La retractación de una de las mujeres que acusaron de violación a 11 soldados del Ejército mexicano en los hechos ocurridos en el municipio de Castaños, el 11 de julio de 2006, «es parte de una estrategia ante los acontecimientos ocurridos en Soledad Atzompa, Veracruz, (donde soldados habrían violado a una mujer nahua de 73 años) y podría ser resultado de amenazas contra la víctima», denunciaron el Centro de Protección a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (Coprovi) y la Pastoral de Comunicación de la Diócesis de Saltillo.
El pasado sábado, durante la presentación de pruebas, «Wendy» señaló que al menos cinco personas le dieron 200 pesos (cada una) para que acusara a los soldados del Ejército mexicano de violación.
El Centro de Protección a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (Coprovi) y la Pastoral de Comunicación de la Diócesis de Saltillo señalaron que, más que dinero, detrás de la retractación estarían amenazas.
En entrevista a Cimacnoticias, la jefa de la oficina de Pastoral de la Comunicación de la Diócesis de Saltillo, Jackie Campbell ?una de las personas señaladas por «Wendy» ante el juez segundo, Hiradier Huerta, de haberle pagado para que acusara a los soldados– sostuvo que es lamentable la acusación que carece de bases reales, pues el Obispado de Saltillo nada ganaría acusando a otras personas.
Campbell apuntó que esta mujer, quien ya había denunciado a los soldados y que en varias ocasiones dio su testimonio ante los medios de comunicación, fue una de las víctimas más afectadas ya que al menos tres soldados habían abusado de ella.
Por ello, añadió, habría que decir que hay varias familias de soldados involucradas e interesadas en distraer la atención. Lo más penoso para esta mujer, dice, es que no sólo está actuando en contra de ella, sino del resto de sus compañeras víctimas de la violencia sexual de los soldados.
La jefa de Pastoral de la Comunicación puntualizó que «la nota no son los 200 pesos que asegura le dimos varias personas para que acusara a los soldados, eso es lo de menos, el problema es que ella ha dado un falso testimonio ante las autoridades».
Por otra parte, las abogadas del Coprovi, Sandra de Luna y Martha Castillón, expusieron que a estas alturas del juicio contra ocho soldados detenidos ?cuatro más siguen prófugos- por su participación en la violación a 13 trabajadoras de El Pérsico y las Playas, en la zona de tolerancia de Castaños en julio pasado, nada podría impedir que sean castigados.
Sandra de Luna, presidenta de la asociación civil que lleva la defensa de las víctimas, quien también fue señalada por «Wendy» como una de las personas que le pagó para que denunciara a los soldados, descartó las acusaciones.
Añadió que «Wendy» ahora no sólo se enfrenta al enojo de sus compañeras que sí sostienen sus dichos, sino que además podría ser acusada de difamación por las personas que fueron involucradas este fin de semana, entre ellas el obispo de Saltillo, Raúl Vera; de falso testimonio por parte de la Procuraduría del Estado, y el juzgado podrían acusarla de falsas declaraciones.
Por otra parte, la abogada Martha Castillón dijo que la acusación de «Wendy» contra varias personas podría ser resultado de actos intimidatorios realizado por las familias de los soldados, que durante todo este tiempo buscaron la forma de comprar el silencio de las víctimas.
Sin embargo, estimó que ante las muchas inconsistencias e imprecisiones de la mujer que se retractó, el Juzgado podría desechar sus declaraciones. «Ella ya se dio cuenta del problema en que se metió con sus declaraciones, al grado que este lunes en que tenía que presentarse en el juzgado no lo hizo».
Para el caso, añadió Castillón, «no tendrá ningún peso la retractación, pues son contundentes las versiones presentadas por las otras víctimas y los testigos, incluso la versión de ella misma y que repitió innumerables veces a los medios de comunicación».
Añadió que en el caso de la abogada Sandra de Luna, «Wendy» dijo «el pasado sábado ante el juez que ella le habría dado 200 pesos y una despensa para que denunciara a los soldados de la Sexta Zona Regional por el delito de violación, lo cual es inconsistente por los tiempos».
Recordó que Coprovi tomó el caso una semana después del 11 de julio, hasta que las víctimas hicieron el reconocimiento de los soldados mediante fotografías que facilitó la Procuraduría Militar, «es decir, la licenciada Sandra no pudo darle dinero para que denunciara pues ella presentó su denuncia contra sus violadores el día 12 de julio, un día después del ataque».
Nosotras, agregó, desconocemos quien pudo darle el dinero a «Wendy», es más no sabemos si fue dinero o qué le ofrecieron, quizá esté amenazada, lo que si tenemos claro es que «son patadas de ahogado de la defensa de los ocho soldados detenidos y que están siendo juzgados hasta ahora».
Expuso que en Coprovi tienen conocimiento de que el Obispado de Saltillo ofreció ayuda, pero espiritual a las mujeres de Castaños y que, como Coprovi, tampoco tendría ningún sentido hacer acusaciones en contra de ninguna persona.
Cabe señalar que fue la Procuraduría Militar de la Sedena la que entregó a los ocho soldados detenidos para que fueran juzgados por el fuero común, en tanto otros cuatro soldados permanecen prófugos de la justicia. Estos 12 soldados fueron señalados por las mujeres violadas y testigos, como los que habrían participado en las violaciones sexuales.
La mujer que se retractó, quien había sido identificada como «Wendy» en la información de Cimacnoticias del 11 de agosto, relató que el día de los hechos por los que presentó la denuncia primero fue obligada a desnudarse y a ser sometida a «investigación» por parte de un soldado, quien le introdujo los dedos en la vagina. Luego fue llevada con otro soldado, quien abusó sexualmente de ella y más tarde otros dos soldados abusaron otra vez.
A todos les pidió que no la golpearan, «tenía miedo de que la mataran» y no pudiera volver a ver a su hijo y a su madre, mientras ellos reían, la insultaban y la amenazaban con sus armas si se atrevía a denunciarlos o reconocerlos ante las autoridades.
Pero aunque el Ejército no quería que se hicieran públicas las violaciones, el 20 de julio, «Wendy» entregó al gobernador Humberto Moreira una carta en Castaños, donde estuvo para inaugurar obras, para pedirle «que no nos deje solas, que exija a la zona militar que le entreguen a los soldados, porque ellos saben quienes son».
Ahora, ella misma es quien se retracta de las acusaciones que había hecho en contra de sus atacantes.
07/SJ/GG/CV
