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Cejil exige que Estado mexicano reabra investigación

Por la Redacción

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) lamentó hoy que a 10 años de distancia, el Estado mexicano mantenga en la impunidad el asesinato de la defensora de Derechos Humanos (DH) Digna Ochoa y Plácido.

En un comunicado, Cejil advirtió que este caso refleja la desprotección en la que se encuentran las y los defensores de DH en el país, toda vez que decenas de activistas han sufrido amenazas, agresiones y asesinatos a consecuencia de su labor.

“Expresamos nuevamente nuestra condolencias a la familia de Digna; ella fue una abogada que asumió con valentía causas de Derechos Humanos que la pusieron en riesgo; con su asesinato se perdió una voz de apoyo a muchas personas que sufrieron violaciones a sus derechos”, dijo Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de Cejil.

Desde hace 10 años, el caso se encuentra en trámite en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y aún no se ha decidido sobre su admisibilidad a pesar de múltiples peticiones de organizaciones civiles para tratar el caso en una audiencia de la CIDH.

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), después de un largo proceso y con una investigación poco diligente del hecho, archivó finalmente el caso el pasado 9 de septiembre.

Krsticevic refirió que la impunidad derivada de la falta de investigación diligente de este crimen ha alentado un clima de hostigamiento en México.

“El Estado debe comprometerse firmemente en la búsqueda de justicia con respecto del homicidio de Digna Ochoa, así como en la implementación de una política que permita que otras personas que defienden los Derechos Humanos no sean intimidadas o silenciadas en su trabajo”, argumentó.

Cejil exhortó al Estado mexicano para que independientemente del proceso ante la CIDH, reabra el caso y lo investigue seriamente, para que se dé con los responsables del hecho. Asimismo instó a la CIDH a que avance rápido en el trámite respectivo.

También insistió en la importancia de que México adopte de forma efectiva –en consenso con organizaciones de la sociedad civil– un mecanismo institucional adecuado para la protección de las y los defensores de DH, que contemple además la investigación de los ataques que sufren.

Cejil recordó que Digna Ochoa fue víctima de amenazas, hostigamiento y agresiones físicas, por lo que la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) le otorgaron medidas cautelares.

La abogada fue asesinada el 19 de octubre del 2001 en su oficina en la Ciudad de México, dos meses después de que le fueran levantadas las medidas cautelares por parte de la CoIDH.

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