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Castaños: mujeres violadas por soldados suspenderán labores

Por Soledad Jarquín Edgar/enviada

Esta noche y la noche de mañana miércoles 11 de julio, las mujeres de Castaños violadas por elementos del Ejército Mexicano suspenderán sus labores en la zona de tolerancia donde trabajan para manifestarse y demandar justicia al cumplirse un año del ataque del que fueron víctimas 14 de ellas por parte de militares.

La detención en agosto pasado de ocho ex soldados y la posible conclusión de su proceso judicial con una condena de entre 63 y 100 años para los agresores sexuales de 14 mujeres en el municipio de Castaños hablaría de un hecho histórico sin precedentes en México, de castigarse por vez primera a elementos del Ejército mexicano en un juicio por el fuero común.

El proceso, que inició en agosto pasado cuando la Procuraduría Militar decidió entregar a ocho de los 12 elementos que fueron reconocidos por las mujeres agredidas la madrugada del 11 de julio de 2006, concluirá cuando el juez de la causa, Hiradier Huerta Rodríguez, dicte la sentencia entre el 12 y 19 de agosto próximo, luego de analizar las 19 mil fojas que conforman los expedientes contra los ex soldados detenidos en el Centro de Readaptación Social de Monclova.

Luego de la agresión sexual, “confundida” por las autoridades municipales y estatales, como un posible “ataque de Los Zetas”, lo que habría impedido la intervención policiaca, las mujeres agredidas han enfrentado la presión social, miedo, crisis nerviosas, persecución y amenazas, así como afectaciones físicas como lesiones, infecciones, un aborto y el nacimiento de una niña en febrero pasado.

Han pasado casi 365 días de una violación que marcó sus vidas para siempre, señalan las mujeres agredidas.

Sandra de Luna González, representante legal de las mujeres atacadas por los soldados, sostiene que si el juez Huerta Rodríguez ha planteado a la opinión pública la posibilidad de una sentencia condenatoria, “es porque tiene los elementos suficientes para acreditar la responsabilidad en los hechos ocurridos el 11 de julio de 2006”.

Con amplia experiencia, recordó que el mismo juez ha dictado sentencias en delitos de violación donde no hay testigos, “ahora cuenta con pruebas y los testigos que presenciaron este delito de aberrante hecho contra las trabajadoras de Castaños” y explica que aunque esta clase de delitos “siempre van a ser de realización oculta”, aquí sí los hubo, entonces tiene los medios suficientes para dictar las sentencias condenatorios para todos ellos.

A un año de los hechos y luego de recibir la notificación del Juzgado Segundo de lo Penal sobre el cierre de la fase de instrucción del proceso contra los ex militares, la abogada considera como acciones a favor de las agredidas durante el proceso las confrontaciones, la ampliación de declaraciones testimoniales y los careos.

Una de las primeras solicitudes del juez fueron las confrontaciones, donde cada una de las ofendidas señaló a su agresor de manera directa de entre seis personas más, las cuales reunían características físicas parecidas al agresor, “ahí las muchachas no dudaron en ningún momento en hacer el señalamiento directo”.

Después, la representación legal solicitó la ampliación de las declaraciones testimoniales, que permitió a las mujeres de Castaños incluir las omisiones de algún detalle que se les hubiera pasado durante la averiguación previa.

Para la abogada Sandra de Luna lo más determinante fueron los careos, donde las mujeres agredidas “sostuvieron cara a cara con sus agresores que efectivamente existió abuso de autoridad”.

LOS ERRORES

Sin embargo, admite que hubo errores, como la liberación de Héctor Méndez de la Cruz, quien fue detenido el 25 de enero y liberado en menos de una semana. Este habría sido el militar número nueve detenido por las autoridades, por lo que otros tres permanecen prófugos.

Sandra de Luna explica que el juez Huerta Rodríguez no aplicó todas las medidas de apremio para la afectada, quien no se presentó a la diligencia correspondiente debido a su estado emocional crítico, situación que la representación legal informó mediante un dictamen psicológico, pero el juez ya había dictado auto de libertad a Héctor Méndez de la Cruz, tras escuchar el testimonio de un superior jerárquico quien “lógicamente beneficiaría al militar”.

Tras un amparo, la magistrada del Tribunal Unitario de Distrito con residencia en Monclova, Martha Elena Aguilar Durón, determinó que efectivamente el cuerpo del delito sí estaba acreditado, pero era necesario acreditar la responsabilidad penal, es decir establecer si efectivamente Héctor Méndez de la Cruz había estado en la zona de tolerancia de Castaños la madrugada del 11 de julio.

Cuando la representación legal solicitó de nueva cuenta la confrontación entre la agredida y Méndez de la Cruz, así como otros testigos, “nos encontramos que Héctor ya había desertado del Ejército, el mismo día que lo habían dejado en libertad”.

LAS AMENAZAS

La vida de las 14 mujeres violentadas sexualmente por soldados en la zona de tolerancia de Castaños cambió de manera radical desde entonces.

Por un lado, dice la abogada De Luna González, estas mujeres se sujetaron al escrutinio público y a una sociedad que en un principio cuestionó la responsabilidad de ellas en el ataque por parte de los elementos del Ejército mexicano, pero a lo largo del año las cosas fueron cambiando. Hoy la sociedad “aplaude” su valor y decisión para denunciar los hechos el mismo día en que ocurrieron.

Los medios de comunicación también cambiaron su postura y hay un apoyo y reconocimiento al trabajo que hemos realizado en el Centro de Orientación y Protección a Víctimas de Violencia Familiar, AC (Coprovvi) organismo que asumió la responsabilidad legal y la atención psicológica a las víctimas.

A lo largo del camino, dice refiriéndose a 365 días del ataque sexual, hemos enfrentado amenazas, no sólo las afectadas, sino también en mi persona. Hemos visto con tristeza cómo estas amenazas provocaron que en marzo pasado al menos dos de las afectadas se retractaran, pero sobre todo hemos visto crecer a esas mujeres que siguen demandando justicia.

Tres de las mujeres violadas han sufrido en mayor medida esta persecución y amenazas. Primero se presentaron a sus casas para ofrecerles dinero, hasta 30 mil pesos para que otorgaran el perdón a los soldados involucrados.

Cuando ellas se negaron empezaron las persecuciones, las medidas de presión y hasta los insultos, lo que llevó a las autoridades a tomar medidas precautorias para una de ellas.

Incluso hace tres semanas se repitieron los actos intimidatorios, cuando una camioneta color rojo, tipo “Ranger”, sin placas y vidrios polarizados, estuvo varias horas en la calle frente a la casa de una de las víctimas, pero “cuando la policía llegó, ya se habían ido”.

La denuncia interpuesta por esta persona es clave en el desenlace de algunos de los expedientes, explica la representante legal, ya que se trata de una de las mujeres violadas por seis militares y que implica a dos soldados que ninguna otra ha señalado: Ángel Niño y Casimiro Hernández.

UN PROCESO BAJO PRESIÓN

Para Coprovvi el proceso legal ha sido desgastante, por las condiciones económicas en que han enfrentado los hechos, pues mientras los soldados acusados sí pudieron tener acceso a las copias de los expedientes, cada uno de mil y mil 500 fojas, las abogadas apenas tuvieron lo suficiente para llevar el juicio.

Una mañana, Sandra de Luna fue visitada por dos hombres quienes le advirtieron que tuviera cuidado, porque “como ella salía mucho a carretera le podía pasar algo”, ella con sonrisa en el rostro se concretó a contestar: “no se preocupen, si salgo a carretera les aviso para que me pasen los viáticos”.

El 8 de marzo pasado, la vocera del obispado de Saltillo, Jackie Campbell Dávila, interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, luego de que una de las víctimas que se retractó de sus declaraciones habría declarado ante el juez que la comunicadora le había dado dinero para que acusara a los soldados.

Cuatro meses después, Campbell señala que nada ha sabido de su denuncia, que las autoridades no han llamado a declarar a la ahora supuesta “no” víctima de los soldados, pero sobre todo, apunta, nadie ha investigado cuáles son las razones que llevaron a esa mujer a retractarse de los hechos.

07/SJ/GG

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