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Castaños: intimidación a víctimas y privilegios a militares

Por la Redacción

Primera de dos partes

Soledad Jarquín Edgar/enviada

Monclova, Coah., 20 marzo 07 (CIMAC).- A una semana de que ocurra la inspección en la zona de tolerancia de Castaños, donde en julio pasado fueron violadas 14 mujeres, los actos de intimidación contra las víctimas continúan, incluso una de ellas cuenta con resguardo y protección de la policía ministerial.

En entrevista, la abogada Sandra de Luna González explicó que el proceso está por terminarse, lo que ha orillado a personas desconocidas, “quizá amigos de los militares”, a realizar actos intimidatorios contra las víctimas para que se desistan y no continúen los procesos, una “táctica empleada por los militares en otros casos”.

La presidenta del Centro de Orientación y Protección a Víctimas de Violencia Intrafamiliar AC (Coprovi), que lleva la defensa de las mujeres que interpusieron denuncias contra elementos del Ejército Mexicano, dijo que a pese a todas las presiones confía en que habrá justicia para las mujeres violadas.

De Luna González apuntó que los ocho soldados detenidos hasta ahora han sido señalados por 13 de las víctimas que denunciaron -una de ellas no interpuso denuncia-, incluso por las dos mujeres que se retractaron de sus dichos a principio se marzo.

La última víctima que se presentó en febrero en las audiencias para el desahogo de pruebas contra los soldados, quien sufrió la violación por parte de seis elementos del 14 Regimiento Motorizado de Caballería y que pertenecen a la Sexta Zona Militar, señaló a dos soldados que no habían sido identificados por ninguna de las otras mujeres atacadas sexualmente la madrugada del 11 de julio de 2006.

De esta forma, apuntó, los ocho detenidos en el penal de Monclova desde agosto han sido plenamente identificados y tres más se encuentran prófugos: José Raúl Ramírez Martínez, Bardominado Hernández García y Ricardo Hernández Hernández.

En tanto, Héctor Méndez de la Cruz podría ser detenido de nueva cuenta, lo cual depende de la valoración que haga la magistrada Martha Elena Aguilar, luego de la apelación interpuesta por la defensa de las mujeres violadas, cuando el juez Hiradier Huerta lo liberó tras sólo ocho días de prisión al finalizar enero.

La abogada de Coprovi expuso que una de las víctimas “fue amenazada por personas que quizá sean amigos de los militares, en el sentido de que deje de denunciar los hechos, porque si no se la va a llevar madres, a ella y a sus hijas”.

PRESIONES A VÍCTIMAS Y ABOGADA

Ante esta circunstancia y a petición de esta trabajadora de la zona de tolerancia de Castaños se la mantiene en un hotel bajo resguardo y protección de la Policía Ministerial, ya que la Procuraduría General de Justicia de Coahuila está obligada a proteger a las víctimas.

Por supuesto, añade, esta situación ha incomodado a la defensa, que ha dicho a los medios de comunicación locales que la tenemos secuestrada, privada ilegalmente de su libertad. Pero no es así, está bajo resguardo legal ante el temor de que algo le pudiera suceder.

Otra de las víctimas que han sido “buscadas por los abogados de los militares es la joven que tuvo a su bebé, producto de la violación. El pretexto es ver qué se le ofrece con relación a la niña. Lo que nosotras decimos -se lo hicimos saber al juez- es que no tienen por qué buscar a las víctimas”.

Y en mi caso, explica Sandra de Luna, pretendieron ensuciar mi nombre, cuando no sé por qué una de las víctimas dijo que yo le había pagado 500 pesos para denunciar a los soldados, cuando interpusieron su denuncia en julio pasado. Declaraciones que califica de irrelevantes y falsas.

Es más, añade, estuvieron buscando si yo trabajaba en alguna instancia de los gobiernos federal, estatal y municipal, para de esa forma presentar alguna denuncia en mi contra por el delito de cohecho, “porque si era servidora pública y la había extorsionado tenían elementos para denunciarme, pero no era así”.

Sin embargo, como medida de precaución, las abogadas del Coprovi tienen que ser custodiadas por policías en su trayecto diario a los juzgados que se ubican en el centro de readaptación social que se ubica a 10 kilómetros de Monclova.

PRIVILEGIOS PARA LOS SOLDADOS

La presidenta de Coprovi señaló que no tiene la menor idea de quién o quiénes podrían estar tras la defensa y protección de los ocho detenidos, pero podría ser “gente de alto rango”, pues cada vez que termina una audiencia, la abogada, Aída Ramírez Guardiola, se comunica por teléfono y emplea un lenguaje especial, como el que se utiliza en el Ejército: “Sí, señor, enseguida, señor, le comunico, señor”.

De Luna González abundó que resulta muy interesante la forma en que los militares tienen copia de los expedientes, cada uno de mil 500 fojas, cuando tienen sueldos de dos mil 500 pesos quincenales.

Otra de las cosas es que los militares detenidos no comen los alimentos que se preparan en el Cereso de Monclova, sino que les llevan desayuno, comida y cena de restaurantes, a través del equipo de abogados defensores.

– ¿Tienen privilegios aún cuando están detenidos?

– Exactamente, son situaciones que nosotros hemos visto y pensamos que alguien de poder podría estar detrás de ellos y financiando el proceso de defensa, sostiene la abogada Sandra de Luna González, quien reitera “el juicio contra las militares va bien”.

07/SJ/GG

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