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Casos Juárez e Iguala demuestran inoperancia de instituciones

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La desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, demuestran la inoperancia de las instituciones del Estado mexicano para garantizar justicia a las familias.
 
Además, tienen la similitud de que a través de la criminalidad las autoridades dan el mensaje de que son “dueñas del territorio, la vida y el poder en México, y no la sociedad”.
 
Así lo observó hoy la doctora Rita Laura Segato, doctora en Antropología, en la conferencia “Testimonio, víctimas y luchas por la verdad. Reflexiones críticas desde Latinoamérica para el caso de Ayotzinapa”, realizada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
 
En su reflexión sobre la desaparición forzada en 2014 de los 43 estudiantes en Iguala, la profesora del Departamento de Antropología de la Universidad de Brasilia destacó la necesidad de observar estos hechos criminales en el contexto de la violencia que vive América Latina (AL), y desde una óptica de desigualdad de clases y de razas que responde a una conquista que –acotó– empezó hace siglos y no ha terminado en la región.
 
La experta enfatizó que el caso Ayotzinapa guarda similitudes con el feminicidio en Ciudad Juárez, hecho que ella analizó en diversas publicaciones.
 
Por ejemplo, explicó, en las desapariciones y asesinatos de mujeres en Juárez –que datan desde 1993, sobre todo contra jóvenes de bajos ingresos que trabajan en las maquilas–, el cuerpo femenino se usó como “telar” para dejar en claro que en esa urbe fronteriza hay “dueños del poder” (los tratantes de mujeres, las autoridades de gobierno y los dueños de las maquiladoras) que controlan el territorio y los cuerpos.
 
Rita Laura Segato apuntó que en el caso de los normalistas desaparecidos, la mayoría de origen indígena y de bajos ingresos, el mensaje que se manda es que las instituciones de gobierno pueden tomarse “el privilegio de silenciar la verdad”, pues son las dueñas del poder, un signo de un “Estado colonizado”, agregó.
 
La también coordinadora del grupo de investigación de Antropología y Derechos Humanos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Brasil recordó que cuando se habla de crimen organizado, como en el caso Ayotzinapa y el de Ciudad Juárez, no se trata de “malhechores” sino de criminalidad, de enriquecimiento, de lavado de dinero y de control de la política a grandes escalas.
 
Por eso, Segato puntualizó que un “error” de las familias en ambos casos ha sido apostar en las instituciones del Estado, para resolver las violaciones a Derechos Humanos, ya que los crímenes perpetrados desde el poder (como ha sido en toda AL) nunca se resuelven y esa es la verdad que debe denunciarse, sostuvo.
 
Los dos casos (Ayotzinapa y Juárez), abundó, recuerdan que el Estado es “inimputable”, por lo que la sociedad debe organizarse y fortalecerse a través de sus propias instituciones y las de los pueblos, para crear formas de justicia alternas a las del gobierno.
 
La antropóloga, que ha trabajado en Estados Unidos, Canadá, Francia, Argentina y otros países, añadió que ante esta alerta, la sociedad y las familias no deben ceder al silencio ni a la desunión.
 
Recomendó a las madres de los normalistas –presentes en el evento– que transmitan su experiencia política de una generación de madres a otras, para acumular conocimientos sobre cómo funciona el Estado y consigan, juntas, defender la verdad.
 
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