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Celebran OSC restricción del fuero militar

Por la Redacción

Organizaciones civiles que han documentado violaciones a los Derechos Humanos (DH) en las que están involucrados efectivos castrenses, celebraron el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que reconoce que los militares pueden ser procesados en tribunales civiles.

En un comunicado de prensa, agrupaciones de varios estados del país reiteraron la necesidad de seguir avanzando hacia la adecuada interpretación de las legislaciones relativas al fuero militar, lo cual ya ha sido señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en cuatros sentencias, dos de ellas por violación sexual perpetradas por soldados.

En ese sentido y debido a que “el fuero militar funciona como instrumento al servicio de la impunidad”, las organizaciones dijeron que vigilarán que en lo sucesivo todos los jueces y magistrados apliquen estos criterios e insistirán en que el Estado mexicano acate plenamente las sentencias de la CoIDH.

Hasta ahora uno de los resolutivos del tribunal hemisférico que no se ha cumplido es trasladar a la jurisdicción civil las investigaciones de la violación sexual de las indígenas tlapanecas Inés Fernández y Valentina Rosendo, quienes fueron agredidas en 2002 por elementos del Ejército y cuyos casos permanecen sin resolución.

Por ello, la CoIDH afirmó que la investigación de la violación sexual de ambas indígenas no fue conducida con la debida diligencia ni en el fuero adecuado por lo que ordenó al Estado mexicano a conducir eficazmente la indagación para determinar responsabilidades penales y aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea, lo que a la fecha no ha sucedido.

Entre las organizaciones que aplaudieron la resolución de la SCJN, están la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y los centros de DH Miguel Agustín Pro Juárez y Tlachinollan, los cuales recordaron que se han pronunciado al respecto.

Así, por ejemplo, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Personas, la Relatora sobre la Independencia de Jueces y Abogados y la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien recientemente visitó México, han señalado que la militarización del país ha derivado en un aumento de violaciones a los DH.

Sin embargo, fueron cuatro sentencias de la CoIDH, una por desaparición forzada, dos por violación sexual y una por tortura y detención arbitraria, las que recomendaron al Estado mexicano reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar para que las violaciones a DH cometidas por militares no sean juzgadas por los tribunales castrenses.

La resolución que ayer tomaron los ministros de la SCJN se refiere a la obligación de todos los jueces del país de replicar el criterio de la CoIDH en el sentido de que cada vez que conozcan un caso de violación a DH donde se involucren militares, de ninguna manera será el fuero militar competente para conocerlo.

Para las organizaciones, lo anterior supone que la ley castrense, en específico el artículo 57 del Código de Justicia Militar, será interpretada de modo que el fuero se restrinja a lo dispuesto por el artículo 13 de la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, que sólo subsista para los delitos que atenten contra la disciplina militar.

Para las organizaciones no gubernamentales, los argumentos a favor de la restricción de los alcances del fuero militar son contundentes, ya que aseguran que los tribunales castrenses presentan vicios relacionados con la falta de independencia e imparcialidad de sus operadores.

Asimismo las y los defensores sostuvieron que no queda duda de que a partir de la reciente reforma constitucional en materia de DH, los derechos contenidos en la Constitución deben interpretarse de conformidad con los tratados internacionales del modo que resulte más protector para la persona, lo que refuerza la obligatoriedad de las sentencias de la CoIDH.

Aunado a ello, estas asociaciones civiles afirmaron que la necesidad de restringir el fuero militar adquiere una relevancia crucial debido a que “la política de seguridad adoptada por la actual administración conlleva una extensiva participación de las fuerzas armadas” sin controles civiles que exijan la rendición de cuentas al Ejército y la Marina.

Actualmente hay cinco iniciativas en el Congreso que buscan limitar los alcances del fuero militar. Tres de ellas fueron presentadas por legisladores en 2007. Una más fue presentada en abril de 2010 por las bancadas del PRD y PT en la Cámara de Diputados.

El 19 de octubre del 2010, Felipe Calderón presentó ante el Senado una iniciativa que propone excluir de la jurisdicción militar los delitos de desaparición forzada, violación y tortura. Hasta ahora las cinco siguen pendientes en el Poder Legislativo.

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