La organización civil Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) arremetió hoy contra la jerarquía católica, y la acusó de emprender una «cruzada moral» contra los derechos humanos de las mujeres luego de que El Vaticano emitió una carta en la que defiende valores «fundamentalistas».
Como parte de sus actividades para conmemorar 10 años de existencia, dirigentes de CDD ofrecieron una conferencia de prensa en la Casa del Poeta de esta ciudad, para denunciar que la jerarquía de la Iglesia católica va a contracorriente de los «grandes cambios globales» a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, alcanzados en las Conferencias Mundiales sobre Población de El Cairo en 1994, y de la Mujer en Pekín en 1995.
La coordinadora del área de Iglesia de CDD, Guadalupe Cruz, criticó severamente la «Carta a los Obispos de la Iglesia católica sobre la colaboración del hombre y la mujer en la Iglesia y en el mundo», emitida hace unos días por la Congregación para la Doctrina de la Fe (antes llamada Sagrada Inquisición) de El Vaticano, y firmada por el Papa Juan Pablo II.
La activista dijo que ese documento es «unilateral» porque no toma en cuenta la voz de la comunidad católica femenina, y carece de interlocutor al dirigirse al movimiento feminista de los años 70.
Añadió que la misiva es una reacción de El Vaticano a un contexto mundial en el que las políticas públicas y las legislaciones son «más abiertas» a la pluralidad de las familias, el aborto legal, y los derechos sexuales y reproductivos de la población femenina. Asimismo, acotó, la jerarquía católica manifiesta su total oposición al ordenamiento de mujeres como ministras religiosas.
Guadalupe Cruz advirtió que la carta vaticana ignora los «altos índices» de violencia intrafamiliar, y desconoce casos graves de agresiones contra mujeres como los asesinatos en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Exigió que en sus próximos documentos pastorales, la jerarquía católica aborde los casos de pederastía cometidos por sacerdotes, como los perpetrados por el padre Marcial Maciel de Los Legionario de Cristo, y por el cura Carlos González, acusado recientemente de abusar sexualmente de cuatro niñas en un instituto mariano en el norteño estado de San Luis Potosí.
En este punto, la coordinadora del área de Jóvenes de CDD, María de la Luz Estrada, explicó que su organización brinda asesoría espiritual y emocional a mujeres y niñas que han sufrido abusos sexuales por parte de sacerdotes católicos, y que de ser el caso las canalizan con otras agrupaciones para que entablen demandas penales.
Guadalupe Cruz demandó que la Iglesia católica reconozca los derechos de las mujeres como derechos humanos, y aseveró que CDD está abierta al diálogo con obispos y curas para debatir el contenido de la carta vaticana.
La dirigente de CDD indicó que hay un «balance negativo» en el accionar institucional de la Iglesia católica al oponerse a los derechos de las mujeres, pero destacó que por el contrario la feligresía católica es tolerante y va acorde con las nuevas demandas sociales en temas como aborto, y uniones de parejas del mismo sexo.
Sin embargo, lamentó que haya un «retroceso» en el reconocimiento de la jerarquía católica de los derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos, a comparación de posturas «progresistas» al interior de la Iglesia durante los años 60.
Por ello, Cruz se pronunció por la defensa del Estado laico ante embates de obispos y grupos civiles como Provida que se oponen a las políticas públicas de prevención del VIH/Sida, y los derechos de las mujeres.
Estrada dio lectura a la declaración del primer encuentro nacional de la Red Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir, celebrado del 29 al 31 de julio pasado en Morelia, Michoacán, y en la que la juventud católica se pronunció contra los «fundamentalismos» y reivindicó su derecho al placer.
Finalmente, la directora de CDD, Silvia Traslosheros, dijo que entre los «desafíos» de su agrupación se encuentran el fortalecimiento del derecho a decidir de las mujeres sobre sus cuerpos, y el derribamiento de «tabúes» para lograr la despenalización del aborto.
2004/RM/SM
