De los 30 millones de pesos que el grupo ultra conservador Provida recibió del gobierno federal para sus programas internos, 12 millones 892 mil 576 pesos, los canalizó para el gasto de publicidad antiaborto, en franca violación a la reglas de la beneficencia pública.
En contraste, la Secretaría de Salud (SS) ejerció en ese mismo año, nueve millones 914 mil 456 pesos en sus programas de prevención de VIH/Sida, denunciaron organizaciones civiles por los derechos de las mujeres y prevención del Sida.
Así, la atención del Sida pasó de 208 millones de pesos aprobados por la Cámara de Diputados en diciembre de 2002, a los 178 millones de pesos.
Con base en documentos proporcionados por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), las organizaciones informaron que los recursos que recibió del sector salud el grupo conservador — vía la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública–, rebasa en 120 veces el tope de 250 mil pesos a que pueden acceder diversas agrupaciones civiles de parte de ese mecanismo.
Pilar Muriedas, directora de Sipam; María Vallarta, asesora legal de Equidad de Género; Alejandro Brito, director de Letra S, y Guillermo Noriega, investigador de Fundar, demandaron "transparencia" en el ejercicio del presupuesto y, exigieron al Poder Legislativo, adoptar medidas tendientes a sancionar a los responsables del desvío de recursos a Pro-Vida.
Solicitaron además eliminar los vacíos legales que impiden claridad en la asignación del presupuesto.
Entre otras irregularidades detectadas por las ONG, se documentó que Pro-Vida destinó en el rubro de "Ayuda para la Mujer", más de siete mil pesos en ropa para caballero adquirida en tiendas de prestigio como Zara, Palacio de Hierro y Aca Joe.
En ese sentido, las activistas resaltaron que se violentaron las reglas de operación para la entrega de los montos de la Beneficencia Pública.
Las organizaciones civiles por los derechos de las mujeres y prevención del Sida recordaron que la entrega de recursos fue resultado de una maniobra del ex legislador panista Luis Pazos, quien habría aprobado el año pasado en su calidad de presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública esa partida.
El dinero destinado a los anuncios del grupo de Jorge Serrano Limón corresponde en mayor proporción a la cantidad que la Secretaría de Salud utilizó para campañas de prevención del Sida, insistieron los organismos.
Las y los activistas hicieron un recuento de las presuntas "irregularidades" que habría cometido Pazos en la pasada legislatura, al modificar a título personal la asignación del presupuesto 2003 destinado a la salud de las mexicanas y contra el VIH.
Presentaron los resultados de una investigación sobre el manejo de los 30 millones de pesos que recibió Pro-Vida del Presupuesto de Egresos de la Federación, para la construcción de diez Centros de Ayuda para la Mujer (CAM), clínicas en las que se disuade a las mujeres a ejercer su derecho al aborto legal.
El escándalo por el llamado "Providagate" estalló a principios de 2003, luego de que se conoció un oficio de Luis Pazos –hoy titular de Banobras– en el que informó al secretario de Salud, Julio Frenk, del recorte de 30 millones al programa para atender el VIH/Sida.
Desde entonces, diputadas de oposición y grupos civiles emprendieron una campaña para esclarecer los hechos.
2004/RM/GV
