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Castaños: son mujeres las juzgadas, debido a actitudes machistas

El silencio sobre las omisiones graves en el caso del ataque a la zona de tolerancia de Castaños, Coahuila, por parte del juez de la causa Hiradier Huerta Rodríguez, habla de la forma “bastante común” –que no normal– en que éste ha llevado el juicio contra los ocho soldados detenidos.

Los ex militares deberían recibir mínimo 20 años de prisión y reparar el daño ocasionado, afirma Martha Figueroa Mier, experimentada abogada del Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas.

Sostiene que el juicio es “bastante común para el juez en el sentido de que son ellas las juzgadas, debido a las actitudes machistas, jerárquicas, dogmáticas que emplea el juez en el caso Castaños, pese a ello, reitera, el caso se ha sostenido en la justicia civil y no en la militar.

Plantea que además de las graves omisiones por los delitos diversos que cometieron los integrantes de una partida militar la madrugada del 11 de julio de 2006 y que culminaron con la violación a 14 trabajadoras de la zona de tolerancia, siguen preguntas pendientes.

La experimentada abogada, quien en 1994 enfrentó un caso de violación a tres niñas tzeltales por parte de militares en el estado sureño de Chiapas, recuerda que una de las mujeres violadas en Castaños tuvo que abortar tras el ataque, “nadie ha excomulgado a los militares por generar un aborto”, dice de manera sarcástica.

Pero considera aún más lamentable que este aborto no se haya considerado en la causa penal y sostiene que no se puede subsumir un “aborto violento” en una violación, como sería jurídicamente posible la portación de arma en un homicidio, son casos totalmente distintos, lo que hace inexplicable la actitud de las autoridades.

Es tan común el procedimiento del juez, que las jóvenes afectadas tienen que “comprobar que fueron violadas, que no provocaron la violación y que no disfrutaron el ataque sexual”, mientras los militares negaron los hechos en el sentido de que “ellas querían”, que les pagaron o niegan haber estado en los salones El Pérsico y Las Playas de la zona de tolerancia de Castaños, Coahuila, la madrugada del 11 de julio de 2006.

Sin embargo, afirma que siendo la violación un delito de realización oculta, basta la denuncia de la afectada y algo más, que generalmente es el examen médico que diga que hubo la violación. En Castaños lo que hubo fue una violación tumultuaria, “todo el mundo vio lo que le hicieron a todo el mundo”.

Por lo anterior, añaden las abogadas defensoras de las afectadas ?Sandra de Luna González y Martha Castillón García- confían en que para el juez basten las testimoniales y las pruebas médicas que certifican la violación, para que dicte una sentencia por violación agravada, como tendría que ser con un mínimo de 20 años de prisión a cada uno de los detenidos.

REPARACIÓN DEL DAÑO

Además de los 20 años de prisión como mínimo, los soldados que violaron a 14 trabajadoras de la zona de tolerancia deben reparar económicamente el daño y estimó como una suma posible la cantidad de un millón de pesos por cada una de las afectadas, por indemnización, cambio de casa, proyecto de vida, luto cesante, tratamiento y rehabilitación para ellas y sus familias, así como atención médica y psicológica, entre otros.

La experimentada abogada quien en 1994 enfrentó un caso de violación a tres niñas tzeltales por parte de militares en el estado sureño de Chiapas y puso al descubierto la protección del fuero militar en casos de violencia contra las mujeres, descartó que las retractaciones de Nubia y Wendy, dos de las mujeres que fueron violadas por los soldados, pudieran afectar la valoración del juez porque las primeras declaraciones son básicas, las que cuentan.

“Confío en que el MP iniciara una indagatoria para conocer cuáles fueron las causas que llevaron a estas dos jóvenes mujeres a retractarse de sus acusaciones contra los soldados”, indica tras recordar que estas declaraciones se dieron simultáneamente con otras amenazas, el intento de compra del silencio de algunas afectadas o la nota contra el obispo de la zona Raúl Vera.

Figueroa Mier, quien llevó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso de las tres indígenas tzeltales, consideró destacado el trabajo realizado por las abogadas defensoras (Sandra de los Santos y Martha Castillón García), a quienes calificó como “inteligentes, activas, comprometidas, pero sobre todo honradas”.

HÉCTOR DEBE SER DETENIDO

El soldado Héctor Méndez de la Cruz -quien estuvo detenido una semana en enero pasado, recibió un auto de libertad el 18 de abril, tras un incidente de desvanecimiento de datos- debe ser detenido nuevamente, lo anterior porque hay testigos que lo reconocen, entre ellas una de sus víctimas.

Dijo que en este caso hubo una actitud sesgada del juez, ya que quien interviene para liberar a este soldado es un superior jerárquico cuya versión es contraria a la expresada por testigos.

Hay una actitud machista, discriminatoria hacia las mujeres, al certificar (el juez) algo que es incierto, incurriendo en una grave falta al proceso judicial al darle más valor al dicho de un militar que al expresado por las 14 trabajadoras de la zona de tolerancia de Castaños.

Sobre la solicitud de detención de Héctor Méndez de la Cruz, la abogada Martha Castillón, del Centro de Orientación y Protección a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (Coprovvi), señaló que esta ha sido solicitada y se espera una nueva orden de detención para este mismo mes e iniciar el proceso correspondiente.

La larga madrugada del 11 de julio de 2006 no terminará con la sentencia que podría dictar en los próximos días, el juez Hiradier Huerta Rodríguez a ocho de los 12 soldados de la Sexta Zona Militar, ubicada en Múzquiz, y que participaron en la violación a 14 mujeres en la zona de tolerancia, amenazaron a clientes y policías municipales, algunos de los cuales incluso habrían sido abusados sexualmente también por los soldados.

07/SJ/GG

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