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Caso Atenco: ciudadana española denuncia a policía mexicana

Por Jonathan Pardiñas

Una ciudadana española presentó este viernes una denuncia ante la Audiencia Nacional de España, (máxima instancia penal en ese país) contra la Policía Federal Preventiva (PFP), la policía del Estado de México y la policía municipal de San Salvador Atenco por tortura, agresiones sexuales y violación.

Apoyada legalmente por la asociación internacional feminista Women’s Link Worldwide, Cristina Valls interpuso la querella en la Audiencia española por su detención ilegal durante los hechos ocurridos en San Salvador Atenco entre los días 3 y 5 mayo de 2006, donde delata que fue sometida a tortura incluyendo agresiones sexuales y violación.

Al terminar la denuncia, aproximadamente 50 españolas y españoles vestidos de negro se manifestaron a las afueras del máximo tribunal para apoyar a Valls.

Valls está denunciando a 140 elementos de las policías de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal), aunque aseguró en conferencia de prensa, ocurrida al terminar la denuncia, que fueron más policías los que participaron en la agresión.

Entre esas personas se encuentran tanto mandos policiales que participaron en el diseño del operativo como los que lo ejecutaron, pues a todos se les considera cómplices o partícipes de las violaciones de derechos humanos que se estaban cometiendo.

Más de 200 personas fueron detenidas los días 3 y 4 de mayo de 2006 en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, en el Estado de México, como resultado de un operativo policial en respuesta a las protestas sucedidas tras el desalojo de unos vendedores de flores.

Como consecuencia de la intervención policial, en la que participaron más de 3 mil policías, murieron dos personas: Javier Cortés, de 14 años, por herida de bala de uso exclusivo de las fuerzas armadas; y Alexis Benhumea, quien murió por el impacto en la cabeza de un cartucho de gas lacrimógeno. Hubo poco más de 200 detenidos y 5 extranjeros expulsados de México de manera irregular.

LOS HECHOS

Los hechos ocurridos en Atenco se originaron por conflicto sobre la venta de productos agrícolas que enfrentó a personas y organizaciones mexicanas defensoras de los derechos sociales de las y los trabajadores agrícolas con la policía, detalla la Agencia española AmecoPress. Los primeros altercados se produjeron en Texcoco y más tarde se extendieron a Atenco, cuyo pueblo lanzó una llamada de solidaridad.

Cristina había llegado a México en noviembre de 2005 para conocer la forma de trabajo de las comunidades autónomas de Chiapas y acudió a esta llamada de solidaridad como sociedad civil, relata AmecoPress.

El 4 de mayo un operativo policial de 3 mil hombres entró en Atenco. “Los policías llevaban armas. Nos resguardamos en casas, pero entonces empezaron los allanamientos de morada ilegales. La policía tiró la puerta abajo, nos arrestó, nadie nos dijo por qué, nos taparon la visión y nos ataron las manos a la espalda. Comenzaron los golpes”, cuenta Cristina.

Desde su detención hasta su expulsión ilegal del país pasaron 48 horas en las que Cristina denuncia haber sufrido de forma continua tortura física, psicológica y sexual. El trayecto hasta el penal, de dos horas en condiciones normales, se convierte en 6 horas de camino en las que viajan apiladas unas encima de otras.

Cristina continúa su relato: “Los policías nos amenazaron continuamente, incluso de muerte, nos decían que estaban matando a nuestro compañeros, nosotras no podíamos ver. Las mujeres además sufrimos agresiones sexuales y violaciones”.

La directora ejecutiva de Women’s Link Worldwide, Viviana Waisman, destacó este hecho: “Tenemos que pararnos un momento a pensar de lo que estamos hablando, cuando hay detenciones y torturas, las mujeres son sistemáticamente violadas y abusadas sexualmente”.

En el Penal, junto a Cristina, se encontraban otras 4 personas extrajeras, que fueron trasladadas hasta la estación de emigración, donde –asegura- siguieron sufriendo tortura psicológica y no se les permitía dormir. Finalmente fueron deportadas ilegalmente: “Digo ilegalmente porque existía el amparo de un juez que dice que no tenemos que ser deportadas. Se le dice al juez que no hay ninguna persona que vaya que ser deportada”.

Finalmente, Cristina llega a su ciudad, Barcelona, acompañada de dos policías mexicanos, dice AmecoPress.

JURISDICCIÓN INTERNACIONAL

La ciudadana española no tuvo oportunidad de levantar algún tipo de denuncia en México, puesto que fue expulsada y no se le permitirá regresar al país durante cinco años a partir de de su exclusión.

Por este motivo, los abogados de Valls reclamarán la aplicación de la sentencia 237/2005 del Tribunal Constitucional, que establece que el único requisito para abrir procedimiento y perseguir un crimen de esta gravedad es que los demandados no hayan sido absueltos, indultados o penados en el extranjero por el mismo crimen.

Los tribunales españoles tienen competencia para investigar y juzgar delitos que se adscriban en los tratados y convenios internacionales ratificados por España. Precisamente, el delito de tortura está contemplado en la Convención contra la Tortura suscrito en 1984 y ratificado en 1987.

A este tribunal español han llegado, desde los 29 culpables (ya sentenciados) de los atentados islamistas del 11 de marzo de 2004 en Madrid, hasta solicitudes de enjuiciamiento a Fidel Castro por supuestos actos de genocidio en Cuba.

Al día de hoy, 26 pobladores de Atenco siguen en prisión, 3 de ellos en un penal de máxima seguridad, con una sentencia de 67 años, que indignó no sólo a las y los ciudadanos sino a voces en distintos medios de comunicación mexicanos. Más de 200 procesos judiciales contra los habitantes de San Salvador Atenco continúan abiertos. Ninguno contra la policía.

La Audiencia Nacional tiene competencia para juzgar estos hechos gracias al principio de jurisdicción internacional: Cuando se cometen una serie de hechos delictivos en un Estado y no son investigados ni las personas responsables juzgadas, otro Estado puede tener competencia para conocer los hechos, juzgarlos y buscar a quienes fueran responsables. La abogada que representa a Cristina Valls, Paloma Soria, afirmó que precisamente España tiene una “interpretación muy avanzada” de este principio.

“La Audiencia Nacional tiene ahora mismo en sus manos la posibilidad de que el caso de Cristina no quede en la impunidad”, señaló la abogada, que recordó que tanto México como España ratificaron la convención de la ONU sobre la tortura. Añadió además que son ya muchos los tribunales internacionales y regionales los que se han pronunciado en sus sentencias para decir que la violencia sexual es tortura.

“La violación sexual es un método de tortura y así se tiene que reconocer. Queremos que no vuelva a suceder, las mujeres llevamos mucho tiempo sufriendo esto. Hasta hora no hay ningún responsable ni mando castigado y los medios de comunicación mexicanos han criminalizado este movimiento”, concluye Cristina.

“Quiero destacar que si no fuese por la legislación española que nos permite poner querellas por violaciones de derechos humanos fuera del territorio español, nuestra representada se quedaría sin amparo, sin derecho a la justicia”, expresó Waisman.

08/JP/GG

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