Sin dar a conocer cifras precisas sobre el presupuesto de género ejercido en lo que va del año y sin una propuesta en ese rubro para el 2005, funcionarios menores del gobierno federal, se reunieron con diputadas de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados.
Durante el encuentro con funcionarios de las Secretarías de Salud, Educación y del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) , las legisladoras Diva Gastelum del PRI, Malú Micher y Marcela Lagarde, ambas del PRD, escucharon el informe de la directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos del DIF local, Mónica Valdovinos, quien dijo que la dependencia tiene serias dificultades para ejercer el presupuesto en 2004.
Destacó la carencia de presupuesto para llevar a cabo programas de asistencia jurídica y becas para mujeres ancianas o que padecen alguna discapacidad.
Aida Cerda, representante de la Secretaría de Economía, expuso que el programa de Microfinanciamiento a pequeñas empresas ha beneficiado a un millón de personas, de los cuales el 80 por ciento son mujeres.
El representante del Fondo de Microfinanciamiento para mujeres rurales, Héctor Moreno informó que a los 100 millones de pesos aprobados en 2004 para ese programa, se sumaron 20 millones más.
Ante la insistencia de la diputada Malú Micher para que dieran a conocer los montos precisos y el tipo de proyectos productivos que apoyan , las y los funcionarios de la Economía sólo se comprometieron a presentar en breve informes más específicos.
El director general de Enlace Político de la secretaría de Relaciones Exteriores, Humberto Ballesteros, fue duramente increpado por la legisladora Micher al evitar informar sobre los 20 millones de pesos que aprobó la Cámara baja en diciembre de 2003 para apoyar a mujeres migrantes víctimas de violencia.
Molesta, le recordó al funcionario que el subsecretario de esa dependencia, Jerónimo Hernández dijo recientemente en San Lázaro que ese presupuesto todavía no se ejercía, a pesar de que ya ha transcurrido la mitad del año.
La perredista reclamó a Ballesteros que para la dependencia que encabeza Ernesto Derbez la violencia contra las migrantes es un «tema de segunda».
A la funcionaria de la Secretaría de Desarrollo Social, Lilia Mendoza también se le exigieron cuentas respecto al ejercicio de programas como Oportunidades, Hábitat y de becas de estudio para niñas y adolescentes en secundaria.
La diputada Marcela Lagarde dijo que ante la falta de información pareciera existir una desarticulación de las políticas públicas para atender a las mujeres, lo cual significa «una enorme injusticia».
La única funcionaria que se ganó el aplauso de las diputadas fue la directora de Equidad y Género de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), María Reyes Córdoba, quien habló de diversos programas de apoyo al empleo para mujeres, cursos de capacitación , y convenios con empresas para impedir que se les exija a las trabajadoras la prueba de ingravidez, aunque tampoco detalló cifras.
2004/RM/LR/SM
