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Canadá: policía no esclarece cerca de 600 asesinatos de mujeres

Por la Redacción

Durante los últimos 30 años en Canadá se registraron 582 casos de mujeres y niñas indígenas desaparecidas o asesinadas, aunque según nuevas investigaciones, más de mil indígenas podrían estar desaparecidas o muertas, informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 
El informe “Mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas en Columbia Británica, Canadá” indica que este fenómeno es parte de un patrón más amplio de violencia y discriminación, y por ello critica que la policía no prevenga, proteja ni investigue estos casos.
 
De acuerdo con los datos, la provincia de Columbia Británica es el área que concentra la violencia de género con 160 casos, que implican el 28 por ciento de 582 documentados por la organización civil Native Women’s Association of Canada (NWAC), seguida por la provincia de Alberta con 93 casos, es decir 16 por ciento del total.
 
La CIDH también documentó irregularidades de las autoridades en el registro y seguimiento de las denuncias sobre mujeres desaparecidas; por ejemplo, omisiones al momento de abordar asuntos que involucran a distintas jurisdicciones, coordinación ineficiente entre las fuerzas y agencias de la policía, y trato insensible hacia las familias.
 
En agosto de 2013, durante una visita a Canadá de las relatoras de la CIDH sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Dinah Shelton, y sobre los Derechos de las Mujeres, Tracy Robinson, el gobierno reconoció que las indígenas están significativamente sobrerrepresentadas entre las víctimas de homicidio, y que también son tres veces más propensas a ser víctimas de violencia que las mujeres no indígenas.
 
De acuerdo con la información recibida, la policía no ha prevenido ni protegido adecuadamente a las mujeres y niñas indígenas de homicidios, desapariciones y formas extremas de violencia, y tampoco ha investigado de manera diligente y oportuna estos actos.
 
La CIDH recordó que la investigación es la etapa crítica en los casos que involucran violencia contra las mujeres, por lo que no se puede sobrestimar la importancia de una debida investigación, ya que las fallas suelen impedir u obstaculizar otros esfuerzos para identificar, procesar y castigar a los responsables.
 
Como consecuencia de esta discriminación histórica, la CIDH observó que las niñas y mujeres indígenas constituyen una parte de la población con más desventajas en Canadá. La pobreza, la vivienda inadecuada, y la exclusión económica y social, entre otros factores, contribuyen a su mayor vulnerabilidad ante la violencia.
 
Adicionalmente, señala el informe, las actitudes prevalentes de discriminación, principalmente relacionadas con el sexo y la raza, y los estereotipos arraigados a los que se han visto sujetas las mujeres, exacerban su vulnerabilidad.
 
La ausencia de debida diligencia en casos de violencia contra las indígenas es especialmente grave, pues afecta no sólo a las víctimas, sino también a sus familias y a las comunidades a las que pertenecen, por lo cual la CIDH sostiene que se debe prevenir la violencia, pero también la discriminación.
 
Como recomendaciones, el organismo de la Organización de Estados Americanos llamó a tomar medidas que van desde brindar una opción de transporte público seguro en las carreteras de localidades donde se registraron desapariciones de mujeres cuando caminaban pidiendo “aventones”, hasta hacer frente a las desigualdades institucionales y estructurales que enfrentan las indígenas.
 
Sobre esta última medida, la CIDH dijo que se deben incluir políticas para contrastar el despojo de las tierras indígenas, así como las leyes y políticas históricas que afectaron negativamente a estas comunidades, cuyas consecuencias siguen impidiéndoles el pleno disfrute de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
 
A su vez, esto implica abordar la persistencia de la marginalización socioeconómica a través de medidas efectivas que combatan la pobreza, mejoren la educación y el empleo, garanticen vivienda efectiva y aborden la desproporción en la aplicación del derecho penal contra los pueblos indígenas, entre otras acciones a favor de las mujeres indígenas.
 
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