Hasta hoy la política de los gobiernos estatal y federal para resolver los crímenes de casi 400 mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, ha sido discriminatoria y negligente; en consecuencia, un fracaso. Ningún gobierno, ni priista ni panista, quiere cargar con el peso de 10 años de impunidad.
En todos estos años, la desaparición de mujeres ha acompañado el feminicidio en Ciudad Juárez. El 24 de noviembre pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que logró acceder a sólo 395 expedientes de los cuatro mil 587 que reportan a mujeres desaparecidas; las autoridades de Chihuahua carecían de información.
Los asesinatos y las desapariciones de mujeres sin resolución hasta ahora han llamado la atención de la comunidad nacional e internacional gracias a la movilización de familiares de las víctimas, así como de las organizaciones de mujeres, de activistas en derechos humanos y de la sociedad en general.
Durante esta década ha sido obvia la ineficacia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua (PGJECH), tanto en la integración de expedientes, recolección de evidencia y preservación de escenas del crimen, por sólo mencionar algunas de las múltiples irregularidades.
Hoy, la esperanza en el esclarecimiento de la masacre y desaparición de mujeres, se concentra en la actuación de la recién nombrada Fiscal Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, María López Urbina, a quien se le reconoce una trayectoria importante en el combate del narcomenudeo.
SERIE DE DEFICIENCIAS
Los gobiernos panistas y priistas del estado de Chihuahua han mantenido una actitud discriminatoria en la solución de los crímenes en contra de la población femenina. A lo largo de 10 años han pasado más de tres procuradores estatales de justicia y dos gobernadores, pero la violencia continúa.
Hoy por hoy, el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez constituye una de las muestras más paradigmáticas de las graves fallas en el sistema de justicia de nuestro país, lo que ha derivado en impunidad como detonante de la violencia social en aquella ciudad fronteriza.
En ese sentido, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) ha realizado diversas visitas a Ciudad Juárez para revisar expedientes de varios de los casos de las mujeres asesinadas o desaparecidas. El resultado: una larga lista de irregularidades.
Retardo injustificado en la integración del expediente, ausencia de las diligencias para la adecuada investigación; fabricación de pruebas que desvían la investigación; negligencia en las comparecencias de los probables responsables y de las personas que son señaladas como sospechosas, entre otras.
Organismos nacionales e internacionales han emitido recomendaciones con respecto a la actuación de las autoridades locales y federales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió en su momento al gobierno mexicano crear una coordinación interinstitucional en todos los niveles de gobierno.
En ese sentido, en julio del año pasado se creó la Subcomisión de Coordinación para Prevenir y Sancionar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, dependiente de la Secretaría de Gobernación que desarrolla 40 acciones para fortalecer la procuración de justicia y promoción de los derechos humanos. No obstante, la violencia contra las mujeres no se detiene.
En este contexto, las autoridades encargadas de la impartición y procuración de justicia mexicanas fueron criticadas por la Comisión de Expertos contra la Droga y el Delito de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por aceptar confesiones bajo tortura de los supuestos responsables de los homicidios de mujeres.
Al dar a conocer su informe final el jueves pasado-tras visitar nuestro país en septiembre del año pasado-el encargado de la misión de la ONU , Edgardo Buscaglia, señaló que la falta de respuesta institucional propicia que continúen los homicidios.
Desde noviembre del año pasado, la Comisión de Naciones Unidas adelantó que el gobierno de Chihuahua no tenía la capacidad de resolver los crímenes, «sin una más amplia intervención federal de la que se ha manifestado hasta ahora».
Esto implicará, según el informe, que exista un flujo de inteligencia táctica que deberá ser reflejada en las averiguaciones, teniendo en cuenta que un significativo número de casos de homicidios dolosos con violencia sexual tendrían que haber sido tipificados de orden federal.
El diagnóstico del organismo internacional refirió la existencia de errores técnicos jurídicos y de carácter operativo han llevado a errar las líneas de investigación, lo cual se refleja en abusos como detenciones arbitrarias.
También, la relatora especial para la Independencia de Jueces y Abogados de Naciones Unidas, Param Cumaraswamy, estuvo en Ciudad Juárez. En su informe dejó asentado que la investigación ha sido «ineficiente e incompetente, si es que acaso ha habido alguna investigación».
El 12 de febrero de 2002 la relatora especial de Asuntos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Martha Altolaguirre, arribó a Ciudad Juárez para reunirse con familiares de las víctimas, organizaciones civiles y autoridades locales y federales. La comisionada se dijo decepcionada por la negligencia y lentitud de las autoridades en el seguimiento de los casos de mujeres asesinadas.
Así -con el beneficio de la duda-, se espera que la actuación de la nueva fiscal, María López Urbina, ponga fin a 10 años de impunidad y de una vez por todas termine la violencia que azota a Ciudad Juárez y que ha cobrado la vida de tantas mujeres.
MADRES DE LAS VICTIMAS
Las madres de las víctimas quienes claman justicia para sus hijas, son habitantes de colonias populares de en Ciudad Juárez, trabajadoras que perciben menos de dos salarios mínimos, la mayoría de ellas sólo tiene estudios de primaria.
Son madres de jóvenes desaparecidas, algunas de ellas finalmente encontraron a sus hijas. Violadas, asesinadas y tiradas en cualquier lugar. Otras continúan buscándolas. Su lazo de unión es el sufrimiento de haberlas perdido o la angustia de no sabe nada de ellas.
Sin embargo, agrupadas en organizaciones como Justicia para Nuestras Hijas, Mujeres de Negro, Casa Amiga y Nuestras Hijas de Regreso a Casa, no cesan la lucha por denunciar la negligencia de las autoridades para investigar cabalmente los asesinatos y las desapariciones de mujeres.
Asimismo, terminar con las diversas irregularidades en los procesos judiciales contra los presuntos responsables de esos delitos, con la esperanza de que esta larga historia de terror llegue a su fin.
04/RGL/GBG
