Inicio Casos de Inés y Valentina podría sentar precedentes para revertir impunidad militar

Casos de Inés y Valentina podría sentar precedentes para revertir impunidad militar

Por Anayeli García Martínez

Valentina Rosendo Cantú, indígena tlapaneca que en 2002 fue violada por militares en Barranca Bejuco, en el estado de Guerrero, encontrará justicia, cuando se logren implementar las reformas estructurales que reviertan la impunidad del fuero militar, afirmó Mario Patrón, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”.

El caso de Valentina, junto con el de Inés Fernández Ortega, también indígena tlapaneca violada por militares en 2002, puede sentar los precedentes para instaurar mecanismos de control de las fuerzas armadas, quienes hoy en día ejercen todas las tareas de seguridad pública e investigación de delitos, y por lo cual, necesitan de mecanismos de control y vigilancia, sostuvo Mario Patrón.

En conferencia de prensa, en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el también defensor de Valentina, dijo que la tortura y la violación sexual que ella vivió, refleja la violencia que el Estado ejerce contra las mujeres, quienes son víctimas de una constante violencia institucional, de ahí la importancia de este caso, que en octubre de 2006 llegó al Sistema Interamericano.

El caso de Valentina, es el tercero por violaciones de Derechos Humanos (DH) cometidas por militares en Guerrero que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), pero además es paradigmático porque se trata de una violación sexual cometida contra una niña indígena y pobre, así lo afirmó Alberto Herrera, director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI), México.

El 16 de febrero de 2002, a los 17 años de edad, Valentina fue torturada y violada sexualmente por dos militares, mientras otros seis observaban la agresión. Después de lo sucedido, el 8 de marzo de ese año, denunció los hechos ante el Ministerio Público en Allende, Guerrero, quien solicitó exámenes que no fueron realizados porque el médico se negó a revisarla por miedo a los militares.

Días después, el 19 de marzo, un médico dictaminó “huellas de violencia”, pero el 8 de abril de 2002, la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, declinó su competencia a la justicia militar, la cual archivó el caso en 2004 por “no acreditar” la violación sexual.

Una vez agotadas las instancias nacionales, el 10 de noviembre de 2003, la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco, el Centro Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional demandaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la admisión del caso, que fue aceptado el 21 de octubre de 2006.

Fue en agosto de 2009, cuando el expediente se trasladó a la CoIDH y será el próximo 27 de mayo, en San José, Costa Rica, cuando el Estado mexicano comparezca en una audiencia donde se desahogarán pruebas y se presentarán los últimos alegatos orales.

AGENDA EN DERECHOS DE LAS MUJERES

Los casos de Valentina e Inés, implican violencia social e institucional, debido a que ambas mujeres fueron víctimas de un sistema de justicia que dudó de su palabra, no les proporcionó los servicios de salud física y mental necesarios, y además rompió el tejido social de toda una comunidad, señaló Mario Patrón.

Dijo que durante la próxima comparecencia ante la CoIDH, las y los representantes legales de Valentina pedirán que el máximo tribunal exhorte al Estado mexicano a diseñar reformas legislativas en materia de fuero militar y que se garantice que las víctimas de violaciones a DH cometidas por elementos castrenses puedan recurrir al amparo.

Por su parte Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro Prodh, recordó que la justicia militar debe ser restrictiva y que el Estado mexicano ya recibió una sentencia en este sentido, cuando en diciembre del año pasado la CoIDH condenó la desaparición forzada del activista, Rosendo Radilla Pacheco a manos de soldados.

BÚSQUEDA DE JUSTICIA VULNERA A VÍCTIMAS

El poder y la influencia del ejército se refleja en el miedo que mantiene la población de Guerrero, un factor que obligó a Valentina a salir de su comunidad después de que atacaron una de sus fibras más sensibles; tratar de secuestrar a su hija, destaca Mario Patrón.

Enfatizó que los casos de Valentina e Inés demuestran la vulnerabilidad en la que viven las y los defensores de DH. Explicó que la CoIDH sólo ha otorgado medidas provisionales en tres casos, el primero fue en el de la defensora Digna Ochoa, los otros dos, son los de estas indígenas.

Afirmó que sumando ambos casos, son cerca de 130 personas -entre victimas, testigos, familiares y defensoras y defensores de DH- a quienes se les otorgaron medidas para salvaguardar su integridad, sin embargo éstas no se han cumplido.

“No existe un programa de protección de DH que garantice la seguridad inmediata, más aún no existe un nivel de especialización de investigaciones a fondo, es decir la impunidad es un caso estructural que se recrudece en el caso de estas indígenas”, declaró el abogado.

A pesar de esto, tanto Valentina -quien en un principio no estaba plenamente segura de iniciar el proceso en la CoIDH por su experiencia en el sistema de justicia mexicano- como su defensa, tienen la esperanza de que re reconozcan las violaciones que sufrió y que se haga justicia.

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