En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) avaló hoy la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como un instrumento que permitiría erradicar la impunidad de la violencia contra la población femenina y cambiar así las condiciones y la posición de las mexicanas.
Durante la Conferencia de prensa «Impunidad de la violencia contra las mujeres, tema central del Día Internacional de la Mujer», Thierry Lemaresquier, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en México, señaló que la desigualdad entre los sexos y la discriminación contra las mujeres siguen siendo obstáculos para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres.
Y las cifras son contundentes, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional Sobre Violencia contra las Mujeres 2003 (ENVIM) de la Secretaria de Salud (SS), en nuestro país 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia de pareja alguna vez en la vida; 1 de cada 5 sufre violencia con su pareja actual; 2 de cada 3 han sufrido violencia alguna vez en la vida y la prevalencia nacional de violencia en la pareja actual es de 21.5 por ciento.
Mientras que las cinco entidades con mayor índice de violencia de pareja actual, por encima del porcentaje nacional, son: Quintana Roo con 31.8 por ciento, Tlaxcala con 29 por ciento, Coahuila con 28.1 por ciento, Nayarit con 28 por ciento y Oaxaca con 27.5 por ciento.
No obstante estas cifras «ciertamente preocupantes», se han dado avances importantes, dijo Lemaresquier. En Naciones Unidas celebramos la aprobación de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres y la promulgación el pasado 1º de febrero de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, la cual es «un paso encomiable»
Al respecto, la oficial de programa del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas, Celia Aguilar, dijo que la preocupación en Naciones Unidas es que la condición social de las mujeres sea visibilizada y se concientice al respecto.
«No sólo porque la eliminación de la violencia es un fin en sí mismo por razones de justicia y protección a las mujeres, sino porque su erradicación tiene un significado para el desarrollo humano en general».
Por ello, reiteró, celebramos la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Y es que esta legislación responde plenamente a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), la cual propone a los Estados contar con una política integral institucionalizada que prevenga, sancione, investigue y repare daños provocados por la violencia contra las mujeres
«Queremos reconocer el trabajo, la inteligencia y la negociación que realizaron las legisladoras y legisladores de las Comisiones parlamentarias de Equidad, de Feminicidio y de Justicia por haber logrado en momentos críticos, en tiempo y forma, la aprobación unánime de la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura y la aprobación del Senado en la LX Legislatura».
No obstante aseguró que aún «hay un largo camino por recorrer» pues aún queda pendiente su reglamentación, así como las reformas institucionales del estado y el involucramiento del sistema judicial, lugar donde la impunidad tiene sus mayores consecuencias.
En este sentido dijo que son necesarias las reformas de las instituciones y la formación de personal para la impartición de justicia en todo el proceso.
Lo anterior, ya que la impunidad está ligada a la impartición de justicia y al quehacer del poder judicial. Asimismo, aseguró Aguilar, es necesario «reconocer que existe impunidad en todos los actos de violencia producidos y tolerados por instituciones que atentan contra el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia».
Por eso, desde el punto de vista de las instituciones aún queda mucho que hacer.
Por otro lado, aseguró que esta ley tiene la virtud de buscar que se norme sobre los distintos aspectos del quehacer institucional, ya que en algunos países del mundo se ha legislado sobre la violencia desde el punto de vista de salud exclusivamente.
Mientras que en otros países se ha reformado el sistema de justicia, «pero hay muy pocas leyes en el mundo que miran el conjunto de las instituciones y que se orientan no sólo a actuar sobre la violencia para las mujeres y la sociedad sino que se orientan a identificar y actuar sobre sus causas».
Y aseguró que se puede afirmar que esta Ley es la respuesta a los compromisos adquiridos por México en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw), el cual es uno de los instrumentos más completos sobre los derechos de la mujer.
«Con esta ley, pero sobre todo con su implementación -lo que implica su reglamentación, armonización con los marcos jurídicos estatales, las reforma institucional, los procesos formadores de funcionarias y funcionarios públicos, así como la promoción de una cultura de respeto de los derechos de la mujer– México tendrá un avance sustantivo en la condiciones y posición de las mujeres mexicanas» subrayó.
07/HVR/GG
