 de 2008).
Respecto al fenómeno del feminicidio en México, cuya punta del iceberg ha sido Ciudad Juárez, Marisela Contreras sostiene que existe una intención de Calderón por desaparecer la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en esta ciudad fronteriza, «a pesar de que en lo que va del año se han presentado siete casos de feminicidio» en esa ciudad fronteriza.
Para Contreras, la falta de impartición de justicia y la ausencia en la reparación del daño a las víctimas por el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, además del incremento de los feminicidios en entidades como el Estado de México, Morelos y Oaxaca, «ha sido una de las razones por la que se haya denunciado negligencia por parte de las autoridades para detener esta ola de violencia extrema contra las mujeres».
En los últimos años, agrega, se ha incrementado el hostigamiento, acoso y violaciones sexuales de mujeres en la zona triqui de Oaxaca, sin que existan procesos judiciales de por medio.
APLICACIÓN DE LEY GENERAL
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fue publicada luego de que «se tuvo que andar correteando» a Felipe Calderón, «por lo que nació sin recursos para su aplicación y sus disposiciones fueron letra muerta a pesar de haber entrado en vigor en 2007», apunta.
Además, se incumplió el plazo de 90 días para que se publicara el Reglamento correspondiente, cuestión que sigue pendiente «a pesar de que la Comisión Permanente lo exhortó en junio del año pasado y ha sido una constante demanda de diversas organizaciones sociales», omisión que ha retrasado que se comience a operar este instrumento jurídico.
Informa que en el Proyecto de Egresos de la Federación para 2008, Felipe Calderón no propuso recursos para la aplicación de dicha Ley y fue la Cámara de Diputados la que asignó presupuesto para su operación.
MILITARES
Con la salida a las calles del Ejército mexicano, a partir de la presente administración, se han incrementado las denuncias de abusos y violaciones sexuales a mujeres y menores de edad, principalmente en comunidades indígenas por parte de efectivos militares, opina.
Casos en los que «ha recaído una impunidad», dice, pues no se ha castigado a los presuntos responsables y ha existido una total opacidad en los procesos que se le siguen a los militares acusados, sin que la sociedad conozca si ha existido castigo a los culpables, «basta señalar los casos de la violación y asesinato de la señora indígena Ernestina Ascencio, en Veracruz, y de las menores de edad violadas en Michoacán», sucedidos en 2007.
Los casos pendientes y esta actuación del Ejército Mexicano indican que «hay poco que reportar de avances por parte del gobierno en el tema de la violencia de género, pues sólo hay desdén y caos por parte de las autoridades para atender esta problemática», concluye.
08/CV/GG
