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Castaños: entre 24 y 28 de septiembre, sentencia contra soldados

Por Soledad Jarquín Edgar/enviada

Por tercera ocasión, el juez segundo de primera instancia en materia penal, Hiradier Huerta Rodríguez, anunció una fecha para dar a conocer la sentencia a los soldados acusados de violación y lesiones contra mujeres de la zona de tolerancia de Castaños, hechos que este día cumplen 14 meses. Esta vez, dijo que sería entre el 24 y 28 de septiembre.

En mayo pasado, el juez había señalado en entrevista que tendría lista la sentencia contra ocho soldados detenidos y acusados por las trabajadoras de la zona de tolerancia del municipio de Castaños, ubicado a 14 kilómetros de esta ciudad, quienes fueron atacadas por un grupo de soldados el 11 de julio de 2006.

En agosto, Huerta Rodríguez cambió nuevamente la fecha y anunció que sería en la primera quincena de septiembre. El argumento fue el cúmulo de fojas del expediente, que contiene 13 denuncias hechas por las mujeres, ya que aún sigue pendiente un catorceavo caso de violación, luego de que el agresor se encuentra entre los soldados que se dieron a la fuga.

La nueva fecha, que se dio a conocer hace unos días, será entre el 24 y 28 de septiembre y señaló que de aplicar el actual Código de Procedimientos Penales, los soldados violadores recibirían 600 años de prisión, pero si aplica el anterior, luego de que las reformas se dieron durante el juicio, obtendrían un castigo de 180 años de prisión.

De acuerdo con el Código de Procedimientos Penales, el juez puede emplear la ampliación de término para estudiar “cuidadosamente” el expediente. Un día más por cada 300 fojas.

Los expedientes ?ahora acumulados en uno solo- tienen en total 36 mil fojas, lo que equivale a 120 días de ampliación de término para el juez Hiradier Huerta Rodríguez, quien incluso tiene tiempo aún para volver a cambiar la fecha.

LOS HECHOS

Hoy, hace 14 meses, un grupo de 20 soldados pertenecientes a la VI Zona Militar, tomaron por asalto la zona de tolerancia del municipio de Castaños. Durante varias horas, la madrugada del 11 de julio de 2006, violaron a 14 de las trabajadoras de Las Playas y El Pérsico, los dos centros nocturnos que se ubican en el lugar, rodeado de terrenos baldíos y bodegas.

Pese a que se activó el código rojo, tras las llamadas de auxilio de las bailarinas y sexo trabajadoras, ninguna autoridad policiaca pudo intervenir “pensando que se trataba de los Zetas”, señaló un día después en un reporte el presidente municipal de Castaños, Mauro Zúñiga.

Fue otro comando del Ejército, quienes finalmente lograron llevarse a los soldados. Ante la presión ciudadana fueron arrestados por la Procuraduría Militar por abandonar las instalaciones del Instituto Federal Electoral de Monclova, las cuales estaban bajo su resguardo, tras el reciente proceso electoral federal del 2 de agosto de 2006.

Ese mismo día, las trabajadoras de la zona de tolerancia de Castaños empezaron a interponer las denuncias, la última pudo hacerlo hasta el siguiente mes -10 de agosto- debido a la situación psicológica y física que atravesaba.

Otra de las afectadas sufrió al día siguiente un aborto, provocado por las lesiones de la violación y una tercera mujer dio a luz a una bebé en febrero pasado, producto de la agresión sexual, luego de que ninguna recibió anticoncepción de emergencia.

El juicio contra los soldado inició en agosto de 2006, cuando la Procuraduría Militar decidió entregar a los ocho detenidos (ocho de un total de 12 que fueron reconocidos por las víctimas de haber intervenido directamente en las violaciones) para que fueran juzgado por el fuero común, según había sido solicitado por el Juzgado Segundo de lo Penal de Monclova.

Desde entonces las jóvenes han dado testimonio de las agresiones sufridas la madrugada del 11 de julio de 2006, en el transcurso del juicio han visto a sus agresores desde la rejilla de prácticas y en marzo pasado se realizó una inspección en el lugar de los hechos.

De acuerdo con el Centro de Orientación y Protección a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (Coprovvi), las jóvenes no sólo han vivido sujetas al daño emocional que provocó en sus vidas el ataque sexual, también han sido hostigadas y hasta amenazadas por familiares y amigos de los soldados detenidos y sujetos a juicio.

Dos de ellas habrían recibido dinero para retractarse de sus acusaciones iniciales. Ante el juez señalaron que habrían sido obligadas por terceras personas interesadas en acusar a los soldados, una de ellas la vocera de la Diócesis de Saltillo, Jackie Campbell, y la abogada Sandra de Luna.

Versiones entre las afectadas señalan que ambas mienten y que sí recibieron dinero: una obtuvo 18 mil pesos y otra 50 mil pesos por retractarse, lo que ha generado enojo e indignación entre ellas.

El juez Hiradier Rodríguez anunció que será entre el 24 y 28 de septiembre cuando, dé a conocer la sentencias contra los soldados acusados.

07/SJ/GG

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