Caso Aristegui: se amparan en defensa de libertad de expresión

Organizaciones defensoras de los Derechos Humanos (DH) junto con colaboradores, periodistas e investigadores del programa de radio “Primera Emisión”, de Carmen Aristegui, presentaron una demanda de juicio de amparo ante el Poder Judicial por las violaciones cometidas en contra del derecho a la libertad de expresión, que derivaron en el cierre del espacio informativo.
 
Presentado el pasado 10 de abril ante el juez de Distrito en Materia Administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones del Distrito Federal, el amparo busca la protección de la justicia ante las violaciones a los DH cometidas tanto en contra de quienes integraban el espacio informativo como de la audiencia.
 
Respaldado por organizaciones como Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y Artículo 19, el amparo también denuncia las omisiones en las que ha incurrido tanto la Secretaría de Gobernación (Segob), como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), frente a la “arbitraria salida” del aire del programa radiofónico.
 
En el amparo presentado también por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, se alega que la imposición de los nuevos lineamientos de la radiodifusora MVS, así como la “abrupta e ilegal” salida del aire de la emisión “nos afecta como profesionales de la comunicación, pues ahora no podemos realizar nuestra labor de informar a la ciudadanía”.
 
Cabe recordar que el pasado 15 de marzo, la empresa MVS emitió un comunicado anunciando que daba por terminada su relación laboral con Carmen Aristegui Flores, luego de que la periodista hubiera pedido la reinstalación de dos de sus colaboradores despedidos previamente bajo el argumento de que utilizaron el nombre de la radiodifusora sin consultarlo previamente.
 
Dos días antes (13 de marzo) al despido de Aristegui, la empresa publicó unos nuevos lineamientos para MVS Radio que modificaban unilateralmente el contrato y acuerdo firmado en enero de 2009 entre la periodista y la compañía.
 
En ese sentido, dentro del amparo presentado las organizaciones civiles (especializadas en la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información) resaltaron las omisiones de las autoridades federales al no intervenir ante la difusión de los nuevos “Lineamientos Editoriales” de la empresa MVS.
 
Toda vez que esos lineamientos “violentan los derechos de periodistas y comunicadores, ya que limitan la libertad editorial, (con ellos) se atentó contra los principios éticos del periodismo y se convirtieron en censores privados, lo que representó una clara imposición de una forma diversa de censura previa”.
 
Expusieron al juez federal que ante estas violaciones “las autoridades tienen la obligación de vigilar que todas las empresas cumplan con la ley, pero especialmente aquellas que explotan un bien del dominio de la nación, por lo que al dejar que MVS actúe de esa forma se convierten en responsables de estas violaciones”.
 
En el amparo se considera que con el despido de la periodista reconocida internacionalmente y su equipo de trabajo se violó la libertad de expresión tanto en su vertiente individual como social, pues se impide que Aristegui, sus periodistas, editorialistas y decenas de activistas sociales y defensores de DH se puedan expresar a través de ese medio, “mismo que hasta el pasado 13 de marzo era un espacio de pluralidad informativa y de diversas de opiniones”.
 
Las organizaciones civiles alegaron también que se violenta el derecho a la información de la ciudadanía, particularmente en el periodo electoral por el que atraviesa el país, ya que “un elemento sustancial para la toma de decisiones en periodos electorales es la información diversa, crítica y objetiva, que permita a las y los ciudadanos elegir a sus gobernantes de manera responsable e informada”.
 
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