Nunca como ahora, ante los golpes legales de los aparatos gubernamentales, en contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se hace necesario un cambio de estrategia. La aberrante resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no cierra el capítulo de la lucha legal, por el contrario abre nuevas perspectivas que es necesario apuntalar.
Por otro lado, la presión política no debe ser una forma de llevar acciones que aparezcan como desesperadas, ni tampoco deben ser motivos para caer en la trampa de la provocación, que pongan en riesgo los objetivos del SME. El gobierno está ansioso de que se inviertan los papeles de quién es el que viola la ley para continuar dando golpes a los trabajadores con justificación.
En el aspecto legal, a pesar de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) carece de autonomía por el férreo control que mantiene el ejecutivo federal en esta instancia, los caminos no se encuentran agotados.
Ya la SCJN argumentó, sin lógica alguna, que con el decreto del 11 de Octubre de 2009 no existió despido, fortaleciendo con ello los alegatos gubernamentales de que hubo una simple terminación de las relaciones laborales, sin derecho a la reinstalación.
El ministro Juan Silva Meza, autor de la ponencia, da un argumento cuestionable e incongruente, porque justifica que el presidente de la república no pudo realizar ningún tipo de despido al emitir el decreto y pronunciarse por la ruptura de los contratos de trabajo porque no es el patrón de los trabajadores electricistas.
Con esta misma falaz tesis, tampoco se podría justificar la terminación de las relaciones laborales y la imposición de las indemnizaciones que ahora alega el gobierno calderonista, porque formalmente tampoco el presidente de la república es el patrón electricista, sin embargo, esto fue omitido por la SCJN.
La terminación de las relaciones laborales contra el despido alegado por las y los electricistas, es el centro de la discusión legal.
Mientras el gobierno federal dice que se «extinguió la empresa», las y los electricistas dicen que hubo despido, que procede la reinstalación con el reconocimiento de antigüedad, pago de salarios caídos y por tanto la procedencia del patrón sustituto por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) porque es ella quien ahora se encarga de los servicios que prestaba Luz y Fuerza del Centro (LFC).
El gobierno quiere esconder las acciones ilegales que está llevando a cabo. Dice falseando declaraciones, que pueden ser motivo de delitos de los funcionarios que justifican esta acción, que CFE no es el patrón sustituto de LFC.
Como delincuentes, han entrado ilegalmente a las instalaciones de LFC para apoderarse de equipos, vehículos e instrumentos de trabajo. Para esconder la sustitución patronal algunos vehículos operan sin placas y borrado el logotipo de la empresa.
Los autores materiales e intelectuales de estos hechos, ni siquiera son castigados. Hay numerosas denuncias ante los ministerios públicos de estos actos vandálicos, cometidos contra LFC que ahora se guardan en las gavetas de estas instancias, de investigación penal, sin realizar consignación alguna.
Los abogados gubernamentales, con vil cinismo, se han presentado a las audiencias declarando que «no hay patrón sustituto». Piden que sus declaraciones queden grabadas por escrito por las secretarias estenógrafas que usan una computadora, que funciona por medio de energía eléctrica suministrada ahora la CFE.
Los recibos de pago que antes entregaba LFC, ahora son remitidos por la CFE, y el gobierno sigue diciendo: «no hay patrón sustituto». Es un argumento tan endeble que no puede sustentarse ante ningún tribunal. Hay muchas evidencias que demuestran que la acción ilegal del gobierno no tendrá ninguna justificación ni posibilidades de éxito.
Sin embargo, se requiere de una estrategia legal y política que centre acciones de resistencia prolongada. Las organizaciones que han acompañado al SME en su lucha, deben redoblar acciones de apoyo económico, a favor de ellos ante la prolongación de su conflicto.
La huelga de hambre del ingeniero, Cayetano Cabrera Esteva, y sus compañeros, ha sido un ejemplo de dignidad, pero esta acción debe terminar. No se puede seguir poniendo en riesgo la vida de una persona por ningún motivo, mucho menos cuando el gobierno antepone los intereses de las empresas transnacionales sobre cualquier otra responsabilidad.
Nunca como antes, la lucha ejemplar que llevan a cabo las y los smeitas, ha puesto en evidencia la desmesura gubernamental por la entrega de bienes nacionales, a favor de particulares. Es tiempo de unir esfuerzos y realizar acciones más allá de los discursos.
* Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), consejero de la Comisión de Derechos Humanos del D.F., e integrante del consejo de CIMAC.
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