El juicio contra ocho militares del Ejército mexicano que violaron a 13 mujeres, podría concluir hasta abril o mayo del próximo año y la sentencia seguramente será condenatoria, sostuvo la abogada de las víctimas, Sandra de Luna González, quien apuntó que aún está pendiente la detención de cuatro soldados que lograron escapar.
La también presidenta del Centro de Orientación y Protección a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (Coprovi), asociación civil que lleva la demanda contra los soldados, señaló que cada uno tendría un castigo de siete u ocho años de cárcel, aunque varios de ellos enfrentan de dos a cuatro procesos, por lo que permanecerían en prisión entre 10 y 15 años.
De Luna González recordó que, aunado al castigo que se aplicaría por el fuero común, los soldados también deben responder a la justicia militar cuando concluyan su sentencia, ya que el pasado 11 de julio, fecha en la que cometieron el asalto a la zona de diversión del municipio de Castaños, estaban resguardando la paquetería electoral en el Instituto Federal Electoral de esta ciudad.
La abogada sostuvo que Coprovi y la representación social adscritos al segundo juzgado penal solicitaron las confrontaciones o careos entre los soldados detenidos y las 13 víctimas de violación sexual, por ser ésta una forma de comprobar la responsabilidad de los militares involucrados. El resultado hasta ahora es que han reconocido a cinco soldados, lo que acredita de manera fehaciente su responsabilidad en los hechos, «ellas no han dudado en ningún instante al señalar quién fue su agresor».
Explicó que en enero y febrero próximos, el juez podría señalar las fechas para las audiencias complementarias y será entonces cuando se presente al resto de las víctimas, entra las que se encuentran las mujeres que fueron más violentadas por los soldados y a quienes se prepara psicológicamente para superar el miedo que aún sienten.
La presidenta del Coprovi expuso que son cuatro los soldados prófugos, lo que se desprende de la identificación que hicieron las víctimas de 12 de ellos en los expedientes que la Secretaría de la Defensa Nacional entregó a la Procuraduría de Coahuila, pese a que en la zona de tolerancia habrían estado más de 20 soldados la madrugada del 11 de julio pasado.
Agregó que la intención de la defensa de los soldados es cansar a las víctimas. De ahí que apliquen entre 90 y 100 preguntas, algunas de las cuales son irrelevantes, como el hecho de pedir que las mujeres señalen circunstancias de hora, cuando «lo cierto es que en una violación es imposible mirar que hora es al momento del ataque».
Lo que sí puedo señalar es que la verdad de los hechos, histórica y jurídicamente, la tienen las mujeres afectadas por la agresión de los soldados, así que nuestra intención es lograr que las mujeres resistan este largo proceso donde las audiencias tienen una duración de 16 horas en promedio, citó la entrevistada.
Lo anterior, pese a que los soldados insisten en negar los hechos, aunque han aceptado que sí estuvieron en el lugar, lo cual es ya un indicio que pudiera acreditar su responsabilidad en los sucesos del 11 de julio.
De Luna González reconoció que la técnica jurídica de los careos ha sido un proceso difícil, porque las víctimas tienen que ver directamente a sus agresores, «incluso tres de ellas se han puesto muy mal, han entrado en crisis nerviosas y además tienen que hacer una remembranza de todo lo que pasaron. Pero la certeza la tienen, lo que ha hecho que no hayan dudado un solo instante en señalar a sus quienes han sido sus atacantes».
Aunado a ello, indicó que las jóvenes tienen que enfrentarse al cinismo con el que se presentan algunos de los agresores, como es el caso de Omar Rangel, quien es burlón e incluso amenazó a un testigo a quien le hizo señas «como disparándole y pasando su dedo índice en la yugular», en plena audiencia.
Relató que desde que los ocho soldados fueron detenidos, las mujeres han sufrido todo tipo de hostigamiento. «Durante una semana estuvieron yendo al domicilio de tres de ellas, para pedirles que otorgaran el perdón a los agresores; como no hubo respuesta, después les ofrecieron 20 mil pesos a cada una y ante la negativa finalmente optaron con amenazarlas».
En ese sentido, De Luna reconoció que hace unos 45 días también recibió amenazas por llevar la defensa de las mujeres víctimas, sin embargo reiteró, como se lo dijo a quienes la buscaron en sus oficinas para intimidarla, que no dejará el caso. «Si nos hubieran querido hacer algo lo habrían hecho antes», apunta la joven abogada.
La presidenta de Coprovi destacó también la energía y resistencia que tienen las mujeres y reiteró que ellas «no dudan absolutamente sobre lo que ocurrió», aunque hay casos en que «algunas se quebraron», como sucedió con la mujer que tuvo que abortar luego de haber sido abusada por uno de los soldados.
«Por tu culpa perdí a mi bebé, tú me cambiaste mi vida, me la destruiste, yo había planeado muy bien tener ese bebé, me cambiaste la vida. Ese bebé lo había planeado con mi pareja, con amor, gritaba la mujer a un militar que sólo bajó la mirada», relata con aflicción la abogada.
Si, ha sido muy difícil y estamos a la mitad de las audiencias. Sin embargo, la identificación de los agresores con base en fotografías no se considera como prueba plena, no tiene tanta validez como el hecho de que puedan reconocerlos cuando están frente a ellos.
En Coprovi hemos aprendido mucho de este caso y de las víctimas que hoy reclaman ante las autoridades justicia para un derecho que les fue violado, su derecho a la libertad sexual. Lo que ellas están haciendo es una lección para muchas otras mujeres no sólo de Coahuila sino de todo el país, concluye Sandra de Luna González.
06/SJ/GG
