Tras nueve años de espera y demanda de justicia por parte de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) por fin se declaró incompetente para investigar las violaciones sexuales cometidas contra ellas por parte de soldados en el 2002 y remitió el caso a la Procuraduría General de la República (PGR).
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan» calificó el hecho como inédito e informó que el pasado 12 de agosto las dos investigaciones relativas al caso fueron remitidas al fuero civil federal, lo que constituye el primer paso para enjuiciar a los soldados responsables de las violaciones contra Inés y Valentina.
Ese día, la PGJM notificó por escrito a las dos indígenas tlapanecas que las averiguaciones relacionadas con la violación sexual y tortura cometida en su contra por elementos del Ejército mexicano en 2002, fueron trasladadas a la PGR.
En el oficio, el Ministerio Público de la PGJM informa que la Fiscalía Militar declaró su «incompetencia» para seguir investigando ambas indagatorias (SC/179/2009/II-E y SC/180/2009/II-E). Por tanto el 29 de julio pasado giró dos oficios a la Subprocuraduría Regional de Control de Procesos y Amparo de la PGR para que esta última determine qué procede.
En un comunicado de prensa, Tlachinollan afirmó que la notificación señala que el hecho se motivó en las características de las denuncias presentadas, en las disposiciones de la reciente reforma constitucional en materia de Derechos Humanos (DH), y en las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CoIDH) en contra del Estado mexicano.
Con esta decisión de la PGJM, las indígenas oriundas de Guerrero, quienes fueron violadas sexualmente por soldados hace nueve años, se convirtieron en las primeras víctimas en hacer válida la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinó limitar el fuero militar en caso de violaciones a DH a manos de las fuerzas armadas.
El pasado 28 de julio Tlachinollan exigió a la PGR y a la PGJM que trasladaran las investigaciones al fuero civil en cumplimiento con las disposiciones de la SCJN, y aunque los representantes legales de ambas indígenas esperaban una respuesta en un plazo de 48 horas, ésta llegó 15 días después.
La obligación de investigar en el fuero civil estos delitos de violación sexual cometidos por soldados fue una precisión que hizo la CoIDH en las sentencias que notificó el 1 de octubre de 2010 y con las que responsabilizó al Estado mexicano por la violación de la integridad personal y las garantías judiciales de una debida investigación de ambas indígenas.
En opinión de los representantes legales de Inés y Valentina, la resolución es consecuencia de la lucha que emprendieron hace nueve años acompañadas de organizaciones civiles, así como de cientos de personas que a título individual y colectivo se han sumado a su demanda para exigir limites al fuero militar.
En el comunicado, Tlachinollan exige a la PGR que acate su responsabilidad ineludible de ejercitar acción penal ante los tribunales federales contra los militares responsables que ya han sido identificados por Inés y Valentina.
«No existe, por tanto, pretexto alguno para llevar las investigaciones hacia direcciones que conduzcan a la impunidad, como en su momento lo hizo la PGJM o la propia PGR al intentar remitir las investigaciones al fuero local», precisa Tlachinollan.
Al mismo tiempo recuerda que la CoIDH estableció parámetros específicos que debe satisfacer la investigación de los hechos para fungir como efectiva reparación: actuar en un plazo razonable, con debida diligencia, con perspectiva de género y etnicidad, sin revictimizar a Inés y Valentina y garantizando su seguridad.
La organización de DH explica que la remisión al fuero civil de los casos no agota las obligaciones internacionales de México, aunque asegura que «posibilita que la investigación sea conducida por un órgano que no presenta los vicios inherentes al fuero castrense», por lo que constituye un precedente fundamental en el reforzamiento de los controles civiles sobre las fuerzas armadas.
El llamado ahora es que la titular de la PGR, Marisela Morales, garantice una investigación que se ajuste a las directrices impuestas por la CoIDH, «lo que será exigido y monitoreado por las organizaciones que a lo largo de más de nueve años han acompañado a Inés y a Valentina en su búsqueda de justicia», finaliza el comunicado.
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