La Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) espera que la reforma de la ley del aborto sea uno de los temas a abordar por el próximo Gobierno que se configure en el mes de abril.
Santiago Barambio, vocal de la Asociación, considera que el nuevo Ejecutivo no puede obviar la campaña pro despenalización del aborto impulsada por grupos feministas, clínicas especializadas y profesionales de la salud sexual y reproductiva contra el ataque al derecho a decidir de las mujeres que la ultra derecha ha protagonizado en los últimos meses.
«Si vuelve a decir que no hay presión social» para cambiar la legislación, como aseguró Mª Teresa Fernández de la Vega, Vicepresidenta Primera, Ministra de la Presidencia y Portavoz del Gobierno, «tendremos que hacer más presión y habrá movilizaciones», declaró a AmecoPress Barambio.
Recordó, además, la campaña de autoinculpaciones, en la que se han implicado miles de personas en toda España, y las manifestaciones de mujeres pidiendo un aborto libre y gratuito.
Tras las reuniones mantenidas entre responsables de ACAI y los anteriores ministros de Justicia y de Sanidad, Mariano Fernández Bermejo y Bernat Soria, el vocal de ACAI anuncia que si el nuevo Ejecutivo «no muestra voluntad o se retrasa» a la hora de abordar un cambio de ley, «habrá más presión» para evitar que las españolas se vean obligadas, como en tiempos pasados, a salir del país para interrumpir su embarazo o a recurrir a la clandestinidad.
La Asociación considera que el caso Morín, llamado así por el nombre del dueño de una clínica de IVE, Carlos Morín, muestra que existen dos interpretaciones «claramente antagónicas» sobre la ley reguladora del aborto.
La Clínica Morín fue denunciada por la presunta realización de abortos ilegales. Las autoridades analizaron ya 139 historias clínicas de mujeres y, según la prensa nacional, en 99 casos se habría incurrido en IVE fuera de la norma permitida por la legislación española, es decir, en casos de violación antes de la semana 12 de gestación, antes de la semana 22 si el feto presenta graves lesiones físicas o psíquicas y en cualquier momento si existe grave peligro para la salud física o psíquica de la madre.
Por un lado, explica Santiago Barambio, vocal de ACAI por Cataluña y director de la clínica Tutor Médica, los sectores anti-elección interpretan una norma restrictiva y abogan por tutelar la decisión de las mujeres y circunscribir el supuesto de salud psíquica de la madre exclusivamente a situaciones de patología clínica.
En este sentido, explica que «los medios de comunicación afines a los fundamentalistas cristianos están utilizando el sumario del caso Morín, que ya ha dejado de ser secreto pero aún no se ha juzgado y está por demostrar, soltando con cuenta gotas para seguir horrorizando al personal».
Por otro lado, Santiago Barambio habla de un sector distinto que apuesta por que se permita ejercer el derecho al aborto «sin tutelas, en un claro esfuerzo por convertir la legítima decisión de tener o no tener hijas o hijos en un derecho sexual y reproductivo básico de las mujeres, tal y como reconoce la comunidad internacional».
Desde esta perspectiva, «los medios de comunicación más ‘serios’ no dicen nada, no dramatizan» y sólo hablan del aborto cuando hay una noticia que «tiene sentido», señala.
La Asociación insiste en que los hechos que están siendo investigados en el caso Morín evidencian un «drama social que hasta este momento permanecía silenciado, como son los diagnósticos tardíos o erróneos», que conducen a las mujeres a vivir situaciones «tremendamente angustiosas» a las que no da respuesta la ley actual.
En muchas ocasiones, aún cuando los diagnósticos prenatales sean adecuados en tiempo y forma, las interrupciones no son asumidas por el sistema público de salud, «iniciándose para la mujeres un periplo vital intolerable que en muchos casos las sitúa fuera del plazo para realizar un aborto eugenésico (22 semanas)». ACAI sostiene que muchas de las mujeres que están siendo interrogadas han pasado por una situación de este tipo.
Por todo ello, piden un cambio legislativo que dé una «salida clara a las situaciones procuradas por diagnósticos tardíos o erróneos», tal y como ya han hecho ya la mayor parte de los países europeos, entre ellos Francia, país donde están empezando a dirigirse muchas de las afectadas.
DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO EN EUROPA
La Asociación ha aplaudido la decisión de la Comisión de Igualdad del Consejo de Europa que ha propuesto trasladar el debate al Parlamento para que el aborto sea accesible en todos los Estados miembros, y ha instado a despenalizarlo en los países en los que todavía es delito: Malta, Andorra, Polonia e Irlanda.
Barambio interpreta la propuesta de la Comisión como «una contestación a las manifestaciones y los movimientos antiaborto» que se están produciendo en Europa. Junto a la persecución del derecho al aborto que hay en España, en Inglaterra, sectores de la izquierda plantean disminuir el número de semanas en la que es legal interrumpir el embarazo.
En Italia, la ultra derecha y el Vaticano proponen una moratoria para que «no se haga ningún aborto en el mundo entero», y en este contexto, la Comisión Europea se ha pronunciado recordando que abortar es un derecho de las mujeres aprobado en dos conferencias internacionales, en el Cairo y en Beijing. «Creemos que esta recomendación atañe también al caso español, puesto que la ley que tenemos ha servido pero se está demostrando que si alguien la quiere utilizar en contra de las mujeres y de los profesionales, lo puede hacer», agregó.
ACAI subraya que aunque la gran mayoría de la población mundial vive en países donde se puede, con mayor o menor permisividad, ejercer el aborto, este derecho suele estar «limitado y tutelado». En un 62 por ciento de los países donde se puede abortar, la posibilidad de hacerlo depende de la situación económica de la embarazada: su salud, su edad, estado civil, e incluso al número de hijas e hijos que ya tiene.
A estas limitaciones se suma el hecho de que muchas mujeres desconocen sus derechos legales y cuando han de recurrir a esta prestación el personal sanitario se niega a darles la información necesaria y a habilitarles el recurso, aún cuando sus casos sean contemplados por las limitadas normas respectivas.
Otras veces, en los países donde el aborto es legal, los servicios no están disponibles o resultan del todo inadecuados, carecen del personal capacitado y el servicio prestado es de baja calidad o excesivamente caro.
08/TGE/GG/CV
