La vida de la mayoría de las afganas, todavía cubiertas con la vestimenta obligatoria por el antiguo régimen, pende de un hilo; con todo y que hace 365 días se convirtieron en apología de la incursión militar cuando Estados Unidos prometió que cayendo el talibán se acabarían las opresiones.
A pocas horas del histórico colapso de las Torres Gemelas en Nueva York comenzó una campaña en los medios de comunicación para descubrirle al mundo lo que la Asociación de Mujeres Revolucionarias de Afganistán (RAWA) ya le había dicho desde una década atrás: la población de ese país vivía obligada por el régimen del talibán a la reclusión; sin posibilidad de estudiar ni de trabajar y mucho menos de tener acceso a los servicios de salud.
Como consecuencia de los bombardeos al país asiático, el gobierno de transición asumió sus funciones el 22 de diciembre pasado con dos mujeres en el gabinete; asimismo reabrió las escuelas y derogó la obligación de que la población femenina permanentemente se mantuvieran con el cuerpo cubierto de pies a cabeza mediante la burka.
De la misma manera, el loya jirga (gran consejo gobernante) abrió la posibilidad de que por lo menos 160 lugares de los mil 500 que lo componen fueran ocupados por mujeres; cinco de ellos reservados para las delegadas de Kandahar, bastión del talibán hasta antes la ocupación.
Sin embargo, según una investigación encabezada por LaShawn Jefferson, a un año de que cayera el régimen opresor las afganas de todas las etnias se vieron obligadas a regresar a la vida privada para evitar ser blanco de violencia por las facciones armadas y fundamentalistas.
LaShawn Jefferson es directora de la división de Derechos de las Mujeres en el Observatorio de Derechos Humanos (Human Rights Watch) y responsable del estudio que documenta ataques y amenazas contra ellas, incluyendo violación.
«Una vez que se abandona la capital», Kabul, explica Jefferson, «la población femenina enfrenta amenazas serias a su seguridad física, por lo que no pueden participar activamente en la reconstrucción del país».
«Las mujeres solamente podrán participar en la reconstrucción de Afganistán si físicamente están a salvo», afirma la activista quien reconoce que desde la caída de los talibán, en noviembre del 2001, niñas y mujeres tienen un creciente acceso a la educación, a la salud y al empleo.
Por su parte Dabish Hammed, vocera de RAWA y exiliada en Pakistán, comenta a cimacnoticias que los miles de fundamentalistas islámicos «con diferente piel, pero con la misma entraña, ahora hacen y dicen lo que sea para estar en el poder pero son igual de nocivos que el talibán».
HOSTIGAMIENTO
Prueba de la rigidez social que aún prevalece en Afganistán es la acusación de blasfemia que grupos religiosos hicieron ante la Suprema Corte el pasado 22 de junio contra la doctora Sima Samar, ministra de la Mujer, por su supuesto rechazo a la ley religiosa conocida como sharia.
Como consecuencia, Samar prefirió renunciar y en su lugar quedó Habiba Sorabi hasta completar los 18 meses que se mantendrá el gobierno de transición antes de las elecciones (a mediados del 2003).
Además, de Sorabi, hay dos mujeres más en el gabinete actual: Suhaila Seddiqi y Mahboba Hoqooqmal, ambas con puestos ejecutivos en el gobierno.
En cuanto al ámbito local, durante la primera ronda de elecciones para establecer la loya jirga en abril pasado, las autoridades locales intimidaron a las candidatas potenciales: una de ellas expuso a LaShawn Jefferson que las mujeres tenían miedo de vivir, pues estaban bajo amenaza de muerte si salían a cualquier lugar.
NUEVOS PARADIGMAS, VIEJOS DELITOS
En Kandahar, población con 200 mil habitantes, sólo dos mujeres trabajan de incógnitas bajo sus burkas como policías, debido a que hasta hoy los varones no pueden interrogar, tomar declaración ni mucho menos tocar a la población femenina: ellas dos con frecuencia se encargan de aprehender a la oleada de mujeres que huyen de sus maridos.
De acuerdo con datos oficiales del gobierno de Kabul, diariamente cerca de 800 mujeres solicitan el divorcio de sus maridos talibán; de ellas un número indeterminado fueron detenidas mientras se examinan sus casos, informó NNI, la mayor agencia independiente de Pakistán.
Cabe recordar que la mayoría musulmana en Afganistán son sunnitas, por lo que en circunstancias normales a una mujer no se le permite divorciarse del hombre. Además, en todo el país los hombres ricos o influyentes obligan a las familias para que les entreguen a sus hijas en matrimonio.
Munawar Mohammed, comprometida desde que nació, se rebeló y huyó con el hombre del que se enamoró (cosa inusual en Afganistán) hacia la frontera con Pakistán, pero su hermano de 16 años la mandó apresar en Kandahar bajo los cargos de haber roto un contrato marital y tener sexo con alguien que no es su marido, informó recientemente la agencia Associated Press.
Munawar pisará la calle si su novio reúne dinero suficiente para pagar ese contrato; siempre y cuando la familia de la joven esté de acuerdo.
Otra respuesta colectiva ha sido la autoinmolación de docenas de afganas como protesta contra familiares políticos abusivos, de acuerdo con NNI.
Sanaa, una mujer que arrojó en su pecho cuatro litros de petróleo y se prendió un cerillo en agosto pasando, se provocó quemaduras de primer grado en 40 por ciento de su cuerpo. La explicación que le dio a NNI es que lo hizo por culpa de su suegra, porque la acusaba de cosas como «usar agua sucia para cocinar».
Durante este año de transición, la ciudad de Herat –con 330 mil habitantes– registró el suicidio de cuatro mujeres por quemaduras: en el régimen del talibán no hubo registro de ello.
Aunque los especialistas no tienen conclusiones definitivas sobre el fenómeno, desde su punto de vista las autoinmolaciones femeninas son una reacción ante las injusticias que aún persisten.
EL FUTURO
Pero la situación de las afganas no siempre fue igual: en los años 60 las mujeres iban a la universidad, usaban la ropa que les gustaba, votaban y tenían cargos en la administración pública.
Hoy Afganistán tiene retos innumerables por vencer, luego de 23 años en guerra que dejaron, entre otras secuelas, generaciones de personas analfabetas.
Antes del 11 de septiembre había 3.5 millones de personas exiliadas de Afganistán: 70 por ciento eran mujeres, según datos de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR).
A finales del 2001 ACNUR diseñó un plan de acción con 182 millones de dólares para ayudar a casi un millón de personas: la mitad vivía desplazada dentro del territorio afgano.
Según lo publicado por Refugiados 113, revista de la ACNUR, los expertos en reconstrucción estiman que costará 10 mil millones de dólares levantar otra vez a la nación asiática.
Es difícil el retorno al país donde no queda nada: carreteras, agua, escuelas ni hospitales; el país está infestado de minas, cinco millones de afganos sufren de trastornos sicosociales y siete millones necesitan ayuda para sobrevivir.
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