La Red por los Derechos de la Infancia en México y la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia reconocen como un avance la captura de Elvira Casco Majalca y Leticia Arrieta, de la organización Casitas del Sur, y de Alonso Cuevas, pastor y administrador de la Iglesia Cristiana Restaurada (ICR), pero señalan la necesidad de avanzar hasta el fondo de este proceso y que el Gobierno federal tome acciones para encontrar a todas las niñas y niños desaparecidos.
La detención, realizada por parte de autoridades federales, aunque no resuelve el caso, representa un paso adelante, pues se trata de actores clave para determinar el paradero de las niñas y niños que permanecían internados en la casa Hogar Casitas del Sur del Distrito Federal: Ilse Michel Curiel Martínez y 13 menores de edad más.
Las organizaciones consideran que se trata de un primer paso exitoso, en reconocimiento a la lucha de las y los familiares de niñas y niños desaparecidos en la Ciudad de México y en el Centro de Adaptación e Integración Familiar (Caifac), en Monterrey, Nuevo León, mismo que, señalaron, se extiende a las organizaciones ciudadanas de promoción y resguardo de los derechos humanos de la infancia.
La captura se llevó a cabo después de que el juez Primero de Distrito de Procesos Penales en Nayarit, en la causa penal 138/2009, librara órdenes de aprehensión en su contra, tras encontrar los elementos para procesarlos por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de menores de edad.
NECESARIO, SEGUIR AVANZANDO
Mediante un comunicado de prensa, ambas organizaciones apuntan que es preciso avanzar en las investigaciones para proceder contra todas las personas que por acción u omisión han sido responsables del secuestro y desaparición de las y los menores de edad en los albergues de la ICR.
Se debe garantizar que el proceso de investigación se extienda a la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, así como a los otros estados del país en los que se sabe que existen albergues y escuelas de la ICR.
ACUSADOS
Según las investigaciones de la Policía Federal Ministerial, al mando del fiscal de la SIEDO, se demostró que Elvira Casco Majalca entregó diversos menores de edad a terceras personas, sin consultar a las autoridades ni a las madres y los padres.
De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), Emmanuel Cuevas Castañeda era el encargado de buscar lugares para ocultar y trasladar a niñas y niños a otras entidades de la República.
Leticia Arrieta Estrada, quien también es miembro de la congregación religiosa, ejecutaba distintas acciones relacionadas con la entrega de las y los menores a otras personas, sin autorización expresa de sus padres y violando la custodia material que ejercía la referida casa hogar.
En un comunicado, la PGR determinó que las niñas y niños pudieron ser objeto de trata, incluso en otro país, ya que está acreditado que esta red tiene operaciones en Ruanda, Tailandia, El Salvador, Guatemala y Colombia, toda vez que algunos de sus miembros tienen nexos con la Iglesia Cristiana Restaurada.
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