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Castaños: concluye proceso próximo lunes

Por Soledad Jarquín Edgar/enviada

Sandra de Luna González abogada de víctimas de violencia sexual en el municipio de Castaños, Coahuila, sonríe, mueve la cabeza de un lado a otro y sostiene que desestimar la declaración de la mujer indígena náhuatl de 73 años, quien antes de morir declaró que fue violada por soldados, resulta simple y sencillamente imposible de creer.

No, eso no puede ser posible, dice incrédula y molesta. Agrega que lo dicho por la indígena de la Sierra de Zongolica, en Veracruz, debió ser la línea de investigación para llevar directamente a los cuatro militares que la habrían atacado.

No es posible, reitera, cuando se le informa que el propio Felipe Calderón señaló que la mujer, «murió de gastritis crónica mal atendida» y se le cuestiona qué se puede esperar del juicio contra ocho soldados detenidos por violencia sexual contra trabajadoras de la zona de tolerancia en el municipio conurbado de Castaños, aquí en la zona centro de esta entidad norteña.

Quizá, explica, a diferencia de lo que pasó en Veracruz, «nosotras nunca quitamos el dedo del renglón, para nosotras fue muy claro el dicho de las víctimas, en el sentido de que fueron violadas por los soldados, la madrugada del 11 de julio de 2006».

Luego añade que el Ministerio Público es una autoridad de buena fe y tiene la obligación de creerle en todo momento a la víctima de un delito, «en este caso desconozco cual sería el motivo o el trasfondo que hay en una situación como la de Veracruz y decir que la señora murió de otra cosa y no por lo que ella misma alcanzó a declarar que le pasó».

– ¿El proceso de Castaños sería ejemplar y emblemático en México? ¿Sería la primera vez que se castigue a soldados involucrados en actos de violación contra mujeres?

– Sí, estamos conscientes de ello. También lo están las mismas afectadas. Ellas han resumido en una sola palabra lo que quieren y es Justicia, «ellas dicen queremos justicia no dinero, porque los militares nos humillaron, pensábamos que nos iban a matar». Se salvaron por nada.

ETAPA FINAL DEL PROCESO

A sólo unos días de que este proceso alcance su etapa final, luego de que el próximo 26 de marzo se realizará la audiencia de inspección en la zona de tolerancia y la sentencia podría darse a conocer a finales de junio o principios de julio, De Luna González sostiene que las y los habitantes de Coahuila deben ver a las víctimas de Castaños como heroínas.

Recordó que los más de 20 militares del 14 Regimiento Motorizado de Caballería y que pertenecen a la Sexta Zona Militar que participaron en el asalto a la zona de tolerancia –12 de ellos señalados por agredir sexualmente a 14 trabajadoras, una de las cuales no denunció a sus agresores? se presentaron en el lugar utilizando recursos federales como armas, uniformes y vehículos para irse a emborrachar.

«Los soldados pusieron en riesgo a las y los ciudadanos de los municipios de Monclova y Castaños y fueron estas mujeres las que salvaron a las dos comunidades precisamente al soportar todas estas humillaciones y vejaciones».

La abogada, quien como las víctimas ha sufrido diversos tipos de intimidaciones por «amigos de los soldados», sostiene que de haber intervenido la policía seguramente la tragedia habría sido mayúscula. Por ello, insiste, no podemos dejar pasar por alto la utilización de recursos federales en un acto delictivo y quien tiene la respuesta es la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Hoy, apunta, es cierto que las muchachas están viviendo en un clima de incertidumbre y miedo, por la audiencia del próximo lunes. Pero el mismo juez les ha explicado en qué va a consistir esa inspección, la zona de tolerancia estará resguardada por más de 200 policías.

De todos modos, apunta la abogada, entendemos que el miedo de las víctimas de Castaños, va más allá, pues volverán a recordar involuntariamente lo sucedido en julio pasado, «el día negro» como ellas lo llaman.

Tras hacer un breve recuento de las intimidaciones, que hoy mantienen bajo resguardo y protección a una de las víctimas, otras han sido hostigadas y dos más se retractaron posiblemente por las presiones y amenazas, la activista por la no violencia hacia las mujeres descarta que «los soldados se atrevan a más».

Su intención hasta ahora es que las mujeres se desistan en las audiencias, pero hoy más que nunca el grupo está más compactado, están convencidas que tienen que ser fuertes y ratificar sus denuncias contra los soldados, explica la joven abogada, quien agrega que «ni ellas, ni nosotras en Coprovi tenemos miedo, creemos en Dios y en la justicia».

NO AFECTA LA RETRACTACIÓN DE DOS DE ELLAS

La presidenta de Coprovi sostiene que desconoce que podría haber detrás del desistimiento de dos de ellas en días pasados, «pero nos lo imaginamos», y señala que su retractación el 3 y 5 de marzo durante la audiencia en el Juzgado Segundo en nada afecta el proceso.

Lo anterior, porque el Código Penal es claro: «la retractación debe estar acreditada, no puedes presentarte después de ocho meses a un proceso para decir que lo que había denunciado es completamente falso o que te pagaron para que los denunciaras».

De Luna apunta que una de las dos jóvenes que se retractaron, señaló en la audiencia que efectivamente los militares estuvieron en el lugar de los hechos la madrugada del 11 de julio de 2007 y que sostuvo relaciones sexuales con tres de ellos, pero que no les cobró, porque hubo consentimiento.

«Yo hacía caso a los militares, porque si me decían bájate el calzón me lo bajaba, si me pedían que me quitara la blusa, lo hacía porque hay clientes que se molestan y pensé que ellos podían enojarse y hacerme algo a mi», dice De Luna, quien narra parte de la audiencia del 3 de marzo en que una de las víctimas decidió retractarse y acusar a otras personas de haber recibido dinero de ellas para que acusara de violación a los soldados.

De acuerdo con la abogada de Coprovi esa es la mecánica de una trabajadora del sexo y su declaración denota intimidaciones.

«De todos modos estamos haciendo llegar una serie de documentos firmados por las dos mujeres, que ya fueron analizados por los peritos y corresponden a las firmas que ellas presentaron en su momento ante el Ministerio Público, cuando acusaron a los militares».

De Luna apunta que la verdad histórica y jurídica la tienen las afectadas, quienes siguen ratificando sus dichos, incluso en los careos Constitucionales con sus agresores, los testigos y las afectadas, han señalado con «índice de fuego» a cada uno de sus agresores, hasta ahora los ocho detenidos han sido señalados.

07/SJ/CV

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