Caso Yakiri: botón de muestra de la misoginia en sistema judicial

El futuro de Yakiri Rubí Rubio Aupart, de 20 años de edad, está por definirse aunque permanecerá en prisión mientras las autoridades capitalinas investigan si la joven merece obtener su libertad o pasar de 20 a 60 años de prisión por el homicidio de Miguel Ángel Ramírez Anaya, el sujeto que presuntamente la violó.   
 
El pasado 17 de diciembre el Juzgado 68 penal, a cargo del juez Santiago Ávila Negrón, consideró que había pruebas suficientes para vincularla a proceso, así que le dictó auto de formal prisión para recluirla en un primer momento en el penal de Santa Martha Acatitla y posteriormente en el de Tepepan, por lo que la familia de la joven decidió emprender una campaña para comprobar que el homicidio fue en defensa propia.
 
En entrevista con Cimacnoticias, José Luis Rubio y Marina Aupart, padres de la hoy acusada, relataron que el pasado lunes 9 de diciembre alrededor de las 8 de la noche Yakiri se dirigía a ver a su novia, cerca de la colonia Doctores, sin embargo su trayecto fue interrumpido porque en el camino fue amagada y secuestrada por dos desconocidos.
 
El padre de la joven lanzó una petición en la página web change.org, en la que relata que los agresores de su hija la insultaron, la amenazaron con un arma blanca y por la fuerza la llevaron a un hotel. En ese lugar Miguel Ángel Ramírez Anaya la violó sexualmente y estuvo a punto de acuchillarla, pero ella logró torcer la muñeca y dirigirle el cuchillo al agresor.
 
De acuerdo con la narración del padre, el criminal salió herido y escapó. Yakiri huyó del hotel semidesnuda, gritando y pidiendo ayuda. Logró llegar a una nevería donde explicó que acababa de ser violada y pidió apoyo para llamar a la policía.
 
Al llegar la policía, explicó el ataque al que sobrevivió y se realizó un recorrido en busca del agresor y su cómplice. Localizaron a Luis Omar Ramírez Anaya, hermano del agresor, quien acusó a la joven de haber matado a su hermano.
 
Yakiri era hasta hace unos días comerciante y vendedora de bolsas y mochilas, y sus padres son promotores culturales. “Irónicamente terminamos aplastados por la justicia”, dijo José Luis.
 
LAS PRUEBAS
 
El caso de Yakiri causó tal revuelo que el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Rodolfo Ríos, ha dado varias declaraciones al respecto para asegurar que hay pruebas que indican que la joven acudió el hotel por voluntad propia y que no fue violada.
 
Asimismo, según reportó el funcionario, en el expediente del caso se asentó que Yakiri llevaba consigo dos cartas firmadas con el nombre de Miguel Ángel, lo que a decir del funcionario evidencia que entre ella y el presunto agresor –del mismo nombre– había una posible relación sentimental.
 
La tesis del asesinato doloso también fue sustentada por el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la PGJDF, Edmundo Garrido, quien declaró que la joven “se citó” en un hotel con el supuesto agresor, que los exámenes ginecológicos realizados el 9 de diciembre no arrojan signos de violencia sexual, y que encontraron que el occiso y la joven mantenían comunicaciones telefónicas.
 
Según testimonios del encargado del hotel, Yakiri y Miguel Ángel llegaron al lugar solos y sin señales de que fuera un encuentro forzado. Igualmente se dijo que tras dos horas el sujeto salió herido, y luego ella salió con una mochila donde se encontraron dos armas punzocortantes y los teléfonos celulares de ambos.
 
Al respecto, el padre de la joven dice que en una reunión que tuvo con Edmundo Garrido, el funcionario le dijo que no creyera todo lo que se publicaba en la prensa porque luego mal interpretaban sus declaraciones. Ante el reclamo de José Luis Rubio para conocer las supuestas pruebas, la respuesta fue que aún se estaba investigando.
 
En tanto, la abogada Ana Katiria Suárez Castro sostuvo que ante la desinformación divulgada por los funcionarios, la defensa se reunió con el titular de la PGJDF para exponer el caso y hacerle ver que no hay comunicación entre los mandos superiores y el personal que lleva el caso, por lo que el servidor se comprometió a respetar las pruebas que se aporten.
 
Afirmó además que una muestra de las irregularidades es que apenas este 18 de diciembre el caso fue radicado a la Agencia Especializada de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio Doloso en Agravio de Mujeres y Personas con Orientación o Preferencia Sexual y por Identidad o Expresión de Género y Feminicidio, de la PGJDF.
 
JUSTICIA MACHISTA
 
La situación de Yakiri atrajo la atención del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal y del Instituto Nacional de las Mujeres, e incluso éste último emitió un comunicado para informar que daría puntual seguimiento a fin de que el caso se analizara conforme el protocolo para juzgar con perspectiva de género que recientemente publicó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
 
Este instrumento señala, entre otras cosas, que juzgar con perspectiva de género implica hacer realidad el derecho a la igualad y que se trata de un enfoque para detectar los impactos diferenciados de una norma, analizar contextos de desigualdad basados en el sexo, el género o las preferencias sexuales y cuestionar las necesidades de las víctimas. 
 
Sin embargo el caso de Yakiri no es el primero en el que el sistema de justicia castiga a una mujer que se defendió para evitar ser víctima de violación sexual. Por ejemplo, está el caso de Claudia Rodríguez Ferrando ocurrido en febrero de 1996, en el Estado de México.
 
Al salir de una fiesta, Claudia y el novio de su amiga iban rumbo a sus casas pero él la arrojó a un barandal y desgarró su ropa para violarla. Claudia sacó de la bolsa de la chamarra una pistola y lo amenazó, pero él no se detuvo así que ella jaló el gatillo.
 
En su momento, el entonces juez Gustavo Aquiles Gasca se negó a considerar que la joven se defendió y recalcó que de acuerdo con el estudio forense resultó que la sangre del hombre estaba saturada de alcohol, mientras que la de ella no. “Él no pudo estar consciente de sus acciones, mientras que ella sí pudo haber evitado las suyas”, dictaminó el juez.
 
Tras pasar poco más de un año en prisión, Claudia obtuvo su libertad porque se le juzgó por el delito de “exceso de legítima defensa”, lo que evitó que el sistema de justicia reconociera que ella fue víctima y que era preferible que se defendiera a ser agredida y quizás asesinada.
 
En el caso de Yakiri, su defensa legal, según dijo la abogada Suárez Castro, se abocará a comprobar que la joven fue agredida sexualmente y que las lesiones que causó a su agresor fueron en legítima defensa, por lo que debe quedar en libertad.
 
No obstante aún esperan que se resuelva el amparo que presentaron el 17 de diciembre para revocar la decisión del Juzgado 68 que dictó el auto de formal prisión, y que podría resolverse hasta después de este periodo vacacional.
 
En tanto, ella permanecerá en el Centro de Readaptación Femenil de Tepepan a donde fue trasladada el 19 de diciembre como una forma de resguardar su seguridad ante las amenazas y agresiones que recibió por parte de las internas de Santas Martha Acatitla.
 
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