En Oaxaca, la mayoría de las mujeres reclusas son campesinas; de ellas, la mitad está sentenciada por delitos contra la salud. En total, 197 mujeres están encarceladas en diferentes distritos; 78 se encuentran procesadas y 45 sentenciadas bajo el fuero común por los delitos de robo, portación de armas, asalto y homicidio, principalmente.
En relación con el fuero federal, 17 mujeres están procesada y 57 sentenciadas por tráfico de drogas y delitos electorales y ambientales, entre otros, según las estadísticas 2005 de la población penitenciaria proporcionadas por la Dirección de Prevención y Readaptación Social del Estado.
La clasificación por delitos describe que hay 37 mujeres procesadas y 34 sentenciadas por delitos contra la vida y la integridad corporal, y por delitos contra las personas en su patrimonio, 41 procesadas y 13 sentenciadas. Asimismo, existen 16 mujeres procesadas y 45 sentenciadas por delitos contra la salud, y por otros delitos hay una procesada y siete sentenciadas.
La presidenta de la organización Mujer Libre, Concepción Núñez Miranda, señaló que se presentó ante diversas instancias del gobierno federal una iniciativa que busca crear una ley de amnistía mediante la cual se pretende que las mujeres indígenas presas por delitos contra la salud puedan obtener su libertad.
A dos años de trabajo en Oaxaca, Mujer Libre ha realizado investigaciones sobre las historias de vida de estas mujeres y ha dado seguimiento jurídico a cada una de ellas, explicó la secretaria técnica de ese organismo no gubernamental, Aline Castellanos.
Hasta el momento han alcanzado su libertad algunas mujeres indígenas, quienes muchas veces no contaron con defensores de oficio, desconocen el español y no saben leer ni escribir, además de que fueron maltratadas durante su reclusión.
Castellanos, quien además es integrante del Colectivo Huaxyacac, dijo que dicha ley es una necesidad urgente para reparar las violaciones a los derechos de cientos de mujeres que se encuentran en esta situación en los penales del país.
En su mayor parte, las mujeres que se encuentran en las cárceles oaxaqueñas son indígenas pobres, sin escolaridad y con hijos menores a su cargo; purgan condenas por delitos contra la salud y, aunque muchas admiten su responsabilidad, antes hubo una injusticia contra ellas originada por la pobreza en que viven.
Por ello, apuntó Castellanos, es necesario que se apliquen derechos humanos y que exista una ley de amnistía federal para que logren su libertad.
Estas mujeres, dijo en entrevista, son tres veces víctimas: son utilizadas por redes del narcotráfico, donde se les conoce con el sobrenombre de «mulitas o burreras». Son víctimas también de la pobreza extrema en que viven, lo que las lleva a aceptar riesgos o a actuar por desconocer que cometen un delito. Y, finalmente, son víctimas de un sistema de justicia que no respeta sus derechos; por ello se les culpa fácilmente.
Aline Castellanos estimó que una ley de amnistía beneficiaría al menos a 15 mujeres indígenas sentenciadas por delitos contra la salud cuyos procesos son totalmente irregulares.
La Procuraduría General de la República tiene ya nombres y registros de mujeres para que, tras el análisis de cada caso, se pueda proceder a aplicar la amnistía, puntualizó la entrevistada.
05/VH/SJ/YT
