María Rosalía Arredondeo de Arredondo escribió a las autoridades, el 21 de enero de 1901: «Es necesario que se castigue a los culpables, que se investigue cómo fue la explosión en el tiro cinco de la mina El Hondo, porque ahí murió mi esposo, Nicolás Arredondo».
Han pasado exactamente 106 años desde que María Rosalía, por su condición de analfabeta, pidió a un amanuense redactar su petición y su demanda. La carta amarillenta forma parte de un archivo municipal de la ciudad de Sabinas, en el estado mexicano de Coahuila.
Hoy, Silvia, Rosy, Elvira y otras muchas viudas piden lo mismo: «Que se castigue a los culpables» de la muerte de 65 mineros en la explosión del 19 de febrero de 2006, ocurrida en la mina ocho de Pasta de Conchos, también en Coahuila.
A María Rosalía, el gobernador de turno le envió por respuesta una carta de pura rutina. Ella nunca supo qué pasó, aunque se quejó ante el juez de que le dieron un féretro sellado y se quejó, una y otra vez, del suceso.
Entre 1884 y 2007 murió un minero cada tres días en la Cuenca Carbonífera de Coahuila, a 1.200 kilómetros de la capital de la República, en un paraje de más de 100 kilómetros a la redonda, semidesértico y de clima extremo, donde la hulla lo puebla todo y el diminuto polvo de carbón se mete en oídos, garganta y nariz.
Las empresas explotadoras del carbón, en manos de capital privado, nunca fueron investigadas ni se les responsabilizó por no dar seguridad a sus trabajadores. Las mujeres, de golpe, se vuelven responsables únicas de sus familias, ni siquiera tienen idea precisa de para quién trabajaban sus esposos, cuánto ganaban, cuál indemnización les corresponde y si tienen algún derecho.
En el lapso de esos más de 100 años, se registraron oficialmente 116 explosiones, en las que murieron entre tres y 153 trabajadores en cada una, un total de 1.600 mineros. Y se calcula la muerte de un número similar por siniestros y fallas de las minas, entre otras causas muy diversas.
A los deudos nunca se les explicó por qué sucedió ni cómo. Desde antes de la Revolución Mexicana (1910), los gobiernos aparecen en el momento de la tragedia con «ayudas», muchas veces miserables, y luego se van, cuando debieran ser responsables de dar las concesiones de explotación, de la seguridad a las minas, del desarrollo y urbanización de los pueblos, señalan las fuentes consultadas y los testimonios recogidos.
Las familias, niños y mujeres quedan varados, atolondrados, con un impacto emocional que no les permite pensar. En ocasiones, los sucesivos gobiernos locales, según sus políticas de protección a la comunidad, otorgan becas de estudio o han construido casas, en realidad inhabitables. Otras veces, nada.
Guadalupe Ibarra contó que sufrió una larga depresión, por eso nunca se preguntó sobre las causas del siniestro, sus derechos ni su futuro. Ella, viuda desde hace cinco años, sólo extraña a su marido y a sus dos hijos, muertos los tres en una inundación en el fondo de una mina artesanal, llamada La Espuelita, donde perecieron 13 carboneros.
Las explosiones van a seguir, son parte consustancial de la explotación del carbón, dice el historiador Ramiro Flores, con actitud de dejadez, como si fuera un destino. «Las muertes de los mineros es la cuota que cobra la naturaleza, a pesar de algunos cambios tecnológicos», precisa.
El también maestro y ex diputado narra una injusticia mayor: la de la explotación de carbón en minas artesanales, verdaderos pozos «de muerte», donde no hay técnicas ni herramientas y, menos aún, protección. De ahí que el peligro sea mayor y no exista autoridad que controle o vigile.
En esos pozos, más de 400 abiertos en la última década, los trabajadores carecen de derechos y seguridad. Por eso los muertos resultan cotidianos. Nadie se ocupa de ellos, de sus viudas, ni de sus familias.
Los pueblos de la Cuenca se llenan cada año de cruces y altares en ceremonias de conmemoración, pero las viudas no se van. Se quedan lavando ropa, haciendo comida, cuidando niños y estirando el dinero de la insuficiente pensión mensual del Seguro Social, en caso de que la obtengan.
Se quedan para ver pasar las lluvias y los inviernos, para ver crecer a sus hijos que van de vuelta a las minas, porque «no hay de otra». Interrogadas sobre el futuro, permanecen en silencio. La mayoría apenas terminó la educación primaria, pese a que Coahuila está entre las zonas del país con mayor desarrollo humano.
Guadalupe explica que ahora sabe que puede volver a suceder un siniestro en cualquier momento, porque siempre ocurren las explosiones, dice, mientras arrulla a su nieto, hijo de un minero y de su hija María Cristina.
Sandra Solís enviudó el 13 de febrero de 1988 y el año pasado terminó con los 15 mil pesos (1.600 dólares al cambio actual) que recibió entonces. No pudo trabajar, pues tiene un hijo con secuelas de meningitis. Ahora, a los 50 años, tampoco espera nada. Nunca quiso saber qué ocurrió aquel día de la explosión para no «abrir la herida».
El tiempo se ha detenido en estos parajes, donde el carbón ha sido un elemento fundamental para el desarrollo del ferrocarril y la industria siderúrgica, y cuya riqueza produce hoy el 14 por ciento del servicio de electricidad del país, con 106 millones de habitantes. Los testimonios hablan de que hace apenas un lustro se electrificó la mayoría de los poblados.
En la región han florecido muy diversas iglesias o templos. La oración y una tenue red de solidaridad mitigan los días y también levantan algunas esperanzas.
Por más de 18 años, la Iglesia San José el Obrero fue el único sitio de expresión y hasta de organización en la cabecera municipal de Nueva Rosita, situada estratégicamente a 20 ó 30 kilómetros de los pueblos. En ninguna casa hallamos militancia obrera, ni política. Mucha gente no vota; ya no cree ni confía.
07/SL/GG/CV
