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Castaños: si juez no penaliza a soldados, hay otras instancias

Por María de la Luz Tesoro

A un año de las violaciones tumultuarias a 14 sexo servidoras y bailarinas, por presuntos elementos del Ejército Mexicano, en el municipio de Castaños, Coahuila, el proceso penal presenta inconsistencia, informó la diputada Marina Arvizu Rivas.

Dijo también que está en espera de la respuesta del gobierno de Coahuila y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) respecto a la creación de un Fondo de Compensación integral que garantice una situación económica estable para las víctimas y sus familias, además de atender el daño psicológico.

La coordinadora de la fracción parlamentaria de Alternativa Socialdemócrata agregó que en las primeras sesiones del próximo periodo ordinario presentará dos iniciativas: la del Fondo de Compensaciones que reconozca el deber del Estado Mexicano de responder por el impacto de los delitos cometidos por militares.

Así como reformas a “los artículos 57, 58, 80, 83, 422 y 435 y adicionar los artículos 436 Bis y 436 del Código de Justicia Militar, respecto a la exclusiva de la autoridad civil sobre delitos cometidos por personal castrense en contra de civiles”.

En esa misma iniciativa, agregó la legisladora, no hacemos cargo de lo relativo al fuero del Ejército, toda vez que el Artículo 13 constitucional limita la competencia de la jurisdicción militar para conocer de los delitos y faltas cometidos contra la disciplina castrense.

Marina Arvizu aseveró que “el Código de Justicia Militar se encuentra excedido en sus términos actuales, ya que la norma constitucional en ningún momento señala que un elemento perteneciente a las fuerzas armadas pueda ser juzgado bajo la jurisdicción militar por delitos del orden común”.

Aseveró que el General Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional, reconoció que hay un problema en la relación de los elementos del Ejército Nacional con la población civil, por lo que no tiene inconveniente en que se elabore y aplique un programa de sensibilización al personal castrense, en el que intervendrán investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para su elaboración y aplicación.

Cabe mencionar que esta última iniciativa se sumará a las ya presentadas por el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, Matías Alonso Marcos, del PRD, y de la también perredista Valentina Batres Guadarrama ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

CASTAÑOS, QUEDAN OTRAS INSTANCIAS

Respecto a proceso penal sobre el caso Castaños, en conferencia de prensa dictada en conocido hotel capitalino, la diputada de Alternativa reiteró que desde la integración del expediente se encontraron algunos errores: una de las denunciantes, por ejemplo, presentó su denuncia un mes después y el nombre de un soldado estaba equivocado.

Inquirida sobre la conclusión del proceso penal, Arvizu Rivas reconoció que aún cuando el juez de la causa, Hiradier Huerta Rodríguez, dicte la sentencia en contra de las bailarinas y sexoservidoras, ésta es la primera instancia y aún quedan otras.

Al comparar la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el caso Zongolica, la diputada federal la calificó como discriminatoria, toda vez que a más de un año de los lamentables sucesos en el municipio de Castaños, aún no hay una recomendación de la Comisión.

“Nos sorprende mucho de que no haya una actuación tan expedita como en el caso de Zongolica, eso sí nos habla de que hubo una especie de discriminación al respecto, estamos esperando sus conclusiones pero a la fecha, un año después de los lamentables hechos de Castaños no hemos encontrado ninguna respuesta por parte de Derechos Humanos”, subrayó.

La coordinadora de la bancada de Alternativa en la Cámara de Diputados, Marina Arvizu, resaltó que Amnistía Internacional sostiene que hasta ahora ninguno de los responsables de delitos cometidos contra las mujeres por elementos del Ejército Mexicano ha sido llevado ante tribunales.

“Es deber del Estado hacer frente a la violencia contra las mujeres, porque ha firmado acuerdos y tratados internacionales que así lo establece”, concluye la diputada la cita textual de Amnistía Internacional.

El miércoles 1º de agosto, el grupo parlamentario del PRD presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente punto de acuerdo:

“PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de poderes, exhorta al Poder Judicial de la Federación para que en el proceso de las 14 mujeres agredidas sexualmente en la zona de tolerancia de Castaños, en la resolución que dicte el Juzgado Segundo de lo Penal, con sede en Coahuila, se apegue a los principios de independencia e imparcialidad, analizando de forma objetiva las pruebas y aplique la sanción que corresponde conforme a Derecho a los responsables”.

En la exposición de motivos, destaca que “al cumplirse un año de que miembros del Ejército Mexicano fueran señalados de violar a 14 mujeres en la comunidad de Castaños, Coahuila, aún no se conoce cuál ha sido el resultado de los procedimientos, o si se ha castigado a los responsables, de este y otros casos”.

07/MLT/GG

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