La Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados emplazó al Poder Judicial Federal a «romper el hito de impunidad» en las filas del Ejército mexicano y aplicar la ley con objetividad, imparcialidad y pleno respeto a los derechos humanos contra los desertores del Ejército mexicano (que abandonaron el resguardo de material electoral) y agredieron sexualmente a 14 bailarinas en la comunidad de Castaños, Coahuila, el 11 de julio de 2006.
Maricela Contreras Julián, presidenta de la Comisión, informó que mañana, ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados presentará un exhorto para que el Poder Judicial analice de manera objetiva las pruebas y aplique la sanción correspondiente a los responsables.
«El interés de dicho exhorto no es para denostar el papel del Ejército Mexicano, sino para exigir el castigo a sus miembros que se han desviado de sus actividades encomendadas, abusan de la autoridad para quebrantar el orden jurídico, además de violar los derechos humanos de las mujeres», precisó.
La legisladora perredista aseguró que el juez Hiradier Huerta Rodríguez conoce la causa y cuenta con elementos suficientes para dictar las sentencias que conforme a derecho corresponde, en contra de los elementos del instituto castrense que abandonaron sus puestos de resguardo de las boletas electorales para ir a la zona de tolerancia de la comunidad de Castaños, donde agredieron a bailarinas, sexoservidoras, parroquianos, taxistas y personal en general.
Contreras Julián denunció que en torno a las mujeres vejadas hay un cerco que impide que organizaciones defensoras de los derechos humanos y representantes de los medios de información se acerquen a brindarles su apoyo. Agregó que «a lo largo de un año, las 14 mujeres y sus familias han vivido con miedo y bajo amenazas».
Las afectadas, abundó la diputada federal, no son las únicas que han recibido amenazas o presiones, sino también las abogadas del Centro de Orientación y Protección a Víctimas de Violencia Familiar, AC, quienes han sido objeto de hostigamiento por asumir de manera responsable la asesoría legal y brindar atención psicológica a las bailarinas de Castaños.
Asimismo, lamentó que como resultado de dichas presiones y amenazas, dos jóvenes se retractaran de sus acusaciones; en tanto queuna de las mujeres violadas por seis soldados ha tenido que ser protegida por las autoridades; una más acaba de dar a luz a una niña producto del ataque sexual, y las demás presentan lesiones psicológicas y físicas de consideración.
Para la presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara baja, Maricela Contreras, el caso Castaños no terminará hasta que el juez del Juzgado Segundo de lo Penal, Huerta Rodríguez, apegado a los principios de independencia, imparcialidad y objetividad, dicte la sentencia ?entre el 12 y 19 de agosto próximo-, luego de analizar las 19 mil fojas que conforman los expedientes de los soldados detenidos en el Centro de Readaptación Social de Monclava.
El 11 de julio de 2006, un grupo de sexo servidoras del municipio de Castaños, Coahuila, fue víctima de violación tumultuaria por parte de elementos del ejército mexicano armados, uniformados e intoxicados. A la fecha, aunque participaron al menos 20 militares, sólo se han girado 14 órdenes de aprehensión por parte del gobierno coahuilense y han sido presentados por los altos mandos del Ejército ocho, uno de los cuales salió pagando fianza.
07/MLT/GG
