En los últimos diez años se han registrado mil 976 agresiones y 594 actos de criminalización en contra de las defensoras y defensores de los Derechos Humanos (DH) en Guatemala, de los cuales 115 son asesinatos, según la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de los DH en Guatemala (UDEFEGUA).
Al presentar este diagnóstico en la Corte Suprema de Justicia, la coordinadora general de la UDEFEGUA, Claudia Virginia Samayoa Pineda, expuso la impunidad que permanece por estos ataques, a pesar de que el gobierno ha firmado su adhesión a principios y normas internacionales para garantizar y proteger la plena observancia de los DH, se informó en un comunicado.
Guatemala, dijo Samayoa Pineda, tiene 10 años de incumplir con los preceptos del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos de 1994, y la Declaración Internacional del Derecho y la Obligación de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los DH y las Libertades Universalmente Reconocidos, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1998.
Por ello, solicitó que se realice una supervisión de los procesos para garantizar la imparcialidad de los jueces, así como reactivar y esclarecer los casos de violaciones a DH que quedaron varados.
A su vez, la organización La Convergencia por los Derechos Humanos, integrada por diversas instancias que promueven la defensa de los DH en Guatemala, resaltó que trabajan para construir un país con equidad, justicia y democracia desde el trabajo individual, así como desde organizaciones comunitarias, sectoriales, sindicatos, organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales.
Destacó que las defensoras y defensores de DH son parte integral de la construcción de la democracia y la paz en Guatemala, por lo que las agresiones en su contra no deben quedar en la impunidad.
Subrayó la obligación del Estado para revertir las condiciones desfavorables para los defensores, con la creación de un «Programa de Protección a Defensores de Derechos Humanos», agilizar las investigaciones en todos los casos de agresión, y garantizar un proceso justo contra los responsables de dichas violaciones.
Exhortaron a la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio Público y al Ministerio de Gobernación, a discutir con responsabilidad los mecanismos claros de aplicación de las medidas cautelares para los defensores de DH, y la responsabilidad del Estado de garantizar su trabajo.
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