Los conflictos agrarios, la delincuencia, la persecución de grupos armados y el combate al narcotráfico, han provocado la militarización en algunas zonas de Oaxaca, tales como la Sierra Sur y el Istmo.
En entrevista para Cimacnoticias, la vicepresidenta de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Angélica Ayala Ortiz, explicó que «en esas comunidades existen retenes militares en carreteras, caminos rurales y autopistas, lo que ha repercutido en graves violaciones a los derechos humanos y en la división entre las comunidades».
La defensora de los derechos humanos señaló que al parecer la estrategia del gobierno estatal sigue estando orientada a las acciones policiaco-militares. Sin embargo, añadió, la presencia ha traído consigo el aumento de denuncias de violaciones a los derechos humanos de la población civil, inclusive, su derecho a la vida.
Por su parte, la representante de la Liga Mexicana por la Defensa de Derechos Humanos en Oaxaca (LIMEDDH), Jessica Sánchez Maya, aseguró que la militarización es algo común y preocupante, porque cada vez que no se puede solucionar un problema de conflicto, el gobierno encuentra solución instalando un grupo o un cuartel.
La dirigente de la LIMEDDH agregó que eso habla de una descomposición del tejido social a nivel comunitario, porque las comunidades dejan de «llevar las riendas» de sus pueblos, hay intereses ocultos y manipulación que terminan en frecuentes enfrentamientos.
El secretario técnico de la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos (RODH), Rolando González Espinosa, afirmó que se cumplirán 10 años del inicio de la militarización de la entidad, bajo el pretexto de la presencia del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en la zona de Loxicha, en la Sierra Sur.
Esta situación ha violentado los derechos humanos de los pueblos indígenas en su libre tránsito, detenciones ilegales y algunas ejecuciones, como ha sucedido al menos en dos casos en el Istmo de Tehuantepec.
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