Inicio Castigo a militares violadores de indígena o “legítima defensa”

Castigo a militares violadores de indígena o “legítima defensa”

Bajo la sospecha de que no hay militares detenidos por la violación y presunto homicidio, a causa de las lesiones, de una mujer de 73 años en Soledad Atzompa, este jueves el presidente municipal de esa localidad, Javier Pérez Pascuala, dio un plazo de 15 días a Felipe Calderón y a los órganos judiciales para que se castiguen a los responsables del delito y, junto con autoridades de otros municipios, exigió ante el Congreso estatal la salida del Ejército Mexicano de la sierra nahuatl de Zongolica.

En rueda de prensa celebrada este jueves en la capital del estado, el alcalde de Soledad Atzompa, el agente municipal de Tetlatzingo Pablo Ponce Castro, el dirigente natural en la sierra de Zongolica, Julio Atenco Vidal, y representantes de otras localidades de la zona serrana dieron a conocer su inconformidad por la permanencia de grupos militares en la sierra, pues lejos de brindar ayuda a las comunidades indígenas sólo atemorizan por sus constantes abusos de poder, agresiones físicas, allanamientos y hasta robos que cometen en contra de las familias de la sierra.

Las y los denunciantes explicaron que no confían en las aseveraciones de autoridades militares y estatales sobre una detención de los presuntos responsables del homicidio y violación tumultuaria de la mujer de 73 años.

El munícipe mostró copia de la carta dirigida a Felipe Calderón Hinojosa en la cual argumentan que es innecesaria la presencia del ejército en Zongolica, al no haber delincuentes y tratarse de un pueblo pacífico.

Sin embargo advirtió que de no castigarse a los responsables de la agresión, la población podría recurrir a la legítima autodefensa de sus derechos.

Dice textualmente la misiva: “Es usted la más alta autoridad ya instituida y por eso le demandamos proteja y haga justicia a nuestro pueblo; si las instituciones del Poder Ejecutivo y Judicial no responden a nuestra demanda de justicia, nuestro pueblo recurrirá a la legítima autodefensa”.

De igual forma, exigió que causen baja del ejército los 4 agresores y los otros 7 soldados que encubrieron la agresión, para que se castiguen de acuerdo a las leyes civiles y se les aplique la pena máxima de 50 años de prisión.

Reitera su desconfianza sobre una supuesta detención de los sospechosos del delito, en vista de que tanto las autoridades judiciales del estado, como las autoridades militares, se han negado a proporcionar los nombres de los supuestos elementos arraigados.

Posterior a la rueda de prensa, las autoridades de la sierra de Zongolica se presentaron a la sesión del Congreso local, en donde exigieron el apoyo de los legisladores para retirar los campamentos del Ejército que desde el año 2000 se encuentran instalados en diferentes puntos de la sierra nahuatl de Zongolica.

En este sentido el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso local, originario precisamente del distrito de Zongolica, Ignacio Enrique Valencia Morales, apoyó la solicitud de los pobladores, externando que esa sería una medida segura tanto para los pobladores como para los propios elementos del ejército.

Sin embargo el legislador priista dijo que deben esperarse los resultados de las investigaciones antes de tomar una decisión definitiva.

Expuso que es de todos sabido que la presencia de grupos militares en Zongolica obedece a la presunción de las autoridades federales sobre la presencia de grupos guerrilleros, grupos que, aseguró el legislador, jamás han existido en Zongolica.

DERECHOS HUMANOS

En tanto, personal de las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos recorrieron la tarde de este miércoles la comunidad de Tetlacingo, del municipio de Soledad Atzompa, donde ocurrió el ataque contra la mujer de 73 años, para realizar sus indagatorias.

Los visitadores de la CNDH, Ricardo Coronado, Raúl Neri, Francisco Plata y Pedro Armendáriz, acompañados por dos representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se entrevistaron con los 4 hijos de la finada para conocer pormenores de su violación y posterior fallecimiento.

Tras la visita del personal, Julio Inés Ascencio, hijo mayor de la señora, reiteró que a pesar de los apoyos brindados por el DIF estatal y Gobierno del estado, que incluyen la promesa del gobernador Fidel Herrera Beltrán de construir una casa para cada uno de los cuatro hermanos, su familia no logrará superar la pérdida irremediable de su madre.

Simultánea a la visita de los representantes de Derechos Humanos a la comunidad de Tetlacingo, personal del DIF estatal llevó a cabo la entrega de mil despensas y 200 bicicletas para que niños y jóvenes de la comunidad puedan trasladarse a sus respectivas escuelas.

René Huerta, representante de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica, quien verificó la entrega de despensas y bicicletas, dijo que el gobierno estatal tiene interés de brindar todo el apoyo a la comunidad indígena que por muchos años ha permanecido marginada por sus autoridades, tanto estatales como federales.

Comentó que sí cree que fueron detenidos y trasladados a una prisión militar los once presuntos sospechosos de la muerte de la señora, aunque dijo desconocer la ubicación de tal prisión.

07/LC/GG/CV

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