La justicia mexicana está frente a una situación histórica, pues de aplicarse la ley con objetividad, imparcialidad, independencia y pleno respeto a los derechos humanos se estaría castigando –por primera vez– a ex militares en el fuero común que cometieron delitos sexuales contra 14 mujeres en la entidad de Castaños, Coahuila, declaró la diputada federal Maricela Contreras Julián.
De ser sentenciados conforme a derecho, ocho de los 12 soldados que fueron identificados por las víctimas, se rompería el hito de impunidad que pesa contra los miembros del Ejército, por este tipo de conductas, sostuvo la legisladora perredista.
Al presentar ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una proposición con Punto de Acuerdo, relativo al caso de las mujeres violadas en Castaños, Coahuila, la presidenta de la Comisión de Equidad y Género en la Cámara de Diputados enfatizó que no es interés con esta proposición denostar el papel del Ejército Mexicano, sino exigir castigo para sus miembros, que abusando de la autoridad quebrantaron el orden jurídico y violaron los derechos de las mujeres.
Dice la propuesta:
«PUNTO DE ACUERDO. ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de poderes, exhorta al Poder Judicial de la Federación para que en el proceso de las 14 mujeres agredidas sexualmente en la zona de tolerancia de Castaños, en la resolución que dicte el Juzgado Segundo de lo Penal, con sede en Coahuila, se apegue a los principios de independencia e imparcialidad, analizando de forma objetiva las pruebas y aplique la sanción que corresponde conforme a Derecho a los responsables».
Maricela Contreras, dijo que en los últimos años han surgido diversas denuncias públicas sobre agresiones sexuales y violencia contra mujeres y niñas, en las que se señala como presuntos responsables a efectivos militares.
Al cumplirse un año de que miembros del Ejército Mexicano fueran señalados como presuntos responsables violar a 14 mujeres en la comunidad de Castaños, Coahuila, aún no se conoce el resultado de los procedimientos.
Desde la máxima tribuna de la nación, para describir las secuelas de esos hechos, la legisladora citó las palabras del sacerdote Raúl Vera, quien ha dado puntual seguimiento en la defensa de las mujeres vejadas:
Quienes escuchamos a las víctimas al día siguiente de la agresión pudimos constatar el exceso de crueldad con el que fueron tratadas y la experiencia de terror y angustia al que estuvieron sometidas durante tanto tiempo. Mismos sentimientos experimentados por los policías agredidos, quienes también sufrieron amenazas por parte de los militares, y quienes también integraron su respectiva denuncia.
Contreras Julián destacó que a lo largo de un año, las 14 mujeres y sus familias han vivido con miedo y bajo amenazas; recientemente, dos jóvenes se retractaron de sus acusaciones, debido a las presiones que recibieron. Agregó que además una de las mujeres violada por seis soldados ha sido constantemente acosada, por lo que ha tenido que recibir protección de las autoridades.
Una más de ellas, continuó su relato, acaba de dar a luz a una niña producto de este ataque sexual y las demás tuvieron lesiones psicológicas y físicas de consideración.
Enfatizó que no sólo las propias víctimas de esos hechos han recibido amenazas o presiones, sino que también las abogadas del Centro de Orientación y Protección a Víctimas de Violencia Familiar han sido objeto de hostigamiento por asumir de manera responsable la asesoría legal y brindar atención psicológica a las bailarinas de Castaños.
La integrante de la bancada perredista dijo que, además, se ha denunciado un cerco en torno a las mujeres vejadas, tanto informativo como de apoyo por parte de diversos organismos defensores de los derechos humanos.
En medio de todo ese ambiente, argumentó, el proceso contra los presuntos responsables, que inició en agosto pasado cuando la Procuraduría Militar decidió entregar a ocho de los 12 elementos que fueron reconocidos por las mujeres agredidas, concluirá cuando el juez de la causa, Hiradier Huerta Rodríguez, dicte la sentencia entre el 12 y 19 de agosto próximo, luego de analizar las 19 mil fojas que conforman los expedientes contra los ex soldados detenidos en el Centro de Readaptación Social de Monclava, apuntó la diputada federal.
A UN AÑO DE LOS HECHOS
Al recordar los hechos, Maricela Contreras detalló: «el 11 de julio de 2006 un grupo de soldados pertenecientes al 14º regimiento motorizado y de caballería del Ejército Mexicano, que resguardaban las boletas electorales de las pasadas elecciones presidenciales, abandonaron sus puestos para dirigirse a la zona de tolerancia del municipio de Castaños.
«De esa noche, resultaron 14 mujeres agredidas sexualmente por esos militares, de los cuales ocho de ellos se encuentran detenidos y sujetos a juicio por el fuero común. Se identificó como responsables a:
«Fernando Adrián Madrid Guardiola, Norberto Francisco Carlos Vargas, Juan José Gaytán Santiago, Omar Alejandro Rangel Fuentes, Rosendo García Jiménez, Norberto González Estrada, Casimiro Ortega Hernández y Ángel Antonio Hernández Niño, los cuales fueron entregados por la Procuraduría Militar a las autoridades civiles para que fueran juzgados por esta vía.
«Al momento de los hechos, los militares portaban los uniformes, y utilizaron las armas y vehículos oficiales propiedad del Ejército para golpear, amedrentar e intimidar a las mujeres violadas, así como amenazar y golpear a policías, taxistas y clientes que se encontraban en los establecimientos de El Pérsico y Las Playas de la zona de tolerancia de Castaños.
«Todas estas personas fueron reconocidas por las mujeres agredidas sexualmente», precisó la legisladora.
Maricela Contreras concluyó que el juez que conoce la causa cuenta con elementos suficientes para dictar las sentencias que conforme a Derecho correspondan; sin embargo, el daño que se ha causado a las 14 mujeres violadas es irreparable y mínimamente debe hacerse justicia en este lamentable hecho.
07/MLT/GG/CV
