A cinco meses del asalto a la zona de tolerancia de este municipio por parte de elementos del Ejército mexicano, que violaron a 13 mujeres, poca gente está cerca de las víctimas, sostiene la regidora de Salud, Guadalupe Oceguera Flores, quien advierte un clima de inseguridad sobre ellas y quienes las rodean.
Después de los hechos ocurridos el 11 de julio pasado, «vinieron todos, hicieron declaraciones, se tomaron la foto, prometieron ayudar, dijeron que exigirían justicia, pero ya no volvieron», dice en tono de reclamo la regidora perredista.
Guadalupe Oceguera prefiere no dar nombres «para no equivocarse» de aquellos diputados y diputadas locales, funcionarios estatales y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuyas observaciones o recomendaciones nadie conoce e, incluso, de la gente de las iglesias que prometieron ayuda.
La regidora, quien mantiene contacto con las víctimas, lamenta también que «estén dejando sola a la licenciada Sandra de Luna González, presidenta del Centro de Orientación y Protección a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (Coprovi), quien lleva el caso ante las instancias judiciales.
La regidora se pregunta ¿dónde está toda la gente que había dicho que no quitarían el dedo del renglón para que hubiera justicia? Yo lo que vi fue a mucha gente queriendo salir en la foto, ser protagonistas.
CUATRO SOLDADOS PRÓFUGOS
La concejal se muestra desesperada porque ha pasado el tiempo y el problema no se ha solucionado del todo, pese a que actualmente se lleva a cabo el juicio en contra de ocho de los soldados detenidos y que han sido reconocidos plenamente por las víctimas. Sin embargo, explica la entrevistada, el hecho de que cuatro soldados estén prófugos cambia las cosas.
Ellas ?dice refiriéndose a las 13 víctimas del asalto- enfrentan de manera valiente el proceso, acuden cada día a las audiencias, se han careado con los soldados, reciben terapia psicológica, se preparan, tratan de ser valientes, pero no están seguras, «hasta la abogada ha sido intimidada, ellas mismas han sido perseguidas».
«Yo creo que cinco meses es tiempo suficiente para haber detenido a todos los soldados y mientras eso no suceda, habrá un riesgo latente contra las personas involucradas», apunta preocupada.
Luego cuestiona el accionar del Ejército y de las autoridades judiciales estatales: «yo no sé si están protegiendo a alguien, pero han pasado cinco meses y no detener a todos los soldados que participaron, da mucho qué pensar».
Lo anterior, explica más adelante, porque las autoridades judiciales y militares saben quiénes son los soldados que se dieron a la fuga, incluso se dieron a conocer sus nombres y es increíble que hayan escapado o que uno desertara pocos días después del 11 de julio, cuando las autoridades militares sabían qué había pasado.
Se habla de que los están buscando, al principio dijeron que eran seis, luego que cuatro, pero los soldados andan por ahí y eso pone en riesgo a todas las mujeres, no sólo a las víctimas, a todas, añade la regidora. Además, el armamento y la capacidad de ataque que tiene el personal de seguridad en el municipio no se compara con el que puedan tener los militares prófugos. Dice el Alcalde que contra el Ejército quién puede.
En ese sentido, la regidora de Salud sostiene que es indispensable unir fuerzas, hacer presión y que el problema se solucione de fondo, que no se quede a medias, «que no se queden únicamente con los ocho detenidos y se proteja o se olvide a los otros que están prófugos».
Creo, puntualiza, que cinco meses es tiempo suficiente para que ya los hubieran detenido, para eso hay tantas policías en el país, «bueno, pues que se coordinen y los detengan, eso daría mucha confianza a toda la ciudadanía. Yo me siento decepcionada porque no veo el avance».
EN ESPERA DE JUSTICIA
Guadalupe Oceguera explica que además los medios de comunicación han ocasionado mucho daño a las 13 mujeres, porque siempre actuaron de mala fe, «su objetivo no era difundir los hechos sino explotar el morbo de la gente, hicieron hasta ediciones especiales de revistas, lucraron con el dolor de las mujeres».
Recuerda que no sólo se difundieron testimonios que ellas relataron sino que inventaros las historias y también las fotografiaron. Eso ocasionó problemas serios entre sus familias, sus amigos, vecinos y todo lo que a ellas les rodea, pues fueron expuestas públicamente.
«Porque la percepción de la gente cambia cuando se informa de manera escandalosa de un hecho tan doloroso como es una violación, donde de acuerdo con la costumbre se culpabiliza a la víctima y no al violador. Ahora, si le añadimos que ellas trabajaban en una zona de tolerancia, podemos imaginar los resultados».
Por fortuna no todo fue tan malo. Sabemos que por primera vez los soldados del Ejército son juzgados por el fuero común y la gente de Castaños, como de los municipios aledaños, conocieron las historias, «saben que están aquí por necesidad más que por gusto».
Ahora sólo esperamos que haya justicia, que detengan a los que faltan y las chicas puedan recuperar «al menos parte de su seguridad».
06/SJ/GG/CV
