Con un 85 por ciento de avance en el juicio contra ocho militares por la violación a trabajadoras de la zona de tolerancia de Castaños, el juez segundo de primera instancia en materia penal, Hiradier Huerta Rodríguez, descarta cualquier tipo de presión y asegura que se actuará conforme a derecho al momento de dictar sentencia, que prevé podría conocerse en agosto próximo.
Concentrado en la audiencia especial de desahogo de pruebas, apuntó que por ahora hay 11 apelaciones pendientes de resolver y un amparo contra el auto de formal prisión, interpuesto por el ex soldado Antonio Hernández Niño, uno de los acusados por las mujeres violadas.
El juez, de 35 años de edad, siete de experiencia como tal y quien acaba de imponer al filicida Carlos Mata Ramos la pena de 95 años de cárcel, la más alta en la historia de Coahuila, reconoce que tiene en sus manos el primer juicio dentro del fuero común «en América Latina» contra un pelotón de un ejército nacional por el delito de violación, como sucedió en Castaños el 11 de julio de 2006.
Con voz pausada, Huerta Rodríguez sostiene, sin embargo, que el peso de los expedientes (13 por violación y cuatro por lesiones) contra ocho soldados, es igual al resto de los juicio que lleva contra quienes cometen un robo, injurias o calumnias, pues se trata de la libertad de las personas.
«No estamos juzgando a la institución, sino a un grupo de personas», dice en relación a que los procesados pertenecían al Ejército mexicano con lo que el juez descarga «las presiones» que asegura explícitamente no tener.
LAS ÚLTIMAS PRUEBAS
En el periodo de la audiencia especial, explica que existen 11 apelaciones pendientes de resolver, las cuales fueron interpuestas por el agente del Ministerio Público (MP), en contra de autos admisorios de prueba, en los que se dejaba a su cargo la presentación de ciertos testigos, por lo que la representación social interpuso un recurso de apelación, de ahí que se fijará una nueva fecha para el desahogo de esas audiencias.
Testigos que, de acuerdo con la representación legal de las mujeres afectadas, no tendrían por qué ser llamados por el MP, pues se trata de los declarantes de los militares inculpados en los hechos de violencia sexual ocurridos el 11 de julio en la zona de tolerancia de Castaños y que, en último caso, correspondería al actuario del juzgado convocarlos.
Por otra parte, en el caso de Antonio Hernández Niño, quien promovió un amparo contre el auto de formal prisión, se tendrá que esperar a que la autoridad federal (Tribunal Colegiado de Circuito) aplique la normatividad y determine si hay una probable responsabilidad o no, y con ello se falle a favor o en contra de su libertad en lo que resta del juicio, cuya sentencia se dará a conocer hasta agosto próximo, de acuerdo con el juez de la causa.
NO A LA IMPUNIDAD
Para el juez nacido en Monclova en ningún caso debe haber impunidad, ésta basada en las pruebas que se presenten en el desarrollo del proceso, «si ellos cometieron un hecho castigable se les impondrá una sanción, si no se acredita el hecho que se les sancione se les pondrá en libertad», sostiene tranquilo.
«Estamos hablando de libertad o sanciones que debe imponer el Estado, como medio coactivo más fuerte de reacción que es la privación de la libertad a quien no acata las normas de derecho», luego añade que «desde ese punto lo he visto», es contra personas que pertenecen a una institución, pero que cometieron un delito del fuero común que si bien es cierto pertenecen a una institución, la misma institución los está procesando por abandono de funciones a algunos de ellos».
Entonces, reitera el servidor público, se trata de un delito del fuero común, de ahí el hecho «histórico» de que se les juzgue por esta vía y no por la justicia castrense.
LAS PRESIONES NO ME PRODUCEN ECO
Egresado de la Facultad de Jurisprudencia en la Universidad de Autónoma de Coahuila, y actualmente estudiante de una Maestría, el juez descarta cualquier tipo de presión, sean gubernamentales o de la sociedad organizada. «No, no van a causar eco en mí, se trata de la libertad de las personas y si uno se basa en las presiones sociales para dejar o no dejar a tal persona estaría equivocado, estaría incumpliendo la función que se me encomendó».
El día que me sienta presionado por algo o alguien y que esa presión vaya a influir en el fallo, yo ese día me marcho, sostiene el juez, quien rechaza así los rumores de que habría sido presionado por elementos del Ejército para favorecer a los soldados violadores.
Mi única presión ?insiste- son las pruebas que se han desarrollado, cómo se han desarrollado, qué ha dicho cada persona en cada audiencia, las concatenamos con los códigos, las leyes, la Constitución, para determinar las penas que se tienen que imponer.
Vestido de negro, serio y de voz pausada, el juez Hiradier Huerta Rodríguez despacha en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal, ubicado hacia el norte de la ciudad de Monclova sobre la carretera a Laredo.
No me gustaría encerrarme en un castillo de cristal y decir con total absolutismo que soy el juez, quien manda y deshace, pero tampoco toda la gente puede tener la razón?, dice el juez, quien reconoce la mala imagen que de estos servidores públicos tiene la gente, misma que se debe contrarrestar con un «buen servicio y atención».
07/SJ/GG
