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Cambia papel de mujeres en la delincuencia organizada

El papel de las mujeres en el crimen organizado está cambiando. De ser solo empacadoras o etiquetadoras de porciones de droga, la delincuencia organizada ha aprendido que ellas tienen habilidad y capacidad para organizarse y ahora, en las pandillas de jóvenes que se inician en dicha actividad, son las mujeres las que llevan el mando.

Ésta fue la alerta que dio Claudia Cruz de Santiago, del Instituto de Acción Ciudadana, quien explicó el papel organizador de las mujeres prevalece en tanto que son quienes pagan los impuestos y/o los pagos ilegales por sus cargos como secretarias, asesoras o dirigentes.

De acuerdo con los funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), señaló, por primera vez se ha tenido que tomar en cuenta la ejecución de mujeres a manos de integrantes del crimen organizado, entre cuyos grupos los asesinatos se cometen con más violencia.

Cruz de Santiago informó que 78 por ciento de los sectores económicos que general el Producto Interno Bruto (PIB) en el país está infiltrado por el narcotráfico, pero el gobierno no reporta un solo caso de desmantelamiento patrimonial en ninguno de esos sectores afectados. Ni la Secretaría de Hacienda (SHCP), ni la de la Función Pública (SFP), tienen registros de ello.

En la mesa panel “Derechos Civiles y Políticos” del primer encuentro estatal “Mujeres y feminismo”, a Claudia Cruz le correspondió poner sobre la mesa el tema “Militarización, seguridad y ciudadanía”.

Al respecto, destacó que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda no tiene la capacidad para enfrentar la infiltración del narcotráfico en las instituciones económicas, “pero el gobierno cuenta con el Sistema de Administración Tributaria (SAT); yo le recomendaría al secretario de Seguridad Pública Federal que en vez de preocuparse por tener más helicópteros se ocupe en alimentar investigaciones para el desmantelamiento patrimonial del hampa”.

Dio a conocer que de diciembre de 2006 a octubre de este año, en todo el país, han sido asesinadas 3 mil 726 mujeres, la mayor parte por violencia intrafamiliar; siete por ciento de ellas fueron ejecutadas, cayeron abatidas en enfrentamientos entre grupos del crimen organizado o fueron asesinadas por delincuentes vinculados con la trata de personas, de acuerdo con estadísticas de la Sedena.

Con datos de la PGR indicó, además, que no ha sido posible elaborar un censo totalmente certero a pesar de los esfuerzos que ha realizado la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), ya que las procuradurías de justicia del país no han aportado sus estadísticas y, cuando envían información, no señalan con precisión las causas de los decesos ni se identifica o indica la relación que guardaban los presuntos responsables con la víctima.

Enfatizó, además, en que hay escasa colaboración entre la federación, los Estados y los Municipios, aun cuando la mayor violencia proviene del crimen organizado.

PARTIDOCRACIA Y FALTA DE TRANSPARENCIA

En su oportunidad, la ex jefa de Gobierno del Distrito Federal Rosario Robles destacó que el monopolio del poder de los partidos políticos ha generado la exclusión de las mujeres. “Es una partidocracia excluyente”, explicó.

“No todas las mujeres tienen la posibilidad de participar porque no hay mecanismos para hacerlo, para llevarlas a la toma de decisiones. Hay una visión conservadora. Se ha perdido el compromiso de respetar el derecho de la mujer”, añadió.

Agregó que ningún partido ofrece garantías de que sea incluyente ni ve la condición adversa de la mujer, porque ella primero se preocupa por qué comer mañana, por que los hijos vayan a la escuela, por tener trabajo. “Mientras no mejoren esas condiciones, la agenda de los partidos va a seguir siendo vertical”.

Manifestó que el Partido de la Revolución Democrática no está en deuda con ella y que son pocas las mujeres y hombres que se encuentran en el poder y se “juegan el pellejo” por las mujeres. “El hacerlo tiene un costo, pero vale la pena”, indicó.

A su vez, Claudia Alonso Pesado, consejera del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información, denunció que la falta de credibilidad de los ciudadanos con respecto a los institutos de transparencia se debe a que les suena hueco su quehacer.

“El mensaje de la autoridad respecto de las nuevas políticas le significa un contrasentido a la sociedad porque, por un lado, impulsa políticas para obligarse a sí misma a transparentar su actuación para fortalecer a la sociedad; sin embargo en la cotidianidad, vive en la corrupción y en la impunidad”.

La solución, destacó, es que la autoridad tenga un mensaje realmente político, porque de otra manera permanecerá la desconfianza.

“Ahora no sabemos dimensionar cuál es el derecho fundamental, no sabemos que somos dueños de la información, no hemos sabido empoderarnos con ese derecho; necesitamos consolidar una ciudadanía informada. Es un contrasentido y es complejo por el estado de impunidad en que vivimos, pero debemos hacerlo”.

En la mesa panel “Derechos Civiles y Políticos” del primer encuentro estatal “Mujeres y feminismo” participaron, además, Aurora López Flores, regidora de Ciudad Juárez, y Martha Rentería, del Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas.

09/PMO/YT

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