El Estado mexicano carece de información sobre abuso sexual a menores, y ese es un tema de entre 40, que no detalló ante el Comité de los Derechos del Niño (CDN) de las Naciones Unidas, y que deberá presentar al organismo a más tardar el 5 de abril.
La Red por los Derechos de la Infancia en México advirtió que el gobierno mexicano enfrentará grandes dificultades para entregar el reporte en el plazo requerido, pues la falta de un sistema nacional de información sobre los derechos de la infancia obstaculiza la elaboración de informes en el país.
La mayor parte de la información requerida al gobierno mexicano son datos duros que no presentó en su informe de 2004, el cual entregó con dos años de atraso en su obligación de informar periódicamente al DDN sobre el avance en el cumplimiento de la convención de los Derechos del Niño.
El informe no tiene datos sobre abuso sexual a menores, el número de niñas y niños discapacitados, tampoco incluye estadísticas sobre salud infantil y medio ambiente ni un monitoreo sobre la situación de los niños de la calle, explicó Andrea Márquez, coordinadora de la red.
En conferencia de prensa conjunta con Gerardo Sauri, director ejecutivo del organismo, recordó que los temas que el CDN requirió al Estado Mexicano tienen que ver con información y datos estadísticos.
Entre estos, precisó, destacan la solicitud de información sobre asignaciones y tendencias presupuestarias, en cifras absolutas y como porcentaje de los presupuestos nacionales y regionales, o del Producto Interno Bruto, que se destinan a la aplicación de la Convención.
También le requirió información sobre el número de niñas y niños que viven bajo el umbral de pobreza, maltrato infantil, menores discapacitados, niños privados de un entorno familiar y separados de sus padres, todos desagregados por edad, sexo, grupo étnico y zonas rurales y urbanas.
Otro grupo de temas están integrado por lo que el CDN denomina «medidas generales de aplicación», entre las que se encuentran la asignación de recursos y ejecución de programas para niñas y niños vulnerables; las condiciones de los que viven en instituciones y las medidas adoptadas para enfrentar el trabajo infantil.
Otro apartado pide específicamente copias del texto de la Convención sobre los Derechos del Niño en todos los idiomas oficiales del Estado parte y en los demás idiomas o dialectos en que esté disponible.
El último grupo de datos, precisó, es una lista sobre las medidas para fortalecer la aplicación de la convención, sobre adopción y protección de niños colocados en hogares de guarda y familias de acogida, refugiados y solicitantes de asilo, toxicomanía y alcoholismo infantil, entre otros.
Los datos fueron requeridos tras revisar el último informe del gobierno presentado en diciembre de 2004, que es «muy superficial», y después de que la red entregó al CDN su informe alternativo en enero pasado.
Como ejemplo de las inconsistencias del informe oficial, citó el hecho de que el gobierno mexicano reporta 10 leyes estatales de protección de los derechos de la infancia, mientras el de la red la existencia de 20 legislaciones de este tipo.
El Estado mexicano, además, deberá comparecer el 23 de mayo ante el CDN en su sede de Ginebra, reunión a la que acudirá sin temas estructurales de fondo, pues las instancias para defender los derechos de la infancia no son autónomas ni tiene presupuesto propio, dijo Gerardo Sauri.
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