Han pasado veintiún años de que entró en vigor en más de cien países la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), ratificada por la asamblea general de la ONU el 3 de septiembre de 1981 para proteger y garantizar los derechos de las mujeres tanto en lo laboral como en lo político, lo social y lo económico.
El 10 diciembre de 1999 México adoptó este instrumento ante la asamblea general de la ONU y el 14 de diciembre del 2001 el senado de la república ratificó el protocolo facultativo sobre la Convención.
El decreto del senado reconoce al comité de 23 expertas de la CEDAW, con sede en la ONU, para que investiguen sobre violaciones reiteradas a los derechos de las mexicanas y hagan observaciones al gobierno federal sobre esos puntos.
Asimismo permite que las mujeres, en lo individual o en grupo, denuncien a los gobiernos por la violación a uno o más de los 24 puntos que establece la CEDAW, como discriminación, siempre y cuando hayan agotado las instancias nacionales.
Con la entrada en vigor de la Cedaw la ONU pretende obligar a los gobiernos de los países que la han firmado a rendirle cuentas sobre violaciones graves o sistemáticas a los derechos humanos de las mujeres.
Ejemplo de ello fue el quinto informe presentado por México ante la ONU en julio pasado donde se dio cuenta de la situación de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez.
Actualmente 161 países miembros de las Naciones Unidas han ratificado la Convención comprometiéndose a unirse al tratado internacional de forma legal incluyendo la entrega de informes de avances nacionales.
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