El Senado presentó a las organizaciones de la sociedad civil una iniciativa de ley para garantizar la seguridad de las y los defensores de Derechos Humanos (DH) y de las y los periodistas, ante la ola de hostigamiento y violencia que padecen en todo el país.
La iniciativa para crear la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fue expuesta ayer ante organismos como Amnistía Internacional, la Oficina en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Comité Cerezo, entre otras agrupaciones que celebraron el proyecto.
En entrevista, Daniela Hernández, del área de Educación e Investigación del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), afirmó que se trata de una iniciativa innovadora que permitirá la implementación inmediata de medidas de prevención y protección para las y los defensores o periodistas en riesgo.
La activista explicó que con este proyecto de ley ?que mañana se presenta ante el pleno del Senado? se creará el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de DH y Periodistas con el objetivo de contar con una instancia de Estado que atienda estas problemáticas.
Ante la ola de agresiones, Hernández dijo que es importante que esta iniciativa se apruebe en el Congreso. Un informe de Cencos sobre agresiones a defensoras y defensores de DH revela que de enero a diciembre de 2011 se registraron 69 casos en los que resultaron afectados 142 activistas.
Los datos muestran que una de las entidades más peligrosas para la defensa de los DH es Chihuahua, donde tres defensores fueron asesinados en 2011: Elías Reyes Salazar, Luisa Ornelas y Malena Reyes Salazar, sin contar los dos atentados contra la vida de Norma Andrade, fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa.
Por su parte el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha señalado que en los últimos 10 años 12 periodistas desaparecieron y 66 fueron asesinados, casos en los que la impunidad prevalece.
Desde mayo de 2011 las organizaciones civiles sostuvieron algunos encuentros con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y en julio de 2011 se reunieron con las y los legisladores, quienes se comprometieron a impulsar y firmar una iniciativa de ley para proteger a periodistas y defensores.
Hernández señaló que la propuesta cumple con las recomendaciones de organismos internacionales, contempla la protección para las familias de las y los defensores o periodistas, y reconoce los aportes de estos grupos a la democracia del país, por lo que señaló que es «innovadora».
Según el proyecto, el Mecanismo de Protección será dirigido por una Junta de Gobierno que a su vez estará integrada por un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República, y las secretarías de Gobernación, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores.
Asimismo, en las sesiones de la Junta de Gobierno estarán presentes, con derecho a voz, un representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, la Conferencia Nacional de Gobernadores, el Poder Judicial de la Federación, y las comisiones de Derechos Humanos del Senado y la Cámara de Diputados.
Con esta ley también se crearían una Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida, una de Evaluación de Riesgos y una de Prevención, Seguimiento y Análisis para contar con un grupo de expertos que evalué los casos y emita medidas de protección para las personas amenazadas o agredidas.
Al reconocimiento de esta ley se sumaron el senador panista Rubén Camarillo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, instancia a cargo de la iniciativa. El legislador señaló que con esta acción el gobierno mexicano cumple sus compromisos internacionales en materia de DH.
De manera paralela, las organizaciones civiles aún preparan un mecanismo de protección anunciado por la Secretaría de Gobernación en julio de 2011, y cuya instalación formal se prevé para el próximo 25 de abril.
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