Con la sentencia a cuatro soldados y la absolución –por las leyes civiles– de otros cuatro militares terminó la segunda larga noche para las mujeres que hace 15 meses fueron violadas en Castaños, Coahuila, por miembros del Ejército Mexicano, del pelotón MK-19, perteneciente al 14 Regimiento de Caballería Motorizado.
La primera interminable noche fue el 11 de julio de 2006, cuando un grupo de soldados tomaron por asalto la zona de tolerancia del municipio de Castaños, ubicado a unos 14 kilómetros de esta ciudad y agredieron psicológica, física y sexualmente a 14 mujeres, además de lesionar a seis policías.
El recuerdo hace temblar a una de las mujeres agredidas.
Desde la rejilla de prácticas observa atenta a cada uno de los soldados que salen, uno a uno, bien vestidos, a escuchar la sentencia dictada por el juez segundo de primera instancia en materia penal, Hiradier Huerta Rodríguez.
Reconocido por las trabajadoras de El Pérsico y Las Playas como «el líder», Juan José Gaytán Santiago pierde el ritmo de su respiración al paso de las palabras que escucha. Su sentencia es de 21 años de prisión. Las lágrimas lo traicionan, trata de impedir que salgan y echa el rostro hacia atrás.
Frente a él, dos mujeres ven la escena. Una parece que va a desfallecer, su esposa. La otra, una de las mujeres a las que agredió la madrugada del 11 de julio, quien dice: «Qué llore, no me importa, yo he llorado todos estos meses, por más de un año, por su culpa».
Gaytán Santiago agredió sexualmente a seis mujeres. Una de ellas decidió el pasado 3 de marzo retractarse de sus primeras declaraciones, incluso las que hizo ante los medios de comunicación durante ocho meses.
El primero de los cuatro militares sentenciados fue Fernando Adrián Madrid Guardiola, el castigo alcanzó 31 años ocho meses. Una de las dos mujeres a quienes violó llegó tarde a la pequeña sala donde se realizaba la audiencia. El juez había empezado a dictar las sentencias minutos antes de lo que había anunciado. Entró con una pequeña niña en brazos, luego la pequeña lloró y tuvieron que sacarla, pero ella volvió para escuchar. «Esperaba más castigo», dijo.
Delgada en extremo, la mujer pierde el miedo frente a los fotógrafos. Se muestra segura de la verdad que apenas se castiga, de su dolor no recompensado. «Quería ver qué cara ponía, pero no alcancé a verlo», cuenta. Ya no importa –dice con enfado–, ahora está molesta porque esperaba que todos fueran castigados, «que la vida les hiciera justicia».
El juez Huerta Rodríguez apuntó que en este caso «al comprobarse de las constancias de autos que una de las víctimas resultó embarazada, conforme a la legislación civil de Coahuila, se dejaron a salvo los derechos de la madre para que concurriera a los tribunales en materia familiar e hiciera valer el derecho correspondiente a la paternidad y los alimentos. Decisión que será de la madre».
El militar Omar Alejandro Rangel Fuentes, a quien se le comprobó el delito de violación agravada a cinco de mujeres recibió el más alto de los castigos: 41 años cinco meses. No firmó el documento de su sentencia, volvió en silencio a su celda en el Centro de Readaptación Social para Varones.
El juez explicó que Rangel Fuentes «se le acreditaron múltiples violaciones, vinieron las ofendidas y testigos, y señalaron directa y contundentemente en diligencia de confrontación y algunos en diligencia de careo».
La sentencia a Ángel Antonio Hernández Niño, por 3 años nueve meses, mismos que podría librar si paga una «multa» de 20 mil 843 pesos, desconcertó a las mujeres agredidas. La abogada Sandra de Luna González apuntó que ésta como el resto de las sentencias, incluyendo las condenatorias, serán impugnadas.
DECISIÓN MISÓGINA
La abogada coadyuvante informó que está tranquila, que ahora habrá que hacer las impugnaciones correspondientes, para lo cual cuentan con los siguientes cinco días hábiles. No puede haber justicia a medias para las mujeres ?agregó- y calificó la decisión del juez como misógina.
La violación es un delito de realización oculta, explicó más adelante, quien sostuvo que en el caso de Castaños hubo testigos, por lo que es sorprendente la decisión del juez Hiradier Huerta, aunque reconoció estar satisfecha por las tres sentencias dictadas, lo que no es suficiente, argumentó.
Adelantó que serán apeladas las sentencias y el caso será presentado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque se requiere sancionar a quienes con esta determinación violentan los derechos de las agraviadas, que «podría ser el juez y el propio gobierno estatal».
De Luna González recordó que a las mujeres agredidas como a la coadyuvacia no se les olvida que aún están prófugos tres elementos del Ejército, por lo que exigió su detención y proceso judicial por el fuero común.
LIMITADO PARTEAGUAS
Y coincidió con el juez Huerta Rodríguez en que Coahuila «hace historia» al condenar por primera vez a un pelotón de soldados del Ejército mexicano, «un parteaguas para la aplicación de justicia y de la ley, ya que en ningún estado de la República y, de acuerdo a fuentes periodísticas, en ninguna parte de América Latina se había procesado a militares».
La primera larga noche para las mujeres agredidas por soldados empezó cuando el pelotón MK 19 abandonó las instalaciones del IFE y el municipio de Monclova, donde cumplían el servicio de resguardar las boletas electorales y se trasladan a la zona de tolerancia de Castaños.
Ello fue, expone el juez en conferencia de prensa, el motivo por el cual la justicia castrense no tenía competencia para instruir los procedimientos penales contra los elementos del 14 Regimiento de Caballería Motorizado, incluso aclara que como servidores públicos federales, los delitos cometidos por los militares no fueron con motivo de sus funciones. De ahí que el caso fue atraído por la justicia estatal para realizar un juicio por el fuero común.
Dijo que aunque son 14 las víctimas de violación, hay tres órdenes pendientes de ejecutar, entre ellos, Ricardo Hernández Hernández, uno de los tres prófugos, por lo que no se ha instaurado el proceso. Los otros dos prófugos son: Bardomiano Hernández García y José Raúl Ramírez.
Entonces ?detalló- nos quedan 13 casos, nueve de las cuales «ven satisfechas sus pretensiones punitivas». Recordó que dos de ellas se retractaron y una negó los hechos y desconoció la firma que se estampaba en los documentos.
El juez, explicó también que en otros dos casos no se acreditó la cópula, «porque el médico legista establecía que no había enrojecimiento de los introitos vaginales», casos en que de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, «el dicho no es suficiente» y no hubo tampoco testigos, porque además hubo retractaciones de testigos, manifestó al justificar las razones por las cuales algunas de las sentencias fueron absolutorias.
Se trataba de los casos de Norberto Francisco Vargas, donde la «ofendida» aseguró que no fue violada y desconoció la firma, lo que fue corroborado por peritos grafólogos, de ahí que fuera nulificada la denuncia e identificación de persona, luego de hallar otras inconsistencias.
En el caso de Norberto González Estrada, el juez consideró suficiente el hecho de que éste habría sido el conductor de la hummer donde se trasladaron los soldados «y tiene prohibido separarse del lugar», además que existen «múltiples testimonios que lo apoyan».
Un tercer militar absuelto fue Rosendo García Jiménez, a quien la mujer agredida no pudo identificar en una diligencia de confrontación y justifica haberse encontrado en un lugar diferente a los hechos. Él no pertenecía a la base del IFE sino a Las Flores, como referencia al ser notificado, los militares dijeron «él que hace aquí, no es de nuestro destacamento».
El juez no explicó el caso de Casimiro Ortega Hernández, absuelto por el delito de violación, no así por el delito de lesiones a policías, por lo cual tendrá que pagar 482.10 pesos.
«Una burla» desde el punto de vista de las mujeres agredidas en lo que fue la primera larga noche del 11 de julio en la zona de tolerancia de Castaños y cuya conclusión de la segunda larga noche se resumió en justificaciones del juez, dijeron.
FOJAS Y ESCÁNDALO
El juicio de ocho de los 12 militares, que fueron identificados por 14 mujeres inicialmente como sus atacantes sexuales, quedó registrado en 52 mil 532 fojas por las dos caras, 19 expedientes, 102 audiencias, 418 personas que concurrieron, 32 apelaciones, cuatro soldados sentenciados y cuatro más absueltos por la justicia del fuero común y que ahora enfrentarán a la justicia militar.
Todo ello en medio de un «escándalo» por la supuesta de filtración de información a la revista Proceso, que pone en tela de juicio al propio juez, quien se descartó como el informante, pero en el que también estarían involucrados el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gregorio Alberto Pérez Mata, y el magistrado Natalio Ricardo Dávila Moreira, las tres únicas personas que conocían el fallo.
Molesto, Huerta Rodríguez cerró el capítulo de «una nueva historia» con relación a la justicia que debe aplicarse a los militares violadores y aseguró que solicitará una investigación al Consejo de la Judicatura para que castigue a quien filtró la información, porque causó múltiples perjuicios al desarrollo y notificación de las sentencias, pese a que «era errónea y equivocada».
07/SJ/GG
