A 15 años de haber sido torturadas y abusadas sexualmente por soldados el Ejército Mexicano en 1994, Chiapas, las hermanas Ana, Beatriz y Celia González Pérez no se rinden ante la cerrazón de las autoridades mexicanas para reparar el daño que ellas sufrieron y castigar a los militares que cometieron tales delitos.
Ellas fueron detenidas en un retén militar en Santa Rosita Sibaquil, municipio de Altamirano, Chiapas, cuando se disponían a ir a vender sus verduras. Los militares las cuestionaron y las acusaron de ser «zapatistas», es decir, integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que el primer día de ese año inició una insurrección en la entidad. Ellas lo negaron, pero los soldados las retuvieron, las torturaron y abusaron sexualmente de ellas.
El caso fue denunciado pero no lograron justicia, por lo cual fue presentado por su defensa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), integrante del Sistema Interamericano, que emitió recomendaciones al Estado Mexicano.
Frente al incumplimiento gubernamental de las recomendaciones hechas por la CIDH, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) ha solicitado a la Comisión que nuevamente retome el caso y por segunda ocasión solicite a México el cumplimiento de sus recomendaciones.
En entrevista con Cimacnoticias, la abogada Vanesa Coria, representante para México de Cejil, explicó que la petición a la CIDH radica en la falta de acción de las autoridades competentes, a pesar de que el pasado 23 de junio la misma Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó, mediante un Punto de Acuerdo, al Ejecutivo Federal para realizar las recomendaciones.
El punto aprobado por el Congreso es un acto importante: significa que el poder legislativo –quien autoriza ratificar los tratados internacionales– exhorta al Ejecutivo a reparar el daño causado a las indígenas chiapanecas por la violación a sus derechos humanos, y realizar una investigación seria, completa y efectiva en la jurisdicción penal ordinaria, señaló Coria.
El pronunciamiento del Legislativo también pide a la Procuraduría General de la República (PGR) informar por escrito las razones por las cuáles decidió remitir la Averiguación Previa 64/94 a la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) «por incompetencia en razón de la materia».
En la tercera solicitud, se pide a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que informe por escrito las actividades emprendidas para dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la CIDH.
Como parte de las acciones de presión al Estado mexicano, Coria señaló la respuesta de la sociedad civil a la campaña convocada para enviar cartas dirigidas a las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Relaciones Exteriores y a la PGJM.
Hasta la fecha, más de 500 personas y organizaciones de diversos países que se han unido en la exigencia de justicia para las indígenas tzeltales .
La campaña es convocada por el Comité pro-Reparaciones para las Hermanas González de Chiapas, junto con el Colectivo de Mujeres de San Cristóbal (Colem), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y Cejil.
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