La vocera del Obispado de Saltillo e integrante de su equipo Pastoral de la Comunicación, Jackie Campbell Dávila, presentó este miércoles una demanda contra quien resulte responsable del delito de difamación en su contra y pidió ante el agente investigador del Ministerio Público, Belmiro Mata Saldaña, en esta capital que se castigue al culpable conforme a derecho.
La demanda fue presentada luego de que el fin de semana pasado, una de las víctimas de la violación cometida presuntamente por un grupo de soldados del Ejército Mexicano el 11 de julio de 2006 en la zona de tolerancia del Castaños, Coahuila, sostuvo que la vocera del arzobispado, entre otras personas, le habían dado dinero para que declarara en contra de los militares.
Campbell negó tener alguna responsabilidad en la denuncia que presentó la trabajadora de la zona de tolerancia de Castaños, como tampoco tiene relación alguna en la denuncia que se hizo contra los soldados.
Mi denuncia, dijo Campbell, demuestra el respeto y la solidaridad que se merecen las mujeres que siguen sosteniendo sus demandas en este caso y porque además hechos semejantes suceden en otras partes del país.
La vocera del Obispado de Saltillo afirmó que ante la violación y el ultraje a 13 mujeres en Castaños, ni los medios que buscan la verdad, ni los organismos de la sociedad civil, ni las iglesias, ni los ciudadanos de este país, ni mi persona, pueden aceptar que una injuria más ponga en riesgo la veracidad del juicio que se lleva a cabo.
A la fecha son dos las mujeres que, por presiones o porque habrían sido amenazadas por las familias de los militares, según el Centro de Orientación y Prevención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (Coprovi), han retirado sus denuncias en el Segundo Juzgado Penal de Monclova, donde se encuentran detenidos ocho de los 12 militares que fueron acusados por el delito de violación.
Cabe recordar que el 11 de julio de 2006, un grupo de soldados del Ejército Mexicano tomó por asalto la zona de tolerancia de Castaños, en Coahuila, para violar a 13 mujeres que laboran en los dos únicos centros de diversión, de este tipo, que existen en ese municipio.
Las mujeres presentaron al día siguiente la denuncia y tras el reconocimiento de sus agresores mediante fotografías, por primera vez en la historia reciente los soldados fueron entregados por la Procuraduría Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional a las autoridades civiles para que sean juzgados conforme a derecho.
El juicio podría concluir este mes de marzo y la resolución de la sentencia podría darse a conocer en abril próximo, de acuerdo con Coprovi, organismo responsable de la defensa de las 13 víctimas de violación.
07/SJ/CV/GG
